El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este lunes la ceremonia de presentación de 909 nuevos carabineros (Policía militarizada) que reforzarán las labores de seguridad pública en la zona metropolitana, ante el aumento de la criminalidad y la inseguridad en ese país.
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El mandatario expresó que la medida es "para reforzar el combate a la delincuencia y el crimen organizado" en la Región Metropolitana (Santiago y zonas aledañas) especialmente en las zonas de mayor afluencia de población.
Los funcionarios empezarán sus tareas a partir del martes de esta semana, como parte del reforzamiento del plan 'Calles sin violencia', lanzado por el Gobierno chileno para intentar frenar la inseguridad que aqueja a la población.
"Este plan destina recursos y personal adicional para lograr un objetivo que es compartido por todas y todos, que es que como país frenemos el avance de la delincuencia, el crimen y la violencia", aseguró Boric.
El despliegue inédito, según Boric, implica que el Estado "está más presente" y tiene mayores recursos para intervenir "de forma oportuna" cuando ocurran los crímenes.
El Plan de Boric para frenar la criminalidad en Chile
Las medidas ocurren en un contexto de fuertes cuestionamientos al gobierno chileno y su políticas de seguridad por el aumento de los delitos con armas de fuego y la conmoción por masacres que han implicado la muerte de menores de edad.
El aumento de los homicidios ha sido un dolor de cabeza para la administración de Boric, que el mes pasado se propuso bajar la incidencia de ese delito en todo el país.
En esa línea, el mandatario chileno admitió que su prioridad era el freno y la desarticulación de las bandas del crimen organizado.
El operativo de este lunes, según Boric, forma parte de la segunda fase de un plan integral en tres etapas, "que complementará la labor de los efectivos que fueron reasignados a tareas de patrullajes en las calles desde fines del mes pasado".
A su vez, el mandatario chileno anunció la creación de una fuerza especial en Gendarmería para la gestión del orden de los detenidos en cárceles de máxima seguridad, y la discusión inmediata de proyectos contra el crimen organizado, que estudia el Congreso de ese país.
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