Este intento de ganar tiempo por parte de Peña corría el riesgo de seguir inflamando la bronca del pueblo paraguayo que se viene movilizando a lo largo de la semana en busca de respuestas ante sus ingresos confiscados.
Recordemos que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, había confirmado este jueves a través de su cuenta de X que se presentaría ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa en el marco del juicio político que enfrenta. El anuncio llegó después de que el plenario legislativo no aceptara formalmente su renuncia, en una sesión marcada por el retiro masivo de diputados y la falta de quórum. Peña continúa así al frente del Ejecutivo, mientras el futuro institucional del país permanece abierto y crece la presión tanto en las calles como en los pasillos del poder.
"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", escribió Peña buscando victimizarse.
El escándalo Ueno: cómo se desató la crisis
La tormenta política que sacude a Paraguay estalló con la intervención y posterior colapso de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento vertiginoso desde su transformación en entidad bancaria a fines de 2023. El 60% de la población adulta del país tiene cuenta en la entidad. De una simple app, pasó a ser un actor central del sistema financiero, con casi tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Su caída dejó a millones de familias sin acceso a sus ahorros y puso en riesgo fondos públicos de organismos clave como el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El Banco Central del Paraguay intervino la entidad, controlada por el Grupo Vázquez, tras detectar que su índice de solvencia se encontraba en niveles críticos y que se habían otorgado créditos a empresas vinculadas al mismo grupo económico por encima de los límites legales. La intervención derivó en sucursales bloqueadas y retiros y depósitos congelados, en un escenario que rápidamente adquirió las características de un corralito. El impacto sobre los fondos de la seguridad social y los ahorros de los jubilados profundizó el malestar y extendió la preocupación mucho más allá de los clientes del banco.
Los vínculos de Peña y el entramado de impunidad
Pero la crisis excede largamente el terreno financiero: el escándalo compromete directamente al presidente Peña, quien fue accionista del grupo propietario de Ueno Bank y mantuvo vínculos comerciales con el holding hasta marzo de 2025, cuando ya ejercía la presidencia. Apenas asumió, además, designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, profundizando las sospechas de conflicto de intereses. La oposición lo acusa de haber privilegiado los negocios y los intereses de los poderosos por encima del bienestar de la población.
La crisis escaló cuando ocho directivos del banco terminaron presos y la Fiscalía abrió una investigación penal contra Peña, mientras el Congreso debatía la moción de juicio político por mala conducta y conflicto de intereses. En paralelo, el Partido Colorado comenzó a exhibir sus propias fracturas: su líder, Horacio Cartes, le soltó la mano al mandatario y respaldó el proceso político.
La oposición busca, además, impedir que Peña pueda acceder al beneficio de la senaduría vitalicia en caso de renunciar, un mecanismo que podría blindarlo frente a eventuales consecuencias judiciales.
Bronca en las calles y exigencia de respuestas
La respuesta social no tardó en llegar. Miles de ahorristas, jubilados y trabajadores se movilizaron frente al Congreso para exigir la devolución de sus depósitos y reclamar el juicio político al presidente. La represión policial no consiguió frenar las protestas, que expresan un creciente hartazgo frente a la impunidad y a una crisis cuyos costos recaen, una vez más, sobre los sectores populares.
En medio de las protestas, Peña pidió calma y aseguró que la restitución de los fondos no debe depender de su situación personal. Sin embargo, la desconfianza hacia el Gobierno y el sistema financiero ya se profundizó. El Banco Central anunció pagos parciales de emergencia y el Senado aceleró el tratamiento de una ley para agilizar la devolución de los fondos. Ninguna de estas medidas alcanza, por ahora, para despejar el trasfondo de una crisis que dejó al descubierto los vínculos entre el poder político, el sistema financiero y los grandes negocios.
Una crisis política que escala y está lejos de cerrarse
Por ahora, Santiago Peña permanece en la presidencia, pero el juicio político sigue en marcha y la fractura del Partido Colorado es inocultable. El vicepresidente Pedro Alliana aguarda su turno, mientras la Justicia avanza con las investigaciones y los damnificados reclaman respuestas concretas.
La crisis paraguaya excede el colapso de una entidad financiera: expone un entramado de negocios, privilegios e impunidad en las más altas esferas del poder. Frente a un sistema en el que los costos de los negociados terminan recayendo sobre la mayoría de la población, la movilización de los trabajadores, la juventud y los sectores populares resulta clave para imponer una salida que no vuelva a descargar la crisis sobre el pueblo.
Nota de La Izquierda Diario
