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“Las víctimas nos han pedido que se pueda presentar ampliaciones a ese proceso, contra la expresidenta de facto Áñez y su gabinete ministerial, y esto se va a presentar en los próximos días”, indicó el titular de cartera.
Según Lima, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) trabaja en la ampliación de la acusación junto a las víctimas para que los autores intelectuales, entre ellos Áñez, sean procesados en un juicio ordinario.
“Nuestra preocupación principal, a la que prestamos mayor importancia, son los que tienen que ver con el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), masacres sangrientas en el país, Sacaba y Senkata los dos casos están pronto a la presentación de acusaciones”, indicó.
Áñez tiene un proceso por genocidio por las masacres de Senkata y Sacaba para juicio de responsabilidades. Sin embargo, está en la Asamblea Legislativa a la espera de la autorización por dos tercios.
Decreto de la muerte
El 14 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximía de eventuales juicios penales a los militares, para ejecutar operativos en noviembre de 2019.
Dicha norma sirvió como un aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) repriman a la población movilizada en contra del gobierno de Áñez y que reclamaba respeto a la democracia.
El 15 y el 19 de noviembre de 2019, el accionar de las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en Huayllani–Sacaba y Senkata dejó el saldo de más de una treintena de personas fallecidas, 184 personas heridas, 124 en Sacaba y 60 en Senkata; y que 224 personas fueron detenidas: 223 en Cochabamba, y uno en El Alto.