En España, la potestad de ejercer el reconocimiento de un Estado es exclusiva del Gobierno y no depende del arbitrio de ningún organismo internacional. El artículo 97 de la Constitución del país faculta al Ejecutivo a dirigir la política exterior, aunque el Parlamento puede instarle a adoptar medidas en la materia. Así pasó en 2014, cuando el Legislativo aprobó una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se pedía reconocer a Palestina "como Estado y sujeto de Derecho Internacional".
En su comparecencia el día 22 en el Congreso para anunciar tal decisión, Sánchez no llegó a precisar qué acciones seguirán a la asunción de la estatalidad de Palestina. Para Irlanda, España y Noruega, el reconocimiento simultáneo entraña de inicio un carácter simbólico, dado que Madrid auspició la Conferencia de Paz para Oriente Medio en 1991 y en Oslo se firmaron los acuerdos de paz de 1993 entre palestinos e israelíes. Para Irlanda, la decisión es acorde al sentimiento que emana del propio pueblo irlandés a lo largo de la historia.
La visión de Israel
Las declaraciones de la diplomacia israelí en vísperas del reconocimiento han venido tensando la relación con Madrid. El mero anuncio provocó la llamada a consultas de la embajadora israelí en Madrid el mismo día 22 de mayo. Tel-Aviv lo calificó de "regalo para Hamás".Dos días más tarde, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, fue más allá y anunció la prohibición para el consulado español en Jerusalén de "prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria" en represalia por unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien las había culminado diciendo que "Palestina será libre desde el río hasta el mar". Katz calificó entonces a la vicepresidenta española de "persona ignorante y llena de odio".
(vía Sputnik)
