El fiscal de la Cámara Federal de Casación de Argentina, que comenzó este lunes las audiencias para examinar una sentencia a seis años de prisión que recibió la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por administración fraudulenta, reclamó duplicar la pena impuesta al solicitar que se la condene también por el delito de asociación ilícita.
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"El petitorio final es que se condena a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de asociación ilícita" a doce años de prisión, expresó Mario Villar durante su intervención ante los jueces del tribunal.
La causa por la que fue condenada la también ex vicepresidenta (2019-2023) en diciembre de 2022 investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante los dos mandatos de Fernández como presidenta y durante la gestión del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo "una verdadera asociación criminal" integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron "desviar fondos hacia ellos mismos".
"Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José Lopez, Nelson Periotti y Lázaro Báez", sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.
Obras y delito
Durante el proceso, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) puso en tela de juicio las 51 obras viales que fueron concedidas en esa jurisdicción al empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones.
Tras tres años y medio de juicio, Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos de por vida por el delito de administración fraudulenta, pero fue absuelta de las acusaciones de liderar una asociación ilícita.
Ante la Cámara de Casación, el fiscal Villar también reclamó que sean condenados por organizadores de la asociación ilícita Báez y otros acusados en el juicio, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, que había sido absuelto de toda las acusaciones en primera instancia.
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
(En base a información de Sputnik y Télam)