La demanda fue presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional, y recayó en el Juzgado Federal N° 12, subrogado por Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Justicia decreta
"Decrétase la medida cautelar ordenando solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la nación, anunciados el 29/08/025 –como fueran denunciados-- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web", señala el fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial n° 5 de Buenos Aires.
Las grabaciones atribuidas al exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, apuntan contra la secretaria de la Presidencia por su rol en la gestión; las críticas también alcanzan a otras figuras del entorno presidencial.
En los primeros audios, a Spagnuolo se le adjudicó hablar de una trama de presuntas coimas pedidas a proveedores de la ANDIS y repartidas por uno de ellos: la droguería Suizo Argentina, que fue allanada como el exfuncionario. En estos testimonios, se le adjudica el cobro de “un 3% para Karina”, un sobreprecio que de confirmarse, habría implicado un desvío de fondos millonario para la hermana del presidente.
Los audios de las coimas
Los audios, divulgados por medios como Data Clave y el programa radial Argenzuela, cuyos periodistas hoy son perseguidos.
En uno de los audios, Spagnuolo declara: “no podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad, acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
Medios locales señalan la existencia de decenas de audios que comprometen tanto a la hermana del presidente, como a todo su círculo cercano.
Por si fuera poco, la censura avasalló directamente a profesionales de la prensa. El Ministerio de Seguridad, a cargo de la ultraderechista Patricia Bullrich, solicitó allanar a los periodistas Mauro Federico, Fabián Doman y Jorge Rial, acusándolos de participar en una maniobra para desacreditar al Ejecutivo.
“En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión. Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza”, escribió al respecto en su X Rial.
Gobierno nervioso
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el fallo reconoce que la difusión de los audios es una "violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
En la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 12, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó que sean allanados el canal digital Carnaval, el domicilio de su principal accionista, Pablo Toviggino, el de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y la vivienda del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada oficialista Marcela Pagano.
Los archivos fueron divulgados el viernes, en medio del escándalo que provocaron otros audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que éste describe una supuesta red de sobornos dirigida por Karina Milei.
El portavoz presidencial advirtió que la difusión de estos mensajes constituyen "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral", ante las elecciones parlamentarias de medio término que tendrán lugar en octubre.
(En base a Sputnik y TeleSur)
