Rey: “No estamos satisfechos con la resolución”
En diálogo con Caras y Caretas, el abogado de Tuana, Rodrigo Rey, expresó su disconformidad con la resolución firmada por Negro y sostuvo que el único camino jurídicamente correcto era la revocación total de la sanción. “No estamos satisfechos con la resolución”, afirmó, al señalar que existían “sobradas líneas argumentales” para dejar sin efecto el acto administrativo.
El principal cuestionamiento, explicó, radica en la desproporcionalidad de la medida. Según dijo, aplicar una suspensión sin goce de sueldo durante meses resultaba excesivo frente a una conducta que definió como “irrisoria”. A su entender, Tuana se limitó a realizar “referencias muy genéricas” sobre problemáticas sociales que “nada tienen que ver con el Ministerio del Interior”.
Rey también cuestionó la interpretación de la Ley Orgánica Policial invocada por la administración. Señaló que el artículo 37, en el que se basó la sanción, debe entenderse en un sentido teleológico, es decir, orientado a preservar la unidad de acción de la Policía. Sobre este punto, aseguró que la conducta cuestionada no provocó "de ninguna manera" un perjuicio real a la institución policial, que se debería haber acreditado”. A su entender, hubo un “error de motivación” en el acto sancionatorio.
En ese marco, consideró que nada justifica sancionar “cualquier tipo de apreciación que pueda hacer una persona que, además, tiene la condición subjetiva de militante social”. De acuerdo a Rey, Tuana, como directora de una organización social que participa en el diálogo nacional sobre seguridad, cuenta con una "legitimación diferenciada" y, además, su rol como funcionaria de la División de Sanidad Policial no implica, según el espíritu de la norma, una prohibición de este tipo de expresiones, ya que no representa una jerarquía policial. "Yo diría que incluso tiene la obligación, según la Convención de los Derechos del Niño, de hacer juicios críticos sobre la realidad si entiende que se están vulnerando derechos, como es el caso”, subrayó.
Asimismo, calificó el caso como una violación a la libertad de expresión, recordando que las declaraciones de Tuana “nada tienen que ver con el Ministerio del Interior y su gestión”. En ese sentido, consideró sugestivo que la sanción haya sido firmada “el último día hábil del gobierno” por parte de Martínelli, lo que interpretó como una forma de "evitar costos políticos".
Y añadió: “Es lamentable para nosotros que esta administración, que se supone tenía otra sensibilidad política frente al rol de las organizaciones sociales y a la gestión de la seguridad pública, envíe un mensaje que va en contra de la convocatoria a un diálogo para elaborar un plan nacional de seguridad que escuche a otros actores. Es una contradicción. Esa reflexión más profunda no me corresponde a mí como abogado, pero estoy seguro de que en el ámbito de la sociedad civil organizada se elaborará una crítica a esta sanción ministerial”.
"Un mensaje nefasto"
Rey también cuestionó la coherencia política de la actual administración, a la que reprochó enviar un doble mensaje. Mientras por un lado convoca a un diálogo para elaborar un plan nacional de seguridad, por otro sanciona a quienes provienen de organizaciones sociales. “Es una decisión políticamente poco valiente y técnicamente poco ilustrada”, afirmó, y advirtió que transmite un “mensaje nefasto” a los funcionarios y a la calidad de las decisiones ejecutadas por los subordinados: “No te metas o es mejor que no hables o vos callate porque si te metés te pueden sancionar. Esos son mensajes que refuerzan los silencios cómplices y las omisiones frente a un problema que, según expertos, es una bomba a punto de estallar en Uruguay".
"Con esto se cercena la libertad de expresión y se silencia a quienes denuncian la relación entre pobreza infantil y narcotráfico, como hizo Andrea, en un asunto que requiere más que nunca que especialistas como ella [Tuana] sean escuchadas y no silenciadas”, agregó.
Finalmente, anunció que el caso tendrá proyección internacional. La defensa ya trabaja en la elaboración de un dictamen que será presentado ante relatores especializados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de accionar por la nulidad de la sanción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
