Hay casos, como la entrega del puerto y varias compras directas realizadas por el gobierno anterior, que apestan; pero de ahí a que se pueda decir que fueron hechos de corrupción hay un trecho complejo. Las compras realizadas por Javier García cuando era ministro de Defensa, por ejemplo, fueron escandalosas, pero no se han investigado como es debido.
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Javier García le ha producido al Estado grandes perjuicios. ¿Podemos decir que sus compras fueron hechos de corrupción? No. No podemos decirlo porque aún no se ha investigado a fondo. Ya hemos hablado hasta el hartazgo de la nefasta compra de los aviones Hércules y las patrullas transoceánicas, así como de 34.936 kilos de carne de cerdo, que equivalen a $5.181.920 pesos, que jamás ingresaron a la Armada, que los pagó. No voy a reiterar aquí lo que hemos dicho en infinidad de ocasiones; pero a todo lo que ya sabíamos se acaba de sumar otro caso: la compra de seis botes inflables por un valor de 15.000 dólares cada uno y que según informes internos de la Armada, se encuentran fuera de servicio debido a serios defectos que ponen en riesgo la seguridad del personal. Uno de ellos falló el 1° de marzo de 2025 durante la misión de vigilancia en el Río de la Plata por la asunción del presidente Yamandú Orsi, haciendo agua y poniendo en riesgo la vida de sus tripulantes. El comandante del buque ROU 23 Maldonado, al que fue asignado, informó que el bote no cumple con al menos 6 de las 30 condiciones establecidas en el pliego de la licitación, agregando que navegar en este bote “es un peligro”. Los otros cinco botes, comprados a una empresa brasileña, están fuera de servicio por la misma causa.
Ya sea por la entrega del puerto como por compras nefastas, Javier García y Luis Alberto Heber le han salido muy caros al Uruguay; pero no pasa nada, los que caen son los giles. Heber y Guillermo Maciel cayeron en los primeros días de noviembre de 2023, envueltos en el escándalo del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, escándalo que también se llevó puesto a Francisco Bustillo. El canciller debió “renunciar” tras la difusión de audios en los que pedía a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores que “perdiera” su celular para no revelar conversaciones con Maciel, las cuales comprometían al gobierno. Todos están forrados en guita y libres.
¿Realmente alguien cree que este es un país serio? El Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la Agencia de Compras del Estado no han parado de cuestionar los sospechosos contratos de las intendencias blancas con la fundación blanca A Ganar, pero hasta ahora nadie parece decidido a ir hasta el hueso. Debe ser porque los huesos son blancos.
Agarrado por los huevos
Cuando terminé de escribir El Otro Luis: Crónicas del Desastre, pensé que eso era todo; ya se iban del poder y no habría más casos de corrupción que comentar más allá de los detallados en aquellas 400 páginas; pero los blancos nunca terminan de sorprenderme.
El 13 de agosto, en un operativo de Aduanas y Policía, se incautaron casi 7 mil huevos de contrabando en Salto, provenientes de Brasil. Uno de los contrabandistas resultó ser Lucas Mateo Trindade, dirigente de la juventud del Partido Nacional de Salto que ya había trascendido tiempo atrás por negarse a una espirometría. El exedil blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados. Pertenecía a la lista 400, que llevaba a Carlos Albisu a la cabeza del departamento. De tal palo tal astilla.
Que Carlos Albisu haya sido electo intendente de Salto pese a todas sus acciones abusivas cuando estaba al frente de la CTMSG habla peor de la ciudadanía salteña que de él mismo. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y lo mismo debo decir de Artigas, donde un títere de Pablo Caram y Valentina Dos Santos, ambos condenados por la Justicia, hoy es intendente. Y lo mismo debo decir de Soriano, donde el actual intendente está imputado por múltiples delitos —incluyendo peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, abuso de funciones y coautoría de cohecho calificado—, todos en régimen de reiteración real. Solo en Soriano ya son más de 30 personas de su círculo entre imputados y condenados.
En Tacuarembó, Wilson Ezquerra, que asumió hace unos meses por cuarta vez la intendencia, está siendo investigado por la Justicia por una posible violación del artículo 161 del Código Penal, ya que un terreno de su propiedad fue declarado de interés municipal antes de venderlo a una empresa. El cambio de categorización del terreno multiplicó su precio por cinco.
¿Cómo se explica que María del Luján Sánchez, exconcejal del Partido Nacional en Florencio Sánchez, resultara electa alcaldesa por el mismo partido pese a haber sido condenada en 2021 por corrupción? ¡Y no es todo! La lista 3-H, que la postuló, llevaba como imagen (aunque su nombre no figuraba en la lista) la foto de su padre, Alfredo Sánchez, el “hombre de las mil gauchadas”, exalcalde también condenado por corrupción.
Todo tiene una explicación resumible en tres palabras. Los corruptos corrompen. Si llegaron es porque la gente los votó.
Otro blanco que acaba de caer es Favio Freire, alcalde de Noblía, en Cerro Largo. El jueves 21 de agosto fue detenido en el marco de una causa judicial que investiga la expedición irregular de libretas de conducir en Isidoro Noblía (una localidad de menos de 3000 habitantes) donde se emitieron 8.900 permisos de conducir y 350 permisos para conducir taxis. Parece un chiste, pero es real.
La Fiscalía lo imputó por los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público. Se le impuso una prisión preventiva de 180 días (seis meses), medida impugnada por su defensa mediante apelación. Como es típico en los blancos, apenas fue imputado se “descompensó” y fue internado, lo que obligó a la Fiscalía a retrasar las diligencias e indagaciones.
Pero hay otros blancos que vienen en caída libre. El edil blanco y expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez, está a punto de ser formalizado por usar su cargo para robar millones de pesos a los fernandinos. Abrazados a él también vienen en picada los blancos Darwin Correa, expresidente de la Junta y actual suplente del diputado Rodrigo Blás, y Alexandro Infante, edil que fuera presidente de la Junta Departamental.
Por otra parte, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés sigue preso, acusado de múltiples delitos sexuales contra menores, mientras que el exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano (hombre de confianza de Luis Lacalle Pou y actual estrella del streaming y el teatro), tras cumplir su condena, lleva siglos tomándonos el pelo, anunciando un día sí y otro también que contará todo lo que sabe del expresidente.
Y no sé qué será de la vida del exalcalde blanco Juan Andrés Oronoz, que recibiera en su campaña el apoyo público de Sergio Puglia y terminó condenado en Soriano, en marzo de 2021, por ciberacoso contra un menor de edad. Y tampoco sé qué será del exalcalde blanco Humberto Allende, imputado en Cerro Largo por la violación de una anciana de 77 años.
Otro que sigue impune es Rolando Rozenblum, que se presentó como candidato a alcalde de Punta del Este por el Partido Nacional. Aunque perdió, cabe recordar que junto con su padre, Isidoro Rozenblum, fueron condenados en Brasil en 2006 por el delito de corrupción activa y ¡se fugó!
Y no sé qué sucederá con el publicista Roberto Lafluf, que está siendo investigado por la Justicia por haber reconocido en un audio que destruyó un documento público que incriminaba al gobierno de Luis Lacalle Pou.
Y la lista es mucho más larga, pero tendría que escribir una enciclopedia en varios tomos.
Uruguay tiene un tumor maligno en sus entrañas: el Partido Nacional; pero la culpa (y esto hay que decirlo aunque duela) es de la gente que los vuelve a votar, por olvido, ignorancia o complicidad.
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