“El caso que se ha aperturado en la Unidad de Sustancias Controladas es sobre la protección que se estaría dando en el municipio de Santa Ana respecto a vuelos irregulares. Se estaría dando cobertura a avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas”, explicó el fiscal actuante, Alexander Mendoza.
Santa Ana del Yacuma, la ciudad donde nació y operó el boliviano Roberto Suárez Gómez, conocido como “el rey de la cocaína” en las décadas de 1970 y 1980, tiene una histórica reputación vinculada al narcotráfico regional, al ser una zona de grandes extensiones de selva y poca infraestructura terrestre, lo que facilita el narcotráfico aéreo y la instalación de pistas clandestinas dentro de haciendas.
La zona, es, además, escenario de cruentas disputas de organizaciones criminales locales, colombianas y brasileñas (Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho), europeas (particularmente balcánicas) conectadas con los antiguos socios del uruguayo Sebastián Marset, como Erlan Ivar García López, alias "El Colla"; Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias “Coco”, y el último piloto personal de Marset, José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, quien pretendía liderar la organización tras la caída del uruguayo, pero fue asesinado a fines de abril en Santa Cruz de la Sierra por integrantes de una banda colombiana denominada “Los Espartanos”, un subgrupo vinculado estrechamente a los intereses del Clan del Golfo.
Uno de los operativos contra la organización de Marset en el Beni.
Entre la docena de homicidios vinculados a la disputa por las rutas de Marset y el PCC, también fue ultimado a mediados de abril el criminal José Ángel Castañeda Montaño, alias ‘Cara de bebé’, señalado como responsable del robo de una tonelada de cocaína del grupo de Marset, en la misma madrugada del 13 de marzo, cuando se produjo la captura del capo narco regional Marset y una serie de allanamientos, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Jhonny Enrique Coca. Según detalló el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, ese mismo día el presunto grupo ingresó a un inmueble céntrico de la ciudad, donde el uruguayo tenía acopiada la tonelada de cocaína.
El sindicado consentimiento de Cerimedo al tráfico de cocaína a gran escala sucedió en este contexto de disputas territoriales en la región amazónica y fronteriza con Brasil, que se agravaron tras la detención y traslado express de Marset a Estados Unidos (EEUU) por parte de la DEA.
Según las pesquisas de la Fiscalía, Cerimedo permitía la “liberación de avionetas” cargadas de cocaína que iban a Brasil. Como parte de la investigación, se allanaron varias propiedades, entre ellas una estancia en el Beni donde se encontraron, en marzo de 2025, 316 kg de cocaína.
Una de las testigos es la propia Beller, que después de sufrir el ataque a tiros lanzó varias denuncias contra su expareja. Entre las acusaciones, la abogada y activista boliviana mencionó que Cerimedo y personas de su entorno habrían utilizado como excusa la instalación de dispositivos GPS en avionetas para ejercer control sobre algunas operaciones aéreas y permitir que aeronaves cargadas con sustancias controladas volaran sobre el país a cambio de 50 mil dólares por vuelo. “Su excusa era que liberaba las avionetas para ponerles radar y luego bajarlas. Nunca me aceptó que recibió dinero por corrupción, sino de manera disimulada para ponerles radar, bajarla y así deshacerse de los narcotraficantes”, comentó Beller.
“Lo que tenemos de acuerdo a lo vertido por la ciudadana Beller es que estas personas daban protección y cobertura para que estos vuelos no sean regulados ni controlados, los presuntos autores de este ilícito recibían beneficios económicos provenientes del narcotráfico”, indicó el representante de la Fiscalía de Bolivia.
El jefe de inteligencia policial que trabajaba para Cerimedo y Marset
“De ser cierto y comprobable con elementos de convicción, se estaría demostrando que tanto funcionarios públicos como civiles estarían dando cobertura al narcotráfico y a vuelos irregulares”, manifestó Mendoza en rueda de prensa.
Cuando no, quedaron en el ojo de la tormenta policías y militares que facilitaron esas operaciones y recibieron beneficios económicos a cambio. En ese sentido, Mendoza, adelantó que se citará no solo a Cerimedo y a personas particulares, sino a autoridades aeroportuarias y a aquellas llamadas a luchar contra el narcotráfico.
Entre las últimas, el foco está puesto en el teniente coronel de la Policía Boliviana y jefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Erick Correa Gonzáles, quien no solo estaría detrás de la presunta cobertura de las operaciones de narcotráfico por las cuales es investigado Cerimedo en el Beni, sino que también es señalado por ser quien informó, en tiempo real (con fotografías) sobre el ataque a tiros tipo sicariato que sufrió Beller en Santa Cruz de la Sierra.
Correa Gonzáles fue identificado por Beller como el contacto con las iniciales "ECG" en los chats del teléfono de Cerimedo. Ante esta acusación, en su primera declaración judicial ante la Fiscalía, el teniente coronel reconoció que conocía a Cerimedo y que realizó coordinaciones de seguridad vinculadas a la denunciante.
El jefe de inteligencia que colaboraba con Cerimedo también estaba bajo la lupa del vicepresidente boliviano, Edmand Lara, quien meses atrás de la captura de Marset en Santa Cruz, denunció que policías locales y jerarcas de la FELCN, en referencia a Correa Gonzáles, le “brindaban protección” al narcotraficante uruguayo en la zona cruceña del Urubó.
La interna boliviana complica la narcoestrategia de EEUU y el caso Marset
Días atrás, Lara anunció acciones penales y disciplinarias contra el director nacional de Inteligencia, coronel Óscar Moreno (el jefe de Correa Gonzáles) por presuntas irregularidades en el caso de la detención y traslado express de Marset a EEUU.
Lara afirmó que el propio informe de Moreno lo “autoincrimina”, señalando que se entregaron celulares a la DEA sin orden judicial y que una caja fuerte fue abierta sin acta de la Fiscalía. Irregularidades que forman parte de la estrategia de la defensa de Marset para anular el juicio en EEUU o al menos impugnar pruebas.
Al respecto, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, concurrió en mayo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser interpelado por el “escándalo de las maletas” con dinero provenientes de EEUU y por la captura de Marset, de la que Oviedo reconoció que pudieron existir “fallas administrativas” en el operativo.
Estas fallas incluyen las críticas al procedimiento administrativo al no incluir a la Fiscalía, supuestas irregularidades en la recolección de pruebas como cajas fuertes y también en las cadenas de custodia de los aparatos electrónicos decomisados.
Por si esto fuera poco, el mes pasado renunció a su cargo el comandante general de la Policía boliviana, Mirko Sokol, quien admitió que el narcotráfico ha “perforado” no solo a la institución policial, sino a múltiples niveles del Estado boliviano. Según el exjefe policial, organizaciones del narcotráfico internacional operan desde hace años en el país con el apoyo de entidades estatales y civiles, generando vínculos criminales y económicos que “hoy perduran” bajo el gobierno de Paz.
Sokol confirmó la autenticidad de una serie de audios filtrados en los que se devela una presunta conspiración interna para destituirlo por sus críticas al sistema, entre ellas una conversación entre Paz y el propio Cerimedo, recientemente divulgada. Parecido a lo que le pasó con Javier Milei en Argentina, Cerimedo habría encontrado en los pasillos secretos del gobierno de Bolivia un espacio en el poder y los negocios como "resultado de la falta de organización e institucionalidad detrás de Rodrigo Paz", dijo a AFP la politóloga boliviana Daniela Osorio Michel.
La estrategia denunciada por el comandante menciona que un grupo de entre seis a ocho mayores de la Policía, denominados “Los Golden”, habrían realizado una recaudación de dos millones de dólares para pagar por su remoción del cargo.
El objetivo de este pago sería imponer a un coronel de una promoción menor como nuevo comandante para restaurar un sistema de corrupción afín a intereses criminales. Sokol apuntó que este tipo de maniobras político-policiales responden a que durante su gestión cortó nexos económicos de la Policía con el narcotráfico, mencionando que, en gestiones pasadas, un general podía obtener entre cuatro y cinco millones de dólares solo mediante el manejo de “cambios de destino”.
Quien ejercía como máxima autoridad policial en Bolivia apuntó directamente a que estas redes de corrupción interna estuvieron ligadas al entorno de Marset, tal como manifestó el propio capo narco uruguayo en varias de sus salidas públicas.
El escudo de la hipocreCIA
Esta semana, Sokol, compareció ante el Tribunal Disciplinario Policial para brindar su declaración informativa en el marco del proceso interno que investiga la presunta protección y cobertura de operaciones irregulares de avionetas vinculadas al narcotráfico en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, una investigación que cruza las actividades de Marset, el PCC y el propio Cerimedo.
La defensa de Sokol se respalda en que sus actuaciones se mantuvieron dentro del marco normativo y las órdenes institucionales vigentes durante su gestión. Al respecto, explicó que la Policía actúa como un brazo operativo a través de la FELCN, bajo la directriz del Ministerio de Gobierno que no habría visto con buenos ojos los cambios internos bajo su gestión.
Sokol intentó frenar la venta de cargos y removió personal antidrogas, lo que generó resistencia y presiones, denunció.
Los dichos de Sokol y Oviedo, la interna entre el vicepresidente Lara y el presidente Paz, y las investigaciones por narcotráfico que involucran a Cerimedo y a jefes de Inteligencia de la Policía, ponen en jaque las operaciones del Escudo de las Américas en Bolivia.
El grupo al cual no fue invitado Uruguay, funciona bajo la batuta del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en una dudosa estrategia de combate al narcotráfico en Latinoamérica que en Bolivia tenía como principal articulador a Cerimedo, como surgió de reveladoras imágenes y testimonios de Beller que exponen el vínculo del mercenario digital con los intereses de EEUU y la CIA en Bolivia, en medio de una violenta reconfiguración del narcotráfico en ese enclave del crimen organizado mundial.
