El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que vetará la ley de Financiamiento Universitario sancionada en la víspera por el Congreso que aumenta las partidas presupuestarias de los centros de educación superior y actualiza los salarios de docentes y personal administrativo.
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"Veto total", anunció el mandatario en las redes sociales.
La norma que vetará Milei, sancionada en la madrugada de este viernes por el Senado, implica una inversión estatal de 735.598 millones de pesos (U$S 750 millones al cambio oficial), lo que representa el 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Docentes del sistema universitario cumplieron el miércoles y el jueves 48 horas de huelga en defensa de la normativa que garantiza por ley los fondos para las universidades nacionales.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayor casa de estudios del país, advirtió que los salarios de los docentes universitarios han perdido entre un 35 y un 55% de su poder de compra desde los últimos ocho meses, cuando asumió el Gobierno de Javier Milei.
"Muchos docentes están dejando de dar algunas horas para dictarlas en la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires (este), porque con la diferencia que hubo de actualización salarial, allí están cobrando el 30% más", sostuvo en un comunicado el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Ley declara emergencia
En defensa de la universidad pública, los docentes universitarios también se movilizaron el miércoles frente al Palacio Legislativo, donde la Cámara de Diputados dejó en firme el veto del presidente en contra de un proyecto de ley que aumentaba las jubilaciones.
La Ley de Financiamiento Universitario declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para este año, a fin de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".
La iniciativa, impulsada por la fuerza Unión Cívica Radical (UCR), sugiere distribuir para gastos salariales un 85% ciento del presupuesto, y el otro 15% restante iría dirigido a gastos generales y de funcionamiento.
La legislación también propone que los gastos de funcionamiento se actualicen cada bimestre mediante una fórmula que tenga en cuenta la inflación.
(Sputnik)