Preveía un pago extra de 8% para alcanzar el 20,6 de la inflación de enero, puesto que el Gobierno solo había dado 12,5, aplicando su índice de movilidad jubilatoria.
Según la norma vetada, la fórmula de movilidad quedaría atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, y a los salarios promediados en el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
La actualización se iba a aplicar de manera semestral y se establecía un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.
Los argumentos del Gobierno de Milei para vetar la norma
El Gobierno arentino justificó el veto mencionando que "el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
también argumentóa que para rechazar la ley sancionada por el Senado, el Ejecutivo afirmóa que en caso de ser aplicada, la norma "implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024" y de $15.430.000.000.000 para el año 2025."
Asimismo, el texto afirma que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina , ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
FUENTE: Página 12 
