Documento que fue gestionado por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, en forma conjunta y coordinada con la Dirección de Asuntos Internacionales, a cargo del agente fiscal Manuel Doldán y el Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado, a cargo de la jueza Rosarito Montanía.
En ese interín, una fiscal de España informó a la Fiscalía de Paraguay que la defensa de García Troche presentó un supuesto documento judicial mencionando que la causa A Ultranza Py se había archivado en Paraguay. Pero lo presentado fue un "documento de Corte" que fue desmentido por el Ministerio Público de Paraguay, que luego confirmó el pedido de extradición de la pareja de Sebastián Marset.
Bolivia imputó a Gianina García Troche e incautó bienes del clan Marset
A su vez, la Fiscalía General de Bolivia confirmó que solicitará la extradición de García Troche (que en ese país utilizaba el nombre falso de Larissa Márquez Madalena). Bolivia la investiga por cinco distintos tipos de delitos por los que el martes 30 de julio fue imputada por la Fiscalía de Sustancias Controladas por los delitos de tráfico de drogas, confabulación, uso de armas y asociación delictuosa.
Además, fueron imputados Mauro García Troche (hermano de Gianina), Jimena Katherine Marset (hermana de Sebastián) y Héctor Rodríguez Barrios (amigo de Marset), informó el fiscal boliviano Julio César Porras en una rueda de prensa.
El documento acusatorio de Porras fue presentado ante la jueza Livia Alarcón, quien fijó audiencia para el 7 de agosto a las 10:30, en la que se definirá la situación jurídica de García Troche y las otras tres personas imputadas, por las que la Fiscalía solicitó la detención preventiva de los imputados por 180 días en la cárcel de Palmasola, pese a que ninguno de los sindicados se encuentra en ese país.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público boliviano, se hallan los operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y Fiscalía, que encontraron documentos y otras evidencias. Sobre todo, tras allanar la casa donde vivía la familia Marset en las Colinas del Urubó (Santa Cruz).
Según el viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, existen suficientes elementos para acreditar que se conformó una organización criminal con la finalidad de introducir en el sistema financiero dinero proveniente de actividades ilícitas.
Asimismo, la Justicia boliviana declaró en rebeldía al narcotraficante prófugo Sebastián Marset y ordenó la incautación de sus bienes en ese país, que se efectivizó luego de una audiencia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas a la que fue citado, pero no compareció, informó el periódico boliviano El Deber.
Las “amenazas jurídicas” de Marset
El domingo 21 de julio, Sebastián Marset se expresó por primera vez después de la detención de su pareja, Gianina García Troche, en el aeropuerto de Madrid.
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“Yo me encargaré con mis abogados, después de esto, de que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso porque, la verdad, les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado mi mujer, a mis hijos, por sufrir esa situación por más de dos años de persecución”, dijo Marset a Canal 4 en un audio.
Tras esas declaraciones, el Gobierno de Paraguay ordenó reforzar la seguridad de todos los jueces y fiscales que llevan adelante los procesos contra los miembros de la organización criminal desarticulada en la operación A Ultranza Py.
Pero el tema no quedó allí, puesto que el pasado viernes 26 de julio Marset se comunicó con el programa ADN de la Noticia, del canal paraguayo NPY, y allí se refirió a sus anteriores dichos emitidos el domingo 21 de julio en Santo y Seña. Ante el medio NPY, Marset aclaró que advirtió a fiscales y jueces con procesos penales que lo investigan a él y a sus familiares por delitos que no cometieron.
“Mi amenaza fue jurídica, con mis abogados voy a lograr en algún momento que se destituya al fiscal o la jueza, a todos los que tengan que ver con ese caso que persigue mi familia durante tanto tiempo sin tener ningún delito cometido”.
“Que sigan con el circo ese que vienen montando hace tiempo. Ahora montaron un circo nuevo de que yo amenacé”, señaló Marset en el audio enviado a Paraguay.
Además, Marset advirtió que “están con miedo de eso”, y apuntó que “tienen que atacar en otro ámbito”, y “no en la seguridad de custodia de fiscales y jueces”. “Aseguro, como Sebastián Marset que me llamo, que ese circo se les va a caer, por lo menos con mi familia”, concluyó el prófugo narcotraficante en la serie de audios.
Cartistas enjuiciados apuntan contra el fiscal Silvio Corbeta
Si bien Marset no dio nombres, uno de los fiscales de la causa A Ultranza Py tiene ocho acusaciones presentadas en su contra en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Se trata de Silvio Corbeta que, junto al fiscal Deny Yoon Pak, imputó a uno de sus socios clave: el senador Erico Galeano.
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Fiscal paraguayo Silvio Corbeta.
Además, Corbeta tiene a su cargo investigaciones contra otros políticos del cartismo y empresarios vinculados con el crimen organizado y a hechos de corrupción, como son el exministro de la SEN, Joaquín Roa; el diputado Esteban Samaniego; el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto; el intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez y su exjefe de gabinete, Wilfrido Cáceres.
Ante el JEM fueron presentadas ocho acusaciones en contra del fiscal Corbeta, de las cuales cuatro corresponden a los involucrados en el desvío de fondos de la Gobernación de Central, que luego se unificó en una tras una resolución del órgano, informó el pasado domingo 28 de julio el medio paraguayo Observador.
La referida acusación de uno de los imputados por el desvío de G 18.300 millones de la Gobernación de Central (junto al exgobernador Hugo Javier González Alegre) apunta a que el fiscal Corbeta supuestamente no llamó a prestar declaración indagatoria al denunciante antes de solicitar una prórroga extraordinaria.
Pero la investigación de oficio se trataría de una maniobra para justificar el pedido de remoción de Corbeta, uno de los fiscales de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que “además de trayectoria, honestidad, ha demostrado valentía en varios casos”, sostiene el medio especializado en temas judiciales.
Otra acusación que soporta el fiscal fue presentada por el exfiscal Florencio Pereira por supuesto mal desempeño de funciones. La tercera causa en el JEM que pesa sobre Corbeta es la acusación presentada por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por sus actuaciones en la causa que soporta por lesión de confianza.
Uno de los pesos pesados de la política paraguaya que pretende remover a Corbeta de sus causas (como Marset) es el exministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, acusado por cohecho pasivo agravado, soborno y lavado de activos proveniente del narcotráfico, en una causa derivada del caso A Ultranza Py.
El exministro paraguayo manifestó que Corbeta transgredió el art. 14 en sus incisos b) Incumplir de forma grave o reiterada las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, Códigos Procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones; m) Proporcionar información, formular declaraciones o hacer comentarios a la prensa o a terceros sobre juicios o investigaciones cuyo trámite esté a su cargo, cuando ellos puedan perturbar su tramitación o afectar el honor, la reputación o la presunción de inocencia establecida en la Constitución Nacional. Y el art. 15, en los incisos: b) Inobservar los plazos procesales, causando la prescripción del hecho punible o la extinción de la acción penal; e) No realizar las diligencias propuestas por alguna de las partes sin hacer constar las razones de su negativa durante la Etapa Preparatoria, o no incorporar injustificadamente los elementos de convicción señalados en el auto de sobreseimiento provisional.
Tal vez la esperanza de Marset se base en que el Jurado que deberá laudar sobre estas acusaciones y la continuidad de Corbeta en su cargo está conformado, además de por la presidenta y los ministros de la Corte, por senadores y diputados.
Los mismos integran un órgano fundamental para depurar la administración de justicia, sostiene el medio paraguayo que advierte que este tiene como función principal sacar del sistema de justicia a los operadores que actúan al margen de la ley y que usan el cargo para enriquecerse, por lo que los miembros del JEM “no se pueden prestar a los poderes económicos y políticos para remover a fiscales de probada honestidad y valencia”, como se dio en el caso del fiscal Luis Said, en donde “el poder político buscó usar al JEM, para destituir al fiscal que logró la condena a 11 años de cárcel, del exgobernador de presidente Hayes, Óscar Núñez”.
Defensa de Insfrán dijo que Fiscalía obtuvo pruebas sin autorización
El abogado Álvaro Arias, que defiende a Miguel “Tío Rico” Insfrán (principal socio de Marset en la organización de narcotráfico identificada en A Ultranza Py), consideró “inapropiada la admisión de elementos de prueba colectados por la Fiscalía liderada por el fiscal Pak y el mencionado Corbeta debido a que la obtención no contempló orden judicial en un caso específico”, sostuvo Arias en la última jornada de audiencia preliminar (al juicio) realizada el lunes 29 de julio.
La defensa de Tío Rico cuestiona que la acusación versa mayormente sobre la intercepción de comunicaciones con el prófugo Sebastián Marset y otros miembros de la organización, que el Ministerio Público gestionó mediante la Fiscalía de Asuntos Internacionales, que ha requirió a las autoridades de Francia las conversaciones de todo tipo, a través del sistema de comunicación Skyecc.
El abogado de Insfrán entiende “que hay suficiente material de jurisprudencia al respecto y además invocamos la disposición en el artículo 36 de la Constitución Nacional que determina que toda interceptación de conversación de cualquier especie ya sea telefónica cablegráfica o cualquier otro medio que hoy día está muy en vigencia que cuando se hizo la Constitución Nacional año 1992 aún no se tenía, sea a través de una orden judicial y esa orden judicial no se encuentra en este caso por lo tanto consideramos inapropiados su admisión”, precisó el profesional.
De igual manera, Arias insistió en que los jueces penales de garantías no están facultados a resolver cuestiones propias de un juicio oral y público, tal como lo establece el art. 353 del CPP, por lo que solicitó que no se admitan esas pruebas.
De aceptarse esa petición, el panorama judicial podría tornarse un poco más favorable para los intereses de Insfrán, Marset y su pareja Gianina García Troche.
