El uruguayo de 45 años fue imputado el 24 de agosto de 2023 por lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y asociación criminal, por su rol de tesorero en la organización liderada por Marset y el paraguayo Miguel “Tío Rico” Insfrán.
El nacido en Montevideo asesoraba a Marset sobre los métodos más adecuados para realizar las transferencias y pagos encargados, ya que tenía los conocimientos acerca de los cuidados que se debían de tomar al respecto, debido a la experiencia que adquirió en el pasado, como dependiente laboral en las casas de cambios. Santoro vivía hace varios años en Ciudad del Este, donde tenía varios negocios.
Según la imputación del fiscal Deny Pak, entre los años 2020 a 2022, Santoro formó parte de la organización criminal liderada por Marset, dentro de la cual cumplió la función principal de recibir en concepto de pago el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína realizado por la organización desde Paraguay, el cual era remunerado por la organización criminal receptora de la carga de droga en el extranjero y depositados en el país de destino final.
En muchos casos, Santoro recibía, por indicaciones de Marset, maletas o bolsones cargados de fajos de billetes de dólares, euros y otros tipos de monedas, en concepto de pago por cargas de cocaína que el grupo criminal enviaba al extranjero. Dinero que primero guardaba y luego insertaba en el sistema financiero, mediante cambios de divisas.
Según la Justicia paraguaya, el uruguayo se encargó de administrar las ganancias y gestionar los pagos que les correspondían a los integrantes del grupo criminal, por sus respectivas participaciones en la actividad de remesar las cargas de cocaína, cuyos montos previamente eran fijados y autorizados por su socio y líder del clan, Marset; y a tal efecto llevaba el registro del dinero recibido y los pagos efectuados.
La forma en la que Santoro efectuaba los pagos era mediante la generación de un “token”, el cual le enviaba a Marset y a los otros integrantes del grupo criminal para que estos lo puedan utilizar en el país y banco que consideren más conveniente.
Los negocios para el lavado y los laderos de Marset en Dubái
Santoro también era propietario de un establecimiento rural que era usado por la organización de Marset para ocultar embarcaciones y vehículos de alta gama, en un esquema empresarial donde era clave la figura de Alberto Koube Ayala. Además, era uno de los principales ideólogos de la venta de futbolistas a un club de Grecia, como parte de las actividades del lavado de activos del narcotráfico.
Asimismo, Santoro era el encargado de gestionar los pasajes aéreos para los principales integrantes de la organización de y sus familiares (generalmente para Marset y su socio Koube Ayala) puesto que el imputado tenía entre sus empresas en Ciudad del Este una agencia de viajes llamada Ashley Turismo. La misma formaba parte de la trama por la cual fue procesado en 2009 por trata de personas, ya que oficiaba de fachada para el funcionamiento de una red que se dedicaba a enviar mujeres paraguayas a España para ejercer la prostitución.
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Federico Santoro, Sebastián Marset y Alberto Koube Ayala en Estancia 23 de abril (cumpleaños 30 de Marset).
Santoro tenía una relación de confianza tanto con Marset como con Koube Ayala (con quien se detectaron varias transferencias bancarias), razón por la cual el 17 de abril de 2021 los tres viajaron a Dubái junto José Darío Estigarribia (empresario acusado de lavado de dinero), según se desprende de la investigación de Fiscalía. Los tres fueron identificados en reuniones con Marset entre abril y junio de 2021. En junio, tras volver de una presunta cumbre narco en Dubái, Marset y toda su familia emprendieron su retirada de Paraguay, volando primero a Brasil y luego de nuevo Dubái, donde Marset fue detenido el 10 de setiembre de 2021 portando un pasaporte paraguayo apócrifo.
Marset y compañía ya sabían que la organización era investigada en el marco de varias causas -que después derivaron en A Ultranza Py- puesto que en la Senad tenían al menos un informante que los alertó, de nombre Mauro Ruíz Díaz, según se supo este año a partir de las comunicaciones que forman parte de la acusación fiscal contra Miguel Angel Infrán, alias Tío Rico, que era el otro líder de la organización y se dedicaba al negocio desde haec por los menos tres lustros.
El proceso de extradición
El 13 diciembre del año pasado, la Justicia de EEUU solicitó a la de Paraguay la extradición de Santoro por conspiración para cometer lavado de dinero, con una expectativa de pena de 20 años de prisión; en base a la acusación realizada el 7 de setiembre de 2023, presentada por el Tribunal de Distrito Este de Virginia.
Antes de su traslado a EEUU, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, dijo en conferencia de prensa que “su actividad (ilegal) afectó al mercado financiero estadounidense”, puesto que el exhorto de EEUU hace referencia a que las autoridades norteamericanas identificaron que la organización de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en Paraguay (por lo menos desde noviembre de 2019 hasta setiembre de 2021) fue responsable de adquirir y transportar múltiples toneladas de cocaína desde Bolivia a Paraguay, que era enviada a diversos países europeos, y revelaron que Santoro se dedicaba al lavado de dinero para esta organización de narcotráfico y efectuó numerosas transacciones financieras con fondos que serían derivados del narcotráfico, mediante un banco estadounidense.
A su vez, la investigación de la Justicia de EEUU identificó que el uruguayo tenía vínculos con varias organizaciones internacionales de narcotráfico y lavado de dinero, tanto en América como en Europa, y que lo maneja todo desde Paraguay.
Si bien Santoro en primera instancia no aceptó acogerse a la extradición simplificada a EEUU, luego aceptó esta condición el 24 de febrero de 2024 y la Justicia paraguaya resolvió su extradición, suspendiendo sus penas en Paraguay.
La jueza Lici Sánchez recibió el aval de la jueza Montanía, quien a su vez aprobó la solicitud de criterio de oportunidad presentada por el fiscal Pak, lo que permitió el proceso de extradición a EEUU que se efectivizó el pasado el jueves 11 de julio.
El abogado de Santoro, Gerardo Ortíz, aseveró que su cliente “quiere ejercer su defensa en EEUU debido a la falta de garantías en Paraguay”.
Cuando fue detenido e imputado en Paraguay, Ortíz manifestó que su cliente mantenía vínculos comerciales tanto con el prófugo uruguayo Sebastián Marset como con el recluido Alberto Koube Ayala, ambos ligados a la megacausa A Ultranza Py. Con respecto a estos nexos, reconoció que su cliente conoce a ambas personas, no obstante, insistió en que el vínculo se limitó a lo estrictamente comercial, negando toda participación en las actividades ilícitas que se atribuyen a ambos empresarios.
Ortíz dijo: “Le conoce (a Marset), llegó a trabajar y ofrecer pasaje e incluso hizo un pedido de parte de un sobrino, pero no hay nada vinculado al tráfico de drogas o transferencia de dinero o propiedades. También es amigo de Alberto Koube, pero no tenemos conocimiento de que Koube tenga implicancia en el tráfico de drogas”.
Admitió que estas tres personas efectivamente volaron juntas a Dubái y que los pasajes fueron adquiridos en la agencia de la familia Santoro, “dentro del trabajo lícito y legal”, expresó el abogado defensor.
Otros asuntos por los que a EEUU le interesó extraditar a Santoro
El interés estadounidense en juzgar a Santoro en ese país también estaría relacionado a dos casos que sacudieron al continente a nivel policial y mediático en 2022: el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia y un avión que fue retenido en Argentina junto a tripulantes iraníes acusados de terrorismo.
Respecto al magnicidio ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena de Indias (Colombia), las investigaciones determinaron que, además de ser el mano de Marset, Santoro era socio de Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, y de Jaime Franco, sindicados de formar un consorcio de narcotraficantes (también conformado por Jarvis Pavao), que hicieron una colecta para encargar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien los había investigado y los investigaba en varias causas relacionadas al narcotráfico.
Por otra parte, Santoro se vio involucrado con el avión de Emtrasur, que trasladaba desde Paraguay un cargamento de 750 mil dólares de cigarrillos de la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente paraguayo Horacio Cartes (sancionado en EEUU por corrupto), que pretendió aterrizar en Argentina, donde finalmente fue retenido debido a que la Inteligencia de EEUU señalaba que la aeronave estaba piloteada por el iraní Gholamreza Ghasemi, supuestamente ligado a una organización terrorista.
La Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay confirmó que Santoro fue quien se encargó del traslado y hospedaje de la tripulación del avión que llegó a Paraguay el 13 de mayo previo a su viaje a Argentina que terminó con su detención.
El avión y sus tripulantes estuvieron tres días en Ciudad del Este hasta que cargaron cigarrillos con destino a Aruba. Luego voló a Argentina con un derrotero conocido que incluyó un fallido intento de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
