El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso este martes la libertad inmediata del expresidente peruano Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
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Tres magistrados del TC, entre ellos su presidente Francisco Morales, firmaron el documento en que se ordena al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y al director del penal de Barbadillo, en Lima, a que "en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, bajo su responsabilidad".
El máximo tribunal peruano valoró la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori, una de las principales banderas de la derecha para solicitar su liberación.
La semana pasada el juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, ordenó que Fujimori siguiese en prisión, empero devolvió el expediente al TC para que tomara la decisión definitiva.
En Perú se rumoreaba que el exmandatario (1990-2000) sería excarcelado luego de la polémica resolución emanada del TC a finales de noviembre, en la que dejaba la posible salida de Fujimori en manos de Fernández Tapia, pese a la medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Rechazo popular
Ciudadanos disconformes con el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la liberación de Fujimori, convocaron este martes a través de las redes sociales a manifestaciones de repudio en el centro de Lima.
Con la etiqueta #IndultoEsInsulto, se invitó a la población a concentrarse a las 6:00 pm (hora local), tanto en la Plaza San Martín –epicentro de numerosas protestas antigubernamentales y antifujimoristas– como en la sede del Palacio de Justicia, símbolo del Poder Judicial del país suramericano.
Mientras, un puñado de seguidores de Fujimori se apostó en las inmediaciones del Penal de Barbadillo para celebrar la sentencia del TC con consignas, pancartas y música alusiva al movimiento fujimorista.
La decisión del TC levantó polvareda, porque echa por borda la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2022 exhortó a Lima a mantenerlo tras las rejas, para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que figuraron como causas principales de su sentencia por delitos de lesa humanidad.
Este punto de vista fue respaldado este martes por Human Rights Watch, que a través de su directora de División de las Américas, Juanita Goebertus, llamó a recordar que "la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" y advirtió que tales sentencias son de obligatorio cumplimiento. "El instituto penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo", señaló.
En el mismo espíritu se pronunció ante los medios locales el abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quien consideró que el Estado peruano dispone de mecanismos que le permiten eludir el cumplimiento del fallo del TC en favor de Fujimori "con mérito a lo que en el derecho internacional se denomina un control de constitucionalidad".
En los exteriores del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del caso La Cantuta se congregaron para protestar contra la liberación de Fujimori, la cual calificaron como una "decisión vergonzosa".
Asimismo, un grupo de ciudadanas que portaban fotografías de las víctimas, tomaron las escaleras frontales del Palacio, lo que provocó enfrentamientos con la policía.
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