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Neoliberalismo y progresismo: de la pobreza como instrumento a la pobreza como problema social

No hay mejor condición que una pobreza profunda y gravemente extendida a lo largo y ancho del país para poder imponer salarios sumergidos y condiciones de trabajo precarias.

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Ya en la Europa de comienzo del siglo XIX la pobreza pasó a ser un asunto social y político, y sobre finales de ese mismo siglo, revueltas mediante, comienzan a aparecer leyes e iniciativas de política social para atender este flagelo que, si bien estuvo presente en todas partes del mundo y en todos los tiempos, los procesos de urbanización concomitantes con la Revolución Industrial en Occidente lo hicieron un problema que trascendió la situación de los precedentes y que se volvía políticamente insostenible ante los ojos de una sociedad burguesa contaminada por ideas republicanas.

En nuestro continente y en particular en nuestro país, el siglo XX mostró una variedad de proyectos políticos que atendieron este asunto, forjando la construcción de lo que algunos llaman Estados sociales, lo que fue determinante.

De la mano del primer y el segundo batllismo, Uruguay encabezó un proceso latinoamericano de aproximación al bienestar social que atendió no solo la pobreza, sino en algunos casos también la desigualdad, no desde una perspectiva socialista pero sí de anticipación de la demanda y la construcción de justicia social.

Con nuestra peculiar dinámica de impulsos y frenos, el Uruguay progresista, contrarrestado sistemáticamente por el Uruguay conservador, fue dando pasos sostenidos hasta pasada la mitad del siglo XX en la integración social y el acceso casi universal a un mínimo de bienestar que no tenía demasiado que envidiarle a las mejores sociedades del mundo, aunque ese bienestar social no fue extendido a toda la sociedad y en particular a vastas zonas rurales, donde los sectores conservadores impusieron hasta épocas recientes condiciones laborales deplorables de explotación. Pero de los años 60 en adelante, el cambio de paradigma en la conducción del Estado, justificado en el fracaso del modelo de sustitución de importaciones, y la implantación del Estado social, produjo un deterioro significativo en la atención de la problemática social.

Uruguay asistiría entonces a más de cuatro décadas de liberalismo, en las que las transformaciones sociales no irían acompañadas de políticas públicas orientadas a la integración social y el bienestar de las personas, sino al enriquecimiento de las élites dominantes, vestidas de civil o vestidas de militar, que reduciría la capacidad adquisitiva de la población en forma sustantiva (recordemos que solo en la dictadura civil y militar el salario real de los trabajadores se redujo 50%), para llegar a comienzos de siglo XXI con una crisis social extrema, que mandó a 40% de la población a la pobreza, y dentro de ella a más de 60% de los niños. Recordemos este párrafo sobre el cual volveremos al final.

En ese contexto es que llega el progresismo del siglo XXI, de la mano del gobierno del Frente Amplio, que tras tres gestiones consecutivas de gobierno reducirá la pobreza medida por ingresos a menos de la cuarta parte, eliminará la indigencia y habrá expandido el acceso a bienes y servicios, integrando a buena parte de la población antes excluida, aunque no en forma completa, a mínimos sociales en general aceptables.

Pero este modelo de desarrollo impulsado por el nuevo progresivo encontraría su límite en el escaso margen que dejó una coyuntura económica no tan favorable como la de los primeros años del siglo, unida a una campaña política furiosa del bloque conservador, que operó en forma determinante sobre una parte no menor de la población que basó su lealtad política en la satisfacción de sus expectativas de consumo, y en ese sentido fue defraudada, y no necesariamente en un proyecto de integración social basado en ideas alternativas a la cultura históricamente dominante y que habilitara un sentido de pertenencia y de proyecto social.

Y es muy importante comprender esto para entender al menos tarde lo que en su momento no entendimos. Buena parte del interior del país llegó a 2019 con altos niveles de desempleo cercanos a los de 2006, o sea que hubo condiciones objetivas importantes para fundar un deseo de cambio, anclado en otros temas diferentes a la seguridad, el déficit fiscal o las políticas sociales.

Es así que el impulso conservador organizado en un gran frente político, constituido por los partidos que representan los intereses de los grandes capitales, con la participación directa del sector empresarial de una parte del campo y de la ciudad, el apoyo explícito de todos los medios de comunicación masivos, que son parte de ese sector, y de una parte de la iglesia, se constituyó en la alternativa política que puso fin al primer progresismo del siglo XXI

Hoy nos encontramos en un proceso de reimplantación radical y fanático de un modelo de desarrollo excluyente, que se repite a sí mismo la idea de escarmiento por haber permitido el progresismo reciente, luego de haber aniquilado y enterrado para siempre al batllismo y al wilsonismo, como expresiones descarriadas dentro de los frentes políticos históricos devenidos solamente en frente conservador multicolor. Mientras, se multiplican los hechos bochornosos, la falta de transparencia para con los destinos de lo público, las concesiones escandalosas a los grandes capitales nacionales o extranjeros, la postergación de los más desposeídos, el saqueo a los trabajadores y a los jubilados, y un exceso impensado para nuestro país de muerte y abandono durante la parte más dura de la pandemia.

Uruguay entero se paralizó ante la mentira osada y sistemática de los gobernantes que un día sí y otro también contradicen sus promesas electorales, ante un acting informativo de medios amigados por intereses formalizados en leyes que favorecen una concentración antidemocrática y una comunicación decadente, orientados a un entretenimiento informativo que  hace mención a lo terrible y a lo banal en permanente consecución, dificultando la comprensión de los hechos y favoreciendo la expresión de opiniones contestes a lo que pague más.

En medio de este escenario, y de la mano del sostenimiento alimentario de una parte importante de la población a partir del esfuerzo social instrumentado en ollas populares, los asuntos de la pobreza, crecida en un 30% durante 2020, vuelven al escenario de discusión política.

Mucha gente de distinto pelo político se pregunta con buenas intenciones cómo hará el gobierno para bajar la pobreza, habida cuenta de que buena parte de las acciones de política son de carácter recesivo, la reducción de sueldos y jubilaciones, la caída de la inversión pública, la reducción en gastos que son salario indirecto para jubilados y trabajadores, el aumento generalizado de tarifas y combustibles, entre otras.

Sin embargo, es importante problematizar lo que significa el liberalismo, y en particular el neoliberalismo, como proyecto político.

¿Es razonable pensar que es un objetivo implícito del gobierno bajar el nivel de pobreza? Quizás no lo sea. Quienes escuchamos la prédica liberal iniciada varios años antes de las elecciones sabemos que el problema de la masa salarial, o sea, la parte del producto nacional que va a parar a las manos de los trabajadores, es uno de los asuntos que más obsesiona a buena parte de las cámaras empresariales, que son quienes hoy gobiernan el país a través de esta coalición variopinta de empleados y representantes.

El problema de la competitividad que aqueja a nuestra sociedad en desarrollo, y en el que se esconde nada más y nada menos que la tasa de ganancia del capital, tiene varias formas de abordarse. Una de ellas es un largo camino de desarrollo de capacidades productivas, transformadas mediante la innovación y la inversión en nuevas tecnologías, y el crecimiento en capacidades humanas de trabajadores cada vez más calificados, además de una trabajosa e incierta apuesta a una inserción comercial conveniente. Otro camino para aumentar la tasa de ganancia es simplemente bajar los costos, y dentro de ellos el más fácil de ajustar, política pública mediante, en este caso incluyendo represión sindical y pérdida de garantías ciudadanas (léase LUC), es el salario.

Intervenir sobre los salarios y a favor del capital, en una economía con tan firme tradición de negociación tripartita colectiva, implica generar aceptación de condiciones por parte de los trabajadores que no serían aceptables en una situación ordinaria de la economía. La pandemia indefectiblemente se terminará y con ella la vuelta a la normalidad impondrá también condiciones de normalidad en la negociación social por la distribución. No hay mejor condición que una pobreza profunda y gravemente extendida a lo largo y ancho del país para poder imponer salarios sumergidos y condiciones de trabajo precarias que en otro momento serían inaceptables, y que favorezca el crecimiento de la tasa de ganancia de los empresarios que hoy nos gobiernan.

No es tan complejo, ¿verdad?

¿Quién se encargará de que los asuntos sociales que definan las próximas elecciones, de continuar esta situación de angustia social? Los medios de comunicación, que ya son y serán en mayor medida de estos empresarios. Y lo harán como ya se ocuparon de construir una realidad social favorable para la irrupción de un modelo político conservador, unido no por un proyecto político consolidado, sino por el espanto ante la posible continuidad de la distribución del producto social entre toda la población. Una buena tasa de ganancia requiere, en un país como el nuestro, ahora sin política de desarrollo productivo, bajos salarios y malas condiciones de trabajo, para que merezca la pena de capitales cada día más rentistas y especuladores a los cuales la idea de un país productivo y con justicia social les genera un absoluto sinsentido.

Queda por ver cómo este consorcio empresarial planifica su reelección para dentro de cinco años. La imaginería del herrerismo mira un futuro de la mano de la suerte de Narciso, la alternativa del sector conservador podría ser una nueva figura que enfrente la molestia social desde una simbología más autoritaria, que hoy se vende como ajena al gobierno, pero que ha firmado hasta la propia entrega del Puerto de Montevideo como si fuera un asunto administrativo.

Un día sí y otro también la orquesta conservadora interpreta la misma partitura con tonos y protagonismos de distintos instrumentos, intentando construir una historia del mundo y de nuestro país iniciada recién hace 15 años, contrastando resultados contra imágenes ideales de sociedad que ellos mismos desterraron del imaginario social durante décadas incluso munidos de todo tipo de instrumentos, incluyendo, cuando fue necesario para el mejor desempeño de su tasa de ganancia, todo tipo de delitos de lesa humanidad.

El segundo progresismo del siglo XXI será necesario; no está claro cómo será, pero deberá ser mejor que el primero.

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