Ahora, según supo Caras y Caretas la fiscal Sabrina Flores no pudo probar ni documentalmente –a partir de chats de demás involucrados– ni por medios de prueba testimonial que el mensaje que revela presunto espionaje sobre Mario Layera sea cierto. “No se pudo probar nada”, confirmó una fuente cercana a la investigación.
El chat sobre el espionaje a Layera fue escrito en marzo de 2022 pero se conoció públicamente el 30 de noviembre de ese año. El 26 de diciembre de 2022, la exfiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati –ahora explícita militante del Partido Nacional– interrogó al presidente Luis Lacalle Pou y para eso se constituyó en la residencia de Suárez y Reyes. Fossati hizo varias preguntas acerca de los chats de Astesiano pero omitió el caso Layera a quien Astesiano –junto a los otros dos expolicías mencionados– pretendía espiar o efectivamente espió. Caras y Caretas consultó a la fiscal Fossati un mes después de su interrogatorio al presidente Lacalle Pou acerca de que había declarado sobre el caso Layera. La fiscal Fossati respondió por vía escrita a este medio que “de Layera no me doy cuenta a qué te referís… priorizo temas según mis posibilidades”.
Los datos que los expolicías transmitieron a Astesiano sobre Layera consistían en que, según ellos, Layera incurrió en una suerte de conjunción de intereses permitiendo que en la Seccional de la Zona III, personal de la empresa privada de seguridad, Prosegur, se reuniera en la instalación pública. En el momento en que los expolicías ofrecieron estos datos a Astesiano, se desarrollaba la discusión sobre la Ley de Urgente Consideración con la que el exdirector nacional de Policía, Mario Layera, expresó públicamente estar en desacuerdo.
El punto es que ni Fossati investigó a Lacalle Pou sobre su supuesta respuesta a Astesiano –dándole su visto bueno para que consiguiera información sobre Layera–, y tampoco ahora la fiscal Sabrina Flores tiene previsto citar a Lacalle para terminar de armar el puzzle, porque los registros entre chats del presidente Lacalle Pou con Astesiano no existen. “Nadie quiere llegar a Lacalle”, añadieron fuentes consultadas. Caras y Caretas consultó a varios operadores judiciales y todos coinciden en que la nueva fiscal que encabeza el servicio descentralizado, Mónica Ferrero, influye –aunque no sea materialmente– en que no se avance en causas que involucren al Gobierno.
El 15 de noviembre de 2022, Astesiano declaró ante el fiscal Fernando Romano acerca de la información que se presentaba como borrada en su celular pero negó haberlo hecho él. Agregó que, al ser detenido, entregó el celular incautado en mano del exdirector de Inteligencia Claudio Correa, y que este había borrado contenido de los diálogos con el presidente Lacalle Pou.
A su vez, Correa negó en fiscalía haber borrado información del celular incautado y declaró que se limitó a entregarlo a otro oficial actuante a efectos de su resguardo. Días más tarde se obtuvo un informe ampliatorio de la pericia del celular incautado a Astesiano donde el técnico actuante consignó: “En referencia a las comunicaciones entre el presidente Luis Lacalle Pou y Alejandro Astesiano se mantiene el resultado del análisis anterior: las comunicaciones se presentan como registros de llamadas mediante la aplicación WhatsApp, no hallándose otro tipo de intercambio. Y si bien no existe registro de chats eliminados entre el Sr. presidente L.L.P. y A.A., si se registran chats eliminados con gran parte de sus conversaciones con otros usuarios”.
