Durante la última comparecencia del presidente de la República en conferencia de prensa, se le consultó, por parte de uno de los periodistas presentes si se pensaba o estimaba transformar el Impuesto al Patrimonio en un gravamen progresivo; y en este mismo sentido, avanzar en eliminar algunas exoneraciones a las grandes empresas del país, con el objetivo de aportar lo que se recaudara por esta vía, al “Fondo Solidario Coronavirus”, que fuera creado el pasado 2 de abril para atender la crisis sanitaria, social y económica generada a partir de la expansión del Covid 19 en el país.
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La respuesta del presidente fue:“gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza a la salida de la crisis”, razón por lo cual no se considera su aplicación.
La respuesta del presidente implicó, casi automáticamente, la reactivación de una discusión que se instalara desde el momento inicial donde se comunicaron las primeras medidas, diseñadas por el Poder Ejecutivo, para atender la situación de emergencia sanitaria.
La discusión, en cuestión, generada desde el PIT-CNT y el Frente Amplio, ha sido sostenida por la necesidad de que no sólo el ámbito público y con ello, el Estado, sean los que produzcan los mayores o únicos aportes al mencionado Fondo.
El planteo ha sido claro y directo: que el sector más rico de la sociedad debería contribuir también, a enfrentar la crisis.
En nota de prensa de LaRed21 se señala, en el día de hoy, que el fundamento de esta posición del Frente Amplio y la central sindical radica «en un estudio titulado: “Distribución de riqueza en Uruguay: capitalizando ingresos en la oscuridad”, que fuera desarrollado por Mauricio De Rosa, docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República
Esta perspectiva se ha venido complementando con otras valoraciones realizadas a partir del trabajo de investigación y análisis de otros docentes universitarios.
Siguiendo esta dirección, LaRed21, hace referencia a un «un informe» realizado por el docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR), Juan Geymonat y que fuera recientemente publicado en el semanario Brecha, bajo el título: “¿Hay margen? El fondo coronavirus y el sector privado”.
En el mencionado informe, nos dice el mencionado medio de prensa «Geymonat detalla que en Uruguay, los grandes capitales provienen de tres fuentes: “la inversión extranjera, las empresas públicas y un conjunto de grandes capitales nacionales que operan una cartera de negocios diversificados”.
Remarca que “las empresas públicas ya están haciendo lo suyo en materia de aportes para la emergencia sanitaria, “pero los extranjeros y grandes nacionales han sido eximidos de hacerlo”.
En tal sentido expresa que “15 mil funcionarios públicos con sueldos elevados no llegan a juntar lo que gana una multinacional en 15 días de actividad”.
A la vez, indica que “aun suponiendo que es complejo gravar a los extranjeros, se puede apelar al aporte de algunos nacionales que han acuñado grandes sumas de patrimonio en estos años”.
En dicho informe, termina afirmando LaRed21, «se indica que en Uruguay, la riqueza se encuentra “extremadamente concentrada”, ya que el 1% más rico posee el 35% de la riqueza total y, a su vez, dentro de ese 1% se encuentra el 0,1% de las personas más ricas, que poseen un 11,6% de toda la riqueza del país».
A diferencia de lo que pasa en nuestro país, en Alemania y como parte de las soluciones propuestas para enfrentar la emergencia sanitaria de aquél país, en el día de hoy se acaba de publicar un documento titulado «Ricos por una tasa para los ricos».
Sus autores son un grupo de empresarios considerados como los más ricos de Alemania, quienes en medio de esta situación exigen pagar más impuestos.
En el documento de marras puede leerse: “Es una vergüenza la situación política a la que hemos llegado. Somos los ricos los que pedimos pagar más impuestos, ya que los políticos no hacen su trabajo”.
En el mencionado manifiesto se estima que, si entrara en vigor la medida que proponen, el Gobierno de la primera ministra Angela Merkel recaudaría cerca de 150.000 millones de euros anuales, un aporte que «sería providencial para los miles de ciudadanos que en el último año han visto amenazada la continuidad de las ayudas sociales: “Las personas de la calle ni pueden ni deben pagar la crisis. Ellos no la han creado ni se han beneficiado del ‘boom’ que la precedió”, concluye afirmando el manifiesto.
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