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coronavirus | pandemia |

Definiciones del experto independiente ante la ONU

«La crisis económica debe estar enmarcada y basarse en los derechos humanos»

En un documento que las Naciones Unidas distribuyó entre seis Estados miembro y organismos de crédito internacional, Bohoslavsky se refiere a las posibilidades que los países del mundo tienen para responder a la crisis sin precedentes que se avecina post pandemia de coronavirus.

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Consultado por la publicación argentina , Página 12, el consultor independiente ante la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky ,concluye que: “Sostener que hay que priorizar la economía ante todo no es consistente con el derecho internacional de los derechos humanos.”

Bohoslavsky elaboró el “Llamamiento urgente para una respuesta a la recesión económica desde los derechos humanos”, un documento que, en una veintena de páginas, “intenta clarificar cuáles son los estándares de derechos humanos relevantes en el contexto de la recesión económica vinculada a la pandemia, y las implicaciones que ellos tienen en la definición de políticas económicas, financieras, monetarias, tributarias y sociales”, explicó en declaraciones a este diario el integrante del equipo de relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo vinculados a la oficina que dirige Michelle Bachelet, elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que tiene a su cargo los análisis que vinculan finanzas y derechos humanos en todo el mundo.

El documento señala que así como los Estados activaron medidas de prevención y mitigación para contener la pandemia de coronavirus, “se deben hacer consideraciones similares para abordar los impactos adversos en los derechos humanos que, presumiblemente, tendrá una drástica recesión económica”. Se trata de decisiones y medidas que tengan por centro derechos esenciales como el acceso a una vivienda adecuada, atención médica, educación, agua y saneamiento, protección social y trabajo.

Según el análisis de Bohoslavsky, la recesión que se viene y se espera peor que la que sucedió a la crisis de 2008 golpeará sobre todo a “grupos más vulnerables”, aquellos integrados por las personas que viven en asentamientos informales y las sin techo, les trabajadores informales, les agricultores sin tierra, las comunidades indígenas, los barrios pobres, les desplazados internos, les refugiados e inmigrantes, las personas discapacitadas, las personas mayores, les niñes, las mujeres víctimas de violencia y las personas detenidas y bajo custodia del Estado. A ellos, apuntó el documento, deben ir especialmente los esfuerzos humanitarios.

En el marco del panorama que sobrevendrá a la pandemia que puso en suspenso el devenir cotidiano del mundo, el académico propone que “el cumplimiento del derecho de la protección social no puede demorarse más”. De haber existido su aplicación plena “habría evitado las reacciones de pánico de los Estados” cuando la pandemia comenzó a hacer estragos.

Bohoslavsky plantea que los Estados deben “reconsiderar sus políticas fiscales para financiar políticas sociales y garantizar que la política monetaria sea coherente con ambas”. Es que, según su óptica, “financiar el déficit fiscal puede ser legítimo si esto garantiza el acceso a los derechos humanos básicos para la población”. Insiste el consultor independiente: “Los Estados deben llevar adelante una inversión masiva para disminuir las desigualdades y la pobreza, y no solo para rescatar a grandes corporaciones, bancos e inversores sin considerar los derechos humanos ni las condiciones sociales. Sabemos bien que esas empresas no compartirán estos recursos de manera inmediata ni espontánea con lo/as más necesitado/as”.

“Debería implementarse de inmediato una moratoria del pago de la deuda soberana para los países en desarrollo, países la mayoría de población pobre (para evitar futuros problemas de deuda) y los países que sufren una gran caída de sus economías por la pandemia”, postula en tanto que subraya “el alivio anunciado por el FMI para el pago de deuda de sus miembros más pobres”.

El modo en que la función social de la propiedad era percibida hace dos meses ha cambiado radicalmente. Hoy, con algunas dramáticas excepciones, todos los gobiernos despliegan esfuerzos por asegurar un ingreso mínimo a toda la población, nacionalizan clínicas privadas, otorgan moratorias de deuda, posponen desalojos, suspenden acuerdos de comercio internacional relativos a insumos médicos, establecen controles de capitales para estabilizar los mercados, y ponen en un cajón las recetas de ortodoxia monetaria que el FMI y otras instituciones han promocionado por décadas. Una asignatura pendiente en esta agenda de acción tiene relación con el consumo no regulado y la degradación de los recursos naturales: los Estados no deberían proporcionar subsidios, rescates, y otros beneficios de emergencia a sectores cuya existencia está en contradicción directa con el Acuerdo de París, incluido su objetivo de límite de 1,5 ºC, y no tienen ninguna posibilidad de transición.

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