Organizaciones internacionales denuncian amenazas del Comando Barneix

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denuncian las amenazas de muerte que han recibido autoridades estatales, operadores de la justicia y defensoras de los derechos humanos que trabajan en en pro de la justicia respecto a los crímenes de la dictadura militar uruguaya. Concrétamente, en su comunicado ambas instituciones se refieren a las amenazas de muerte realizadas contra 13 individuos, entre los que están incluidos el ministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y exfiscal Mirtha Guianze. Estas organizaciones reclaman que el “Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen, y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares». La asesora principal de Wola, Jo-Marie Burt declaró que “amenazas como estas buscan intimidar a todos aquellos que persiguen la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos, y demuestra la persistencia de la impunidad institucionalizada en Uruguay. Su objetivo es asegurar que casos de violaciones a derechos humanos de la pasada dictadura permanezcan impunes. Esto contribuye en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado que administran e imparten justicia”. Por otro lado, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL señaló que Uruguay aún tiene pendiente cumplir con varias de las reparaciones ordenadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, “incluyendo su deber de organizar la estructura del Estado para superar la impunidad que rodeaba los crímenes cometidos por Uruguay durante la última dictadura (1973-1984). Es fundamental que el Estado tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las amenazas a quienes ocupan un papel clave en la búsqueda de justicia en estas causas,y no queden impunes”. El comunicado concluye afirmando que “para asegurar la protección, el Estado debe investigar a fondo las amenazas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.