“Hay una estrategia en confundir convivencia con inseguridad”

Seguridad y convivencia, lejos de lo que se puede pensar, no son sinónimos. Y aunque tienen puntos de contacto, el concepto de convivencia tiene una dimensión que abarca a toda la sociedad. La cárcel y la inclusión forman parte de ese concepto que, a juicio de la asesora del Partido Socialista Patricia Peralta, debe ser asumido por el próximo gobierno, según dijo a Caras y Caretas. Peralta es asesora de la bancada parlamentaria del Partido Socialista e integrante de la  agrupación sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de esa organización. Trabajó nueve años en el Ministerio del Interior, al que llegó en el primer gobierno del Frente Amplio (FA) acompañando al ministro José Díaz y fue directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

Cuando hablamos de seguridad y convivencia, ¿qué entendemos por tales conceptos?

En principio, estamos tratando de poner más énfasis, incluso nuestra agrupación se llama de Convivencia y luego Seguridad Ciudadana, porque queremos incorporar ese matiz que para nosotros es importante y que tiene que ver con que la seguridad es un concepto mucho más amplio, involucra la seguridad humana, la seguridad en el tránsito entre otras cosas. Hoy está relacionada a la violencia y el delito. Para nosotros es importante la privación de libertad, en el eje delincuente-delitos ciudadanos y también la recuperación de las personas privadas de libertad con un amplio margen para trabajar en la inclusión de toda esta población.

Nosotros, como Partido Socialista, hicimos varios documentos, pero a su vez formamos parte de la unidad temática del Frente Amplio y muchos de los puntos que definimos como prioritarios se vieron reflejados en el programa del FA. Una de estas cuestiones tiene que ver con la convivencia. Por ejemplo, compartimos la tarea que hace el Ministerio del Interior básicamente en los tres aspectos que tiene que trabajar la Policía: en la disuasión, la prevención y la represión del delito. Creemos que a lo que ha faltado ponerle más énfasis es a los aspectos previos, es decir, a la disuasión y la prevención. Ahora se ha llegado al extremo de trabajar en áreas represivas cuando ya tenemos hechos consumados. Consideramos que tenemos que trabajar más los aspectos de convivencia y de empoderamiento de los barrios y los vecinos. ¿Por qué? Porque justamente lo que permite que se pueda trabajar en las zonas es que los vecinos estén involucrados. Es muy difícil cuando uno viene de afuera a querer resolver, porque no se conoce la dinámica, no se conoce a los vecinos, la modalidad. Si bien Uruguay es pequeño, cada zona tiene sus características y quién mejor que los vecinos que viven en esas zonas para involucrarse.

Cuando comenzó el gobierno del Frente Amplio, en 2005, se empezó con la experiencia de las mesas de convivencia ciudadana, que para nosotros fueron un muy buen arranque. ¿Qué pasaba? Esa experiencia en el período 2010-2015 se fue terminando por varias razones: primero, el análisis que hace el Ministerio del Interior es que muchos de las problemas que se planteaban no eran de la cartera. Si uno tiene en los barrios otros problemas, que se piensa que pueden llevar al delito, hay que tratar de resolver eso y no llegar a la Policía, que es la última instancia a la que hay que llegar. Nosotros estamos pensando en instalar la modalidad de empoderamiento de los barrios, la Policía de cercanía. Que haya centros de referencia donde toda la comunidad esté involucrada. Porque a veces hay asuntos que se resuelven con cosas que son no solo menos costosas, sino más fáciles de hacer. Por ejemplo: si se logra que un espacio público esté limpio, iluminado, que no haya basurales, que no haya problemas de saneamiento, es seguro que eso va a mejorar la seguridad en el barrio. Creo que la inversión tiene que apuntar en ese sentido. Tenemos la experiencia de varias plazas que se han remodelado y se han logrado muy buenos resultados. Ese es un aspecto de la convivencia que para nosotros es fundamental realice en el próximo período. Que haya un involucramiento de todos los actores y del Estado.

El Estado no se puede retirar. No puede haber zonas donde el Estado no entre, pero para eso debe estar presente. Cuando hay un problema en un barrio, no se puede retirar y cerrar las puertas de los hospitales, de las escuelas, esos lugares tienen que permanecer, pero también deben tener garantías las personas que concurren. Creo que hay que hacer énfasis en una política asentada en el territorio y que la gente se empodere de los mismos y sea partícipe de las reformas que se tienen que encarar.

En lo que tiene que ver con la seguridad, hay dos patas fundamentales que tienen que ver con la privación de libertad y con el afuera. Cuando decimos el afuera nos referimos a las personas que egresan del sistema penitenciario, su familia o su círculo cercano. Uno ha aprendido que hablar de cárceles es hablar de seguridad pública. La gente no puede visualizar que la cárcel es un problema y lo que pasa afuera es otro. Esto es un hecho vinculado porque sabemos la rotación que hay en el sistema penitenciario. La cantidad de gente que ingresa y que sale por año es impresionante. Creo que anda en las 5.000 personas por año. ¿A qué le tenemos que poner atención en un futuro proyecto? Trabajar  básicamente en bajar los niveles de reincidencia y para eso tenemos que poner un énfasis muy importante, y lo dijo nuestro candidato cuando visitó la cárcel de Punta de Rieles, en la rehabilitación, en la inserción, en la inclusión de las personas que egresan del sistema. Si no, esto se vuelve un círculo vicioso.

Lamentablemente vemos en la cárcel que a veces hay generaciones, hay abuelos, padres e hijos, porque el delito es multicausal. No hay un solo factor que determina que una persona esté en el mundo del delito, hay múltiples factores. La gente podrá decir: “El país ha mejorado, tenemos un nivel económico superior a otras épocas, Uruguay ha mejorado en estabilidad, pero ¿qué pasa con la delincuencia, que no baja?”. Ahí tenemos que decir que no es solo el factor económico. Este incide, pero incide en un punto, en algunas familias, pero ¿qué pasa con personas que vienen de generaciones que conviven con la delincuencia? Uno no las cambia ni por decreto ni con una sola medida. Hay que trabajar con esta población con lo que tiene que ver con su salud, con la concurrencia a la educación, ver qué pasa con el ausentismo, con esos chiquilines que no están motivados para ir al liceo. Nosotros tenemos una amplia gama de información que nos permite sacar algunas conclusiones: el trabajo es una herramienta fundamental para la reinserción y por lo tanto para la baja de la reincidencia. El trabajo por sí mismo no rehabilita. La persona no es solo eso. La persona es el trabajo, la salud, la cultura, el deporte.

Yo reivindico la política que implantó el doctor José Díaz cuando asumió el Ministerio del Interior. No por una cuestión camisetera, sino porque se pudieron llevar a cabo varias medidas que dieron muy buen resultado. Por ejemplo, cuando se aprobó la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, se tomó una serie de medidas que tuvieron que ver con la redención de la pena por trabajo o estudio, se incorporó la obligación de que las empresas que contratan con el Estado contraten un mínimo porcentaje de la Bolsa de Trabajo del Patronato. Y también una norma que fue muy vapuleada, que fue cuando se liberó un determinado número de personas privadas de libertad. Yo reivindico esa norma. Porque hay que ver el encuadre que se le da. Si yo digo vamos a soltar personas del sistema penitenciario sin ningún proyecto, sin plan, digo que eso es una locura. En ese momento se revitalizó el Patronato y hubo una inyección de personal técnico capacitado y se le dio un poco más de recursos. Pasaban al Patronato todas estas personas que salían con una libertad anticipada, a la cuales les restaba un cumplimiento efectivo de la pena, la cumplían en libertad y nosotros poníamos teníamos un número de personas determinadas a las que le teníamos que hacer el seguimiento.

En ese momento había un porcentaje de reincidencia de 70%. Cuando empezamos a aplicar el seguimiento de estas personas, la reincidencia de estas 1.700 personas privadas de libertad que salieron a lo largo de los dos o tres años que se hizo seguimiento la reincidencia bajó a 25%. Lo que se demuestra es el resultado fue la baja de la reincidencia. Pero la gran mayoría que sale ahora no tiene un seguimiento.

Nosotros comenzamos a trabajar en un programa de preegreso porque hay que comenzar a trabajar con la gente desde el momento en que llega.

Ahora el Código de Proceso Penal nos da certezas. Uno sabe cuándo entra y cuándo sale. Podrá haber excepciones por redención de la pena, pero si uno sabe que va a estar cierta cantidad de años, uno puede trabajar en la planificación. Pero todo depende de la persona. Es la que tiene que adoptar una actitud de cambiar.

Para nosotros, como socialistas y frenteamplistas, es fundamental tratar de pensar en el otro como un ser igual a nosotros, que hemos tenido diferentes vivencias. No es lo mismo la persona que tuvo una familia a la que no la tuvo, no es lo mismo el que fue maltratado o sus padres fueron consumidores de sustancias, los que no tenían hábito de trabajo o el que lo tiene.

Y algo que nos preocupa sobremanera es el día después. Nosotros nos encontramos en 2005 con un Patronato carente de recursos, casi inexistentes. Los internos desconocían su existencia, se enteraban como comentarios que había un lugar donde les daban los boletos y ayudaban a sacar la cédula. Ahora, somos un organismo del Estado; para nosotros la inversión, la rehabilitación, la inclusión, forman parte de las tareas esenciales del Estado y no pueden estar en manos de privados. Porque está atado a la rehabilitación y a la seguridad pública. Es inviable que eso esté en manos de privados, por lo tanto, el Estado tiene que tener a la gente más capacitada en un tema que es la seguridad de todos nosotros. Entonces, en este próximo período, nuestro candidato ya lo ha dicho, pero el partido socialista ha trabajado mucho este tema, tenemos técnicos capacitados porque hay que conocer este tema, y para eso hay que estar y es necesario haber trabajado en estos lugares. Puede haber gente muy bien intencionada, pero si nunca pisó una cárcel, es difícil afrontar algo que no se conoce. Yo puedo opinar sobre todo, pero cuando uno trata de modificar la realidad, hay que tener conocimiento de ella. Para nosotros esto es algo fundamental para el próximo período de gobierno y tiene que ver con trabajar la prevención y el día después.

Por lo general se vinculan hechos que hacen a la convivencia, como malas relaciones entre vecinos, ajustes de cuentas, con la seguridad, se los mete en la misma bolsa. ¿Hay una estrategia en eso?

Por supuesto. Es una estrategia. Cuando en el informativo se empieza a hablar de los famosos ajustes de cuentas, hay que bajar a la realidad y explicarle a la gente que nadie va matando por la calle. El homicidio siempre está atado a otro delito. Si son ajustes de cuentas, como les gusta llamarlos ahora, se trata en general de conflictos de grupos que están en el tráfico y defienden la zona donde ellos trabajan y terminan haciendo justicia por su propia mano. Ahora, eso no es un tema de inseguridad. ¿Qué pasa con la violencia doméstica? Es donde se ve el porcentaje más alto de muerte y no se puede decir que es un problema de seguridad pública. Eso pasa dentro de los hogares. Los índices son altísimos y se dan dentro de la casa con los familiares y la gente de confianza. Entonces, ¿por qué no se dicen las cosas por su nombre?

Los que siguen el discurso de la inseguridad se hacen los distraídos con la violencia domestica.

Por supuesto. Porque las cifras que brinda el Ministerio del Interior hablan claramente de dónde se dan los índices más altos. Nadie niega que aumentó el homicidio, ahora, las cifras hay que analizarlas, hay que desmenuzarlas. Veo un número en frío, pero analicemos esa cifra: ¿cuánto tiene que ver con violencia doméstica, cuanto tiene que ver con acciones de bandas de narcos? Para nosotros son fundamentales las cifras. ¿Porque las cifras que da el Ministerio del Interior siempre están bajo sospecha? Eso es fundamental. Para nosotros las estadísticas las tiene que llevar un organismo diferente del que ejecuta. Para nosotros el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe ser quien maneje las estadísticas, porque es un ente aparte que no estaría viciado de la misma estructura y generaría unas estadísticas que nadie podría refutar. Porque lo que pasa ahora es que el ministerio da cifras y sale el Partido Colorado con las suyas. Además, cuando uno está en el gobierno, dice cosas diferentes que cuando está del otro lado. Por ejemplo, el excomisionado parlamentario Álvaro Garcé. No voy a olvidar jamás que decía que estaba de acuerdo con que los internos podían tener celulares. Ahora que es asesor de [Luis] Lacalle Pou, dice que no.

Lo otro es con el afuera. Nunca se destinaron muchos recursos porque a veces nos parece que falta priorizar lo importante. Para nosotros trabajar el día después es fundamental, tanto como el día antes. Después que está la gente presa es poco lo que se puede hacer.

Cuando estaba en el Patronato, firmamos varios convenios con instituciones. Por ejemplo, con AEBU, que abrió las puertas de sus instalaciones para los hijos de los privados de libertad. Con el Sunca, con el cual se dictaron cursos. Para el próximo período vamos a tener que pedir un poco más a los empresarios. Casi ningún empresario da  trabajo. Trabajamos con la princesa Laetitia D’Aremberg, Sánchez Padilla, pero puestos de trabajo no se conseguían. Ni puestos de trabajo ni capacitación para estas personas.

Me parece que tenemos que fortalecer todo lo que tiene que ver con la prevención y un fuerte impacto que tiene que verse en números. El Ministerio del Interior ha recibido un alto porcentaje presupuestal para esto, pero no se le ha dado al egreso de la cárcel lo que de verdad se necesita.

Esto tiene que ver con la OSLA, la Oficina de Libertad Asistida, la encargada de controlar las penas alternativas a la prisión y hacer la vigilancia de las personas que son sometidas a libertad vigilada con los mecanismos que defina la Justicia. Si le digo el presupuesto que tiene esa unidad, la cantidad de funcionarios, de vehículos, uno se pregunta: ¿pretendemos hacer algo con esto? Indudablemente tenemos que destinarle recursos. Quizás un poco menos a la represión que creemos que se ha visto, como era necesario, fortalecida. Creemos que era importante, pero quizás hay cosas que se pueden sustituir y aportar a los recursos que se necesitan para cubrir estos fines.

¿El Instituto Nacional de Rehabilitación debería estar fuera de Interior?

Sí, por supuesto. Se presentó un proyecto en el Parlamento, en diciembre de 2018, pero lamentablemente no llegamos a fondo en cuanto al análisis del mismo. El programa del Frente Amplio define que las cárceles tienen que salir y claramente estamos en ese proceso. Pensamos que en el próximo período se va a aprobar. La institucionalidad hoy en día que reúne más consenso es el Ministerio de Educación y Cultura, pero mediante un servicio descentralizado.

Para nosotros las personas liberadas tienen que estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo porque es el que tiene las políticas para tratar con la población.

En cuanto al combate al delito, ¿dónde hay que poner más atención?

Creo que uno de los sectores en los que hay que dar prioridad es el combate a las drogas. Pero a lo grande, no solo al narcomenudeo. En el caso de las mujeres privadas de libertad, ha aumentado el porcentaje de reclusas relacionadas a este tipo de delitos. Pasan a ser emprendimientos familiares. Hay que atacar esto, pero hay que evitar que esto no pase en la frontera. No dejemos que nos pasen los elefantes y reprimamos solo a los chicos.