La polémica surgió luego de la comparecencia de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Perciballe rechazó las afirmaciones sobre el volumen de trabajo de su fiscalía y consideró que no es posible medir su actividad únicamente por la cantidad de expedientes.
Actualmente la unidad está integrada por cuatro fiscales: un titular y tres adscriptos. Según detalló, existen unas 25 causas bajo el nuevo Código del Proceso Penal y entre 100 y 120 bajo el anterior.
“Esto que la fiscal de Corte dijo en el Parlamento está muy lejos de la realidad”, afirmó.
El fiscal sostuvo que las causas de lesa humanidad tienen una complejidad que las diferencia de otras investigaciones penales. Muchas llegan a las instancias superiores de la Justicia y requieren recursos, pedidos procesales y seguimiento durante períodos prolongados.
Una fiscalía que pierde recursos
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los cambios en la integración del equipo. Perciballe señaló que una fiscal que trabajaba en la causa vinculada con Macarena Gelman y en el seguimiento del Plan Cóndor fue trasladada a otra área. También mencionó que integrantes de su equipo fueron destinados a otras fiscalías.
A su entender, esas decisiones no pueden considerarse un fortalecimiento de la unidad.
El fiscal vinculó la situación con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Majdanik vs. Uruguay, que condenó al Estado por incumplimientos en la investigación de los crímenes contra las Muchachas de Abril, Óscar Tassino y Luis Eduardo González.
Según explicó, la sentencia establece la obligación de fortalecer la Fiscalía especializada. Por eso cuestionó que, mientras Uruguay debe demostrar ante la Corte Interamericana el cumplimiento de esa obligación, se reduzca el personal de la unidad.
El próximo 23 de setiembre, una representante de la Corte Interamericana estará en Uruguay para evaluar el cumplimiento de la sentencia.
“¿Con qué levanta eso el Uruguay?”, planteó Perciballe al referirse a la situación de una fiscalía que, según sostuvo, debería ser fortalecida.
“La Fiscalía está en un desgobierno”
El fiscal extendió sus cuestionamientos a la situación institucional del Ministerio Público. Señaló que hace varios años no existe una designación definitiva del titular de la Fiscalía General de la Nación mediante el procedimiento parlamentario correspondiente.
“La Fiscalía está en un desgobierno”, afirmó, y atribuyó esa situación al sistema político.
También señaló que existen carencias de recursos y personal en distintas áreas, aunque consideró que las dificultades generales no pueden justificar el debilitamiento de una fiscalía que tiene obligaciones específicas derivadas de una sentencia internacional.
Perciballe aseguró además haber recibido presiones durante su actuación. Mencionó denuncias penales, investigaciones administrativas y pedidos de apartamiento que, según afirmó, fueron archivados por infundados. También señaló críticas públicas de legisladores y dirigentes políticos.
“Este es el momento en que he sentido menos apoyo”, sostuvo.
Aclaró que no cuenta con respaldo de sectores políticos, aunque destacó especialmente el apoyo de organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos y de sus colegas fiscales.
Las causas que continúan
Pese a la situación institucional que describió, Perciballe aseguró que las investigaciones continúan.
Entre las causas que destacó está la de Bella Unión, vinculada con personas que fueron detenidas y torturadas antes del golpe de Estado, además de denuncias por abusos sexuales contra adolescentes. La Fiscalía amplió recientemente la investigación y prevé presentar la acusación en las próximas semanas. El juicio podría comenzar a fines de este año o principios de 2027.
También mencionó la causa del Plan Cóndor, que continúa con dificultades, y la investigación sobre la desaparición de Arquímedes Arpino Vega, para la que la Fiscalía prevé solicitar la formalización de personas que considera vinculadas con el caso.
Otra investigación está relacionada con Macarena Gelman y procura reconstruir el proceso de nacimiento, inscripción y generación de documentación falsa.
En las causas tramitadas bajo el viejo Código, alrededor de la mitad ya cuenta con sentencia o se encuentra en distintas instancias de apelación. El resto se distribuye entre procesamientos, pedidos de procesamiento e investigaciones todavía abiertas.
Desaparecidos y prófugos
Perciballe también se refirió al aumento de la cifra de desaparecidos reconocidos, que pasó de 197 a 205 casos.
Explicó que la Fiscalía resolvió no actuar de oficio frente a cada nuevo caso debido a la magnitud del universo de víctimas. Estimó que existen alrededor de 10.000 personas afectadas por torturas y privaciones ilegítimas de libertad.
“Si el Estado fuera por todo eso, tendría que haber 10 fiscalías”, afirmó.
La unidad actúa a partir de las denuncias que recibe y, según explicó, evita seleccionar casos de acuerdo con su repercusión política.
En cuanto a los militares prófugos, informó que fueron suspendidas siete jubilaciones y que actualmente existen 14 personas en esa situación. Distinguió entre quienes están efectivamente prófugos y quienes fueron ubicados en otros países y están sometidos a procesos de extradición.
Sobre los proyectos para establecer prisión domiciliaria para personas mayores condenadas por delitos de la dictadura, consideró que Uruguay debe respetar los estándares internacionales.
La Fiscalía, explicó, solicita prisión efectiva cuando entiende que corresponde, pero no se opone a la prisión domiciliaria cuando existen razones de salud comprobadas.
“Para nosotros lo esencial es establecer verdad y establecer imputaciones”, señaló.
“La que pierde es la democracia”
Perciballe dijo sentirse “totalmente solo” en materia de respaldo político, aunque aseguró que cuenta con un equipo comprometido y con el apoyo de organizaciones sociales.
Para el fiscal, el debate sobre la Fiscalía de Lesa Humanidad excede la situación de sus integrantes y alcanza al funcionamiento institucional del Estado.
“Si se ataca la Fiscalía y se ataca al Poder Judicial, se está atacando a las instituciones. Y si se ataca a las instituciones, la que pierde es la democracia”, afirmó.
En ese marco, sostuvo que el trabajo continuará pese a las dificultades. “Más allá de que me encuentre solo, tengo un equipo y hay mucha gente que nos apoya, y por esa gente debemos mantener el compromiso”, concluyó.
