El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la derogación de la ley antilavado que motivó un paro, marchas y bloqueos en algunas regiones del país por parte de gremios y comités cívicos y confió en que desde el lunes la situación se normalice.
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En una conferencia de prensa desde la sede de gobierno, el presidente dio a conocer la decisión porque «el país no quiere más zozobra e incertidumbre innecesariamente». La dirigencia de derecha que está detrás del paro, encabezada por Luis Fernando Camacho, se atribuyó una victoria y confirmó su intención de continuar con la medida de fuerza pese al anuncio.
«Escuchando las demandas del pueblo boliviano, las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía», dijo Arce.
El gobierno boliviano mantuvo el sábado un diálogo con algunos sectores con el fin de desarticular las movilizaciones iniciadas el lunes por comerciantes informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
Según Arce, los transportistas y comerciantes informales que cumplieron la huelga «se han visto perjudicados en sus ingresos» y sostuvo que el Ejecutivo tiene que velar por que la economía continúe recuperándose. «Lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de los que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales», insistió.
La derecha festeja y pide mantener el paro
En el otro extremo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó en redes sociales que la «lucha de unidad ha comenzado a dar sus frutos» pero no ha terminado, por lo que pidió a los movilizados en esa región mantener «los puntos de bloqueo». Este sector se reunirá con otros movilizados en las próximas horas para analizar el anuncio presidencial y tomar nuevas definiciones.
En tanto el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, uno de los principales impulsores del golpe contra Morales, se atribuyó un triunfo por la derogación de la ley. «Luis Arce quiso camuflar su derrota y dijo que «decidió» abrogar la ley 1386. Falso, no decidió nada, lo hizo porque el pueblo movilizado lo exigió. No tenía opción. Fin del comunicado», señaló por Twitter.
La resistida ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo «podrá ser ajustada por el Ejecutivo (…) mediante decreto». Esto fue lo que particularmente generó inquietud en la oposición, que temía que fuera usada como herramienta de persecución política.
A lo largo de la semana se registraron violentos enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos afines al oficialismo que intentaban disipar las protestas dejando un centenar de detenidos, varios heridos y un muerto en circunstancias aún confusas. Los principales disturbios ocurrieron en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, en el sudoeste del país, pero se vieron manifestaciones en todo el territorio.
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