Petrobras no da respuesta y no descartan control obrero

En la plaza Independencia tres trabajadores mantienen una huelga de hambre, controlada por profesionales del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en un intento por tratar de torcer la decisión de la empresa. Si no hay avances en los próximos días, la Unión Autónoma de Empleados y Obreros del Gas (Uaeogas) tiene la decisión tomada de pasar a ocupar las instalaciones y mantener el servicio bajo control obrero.

“Llegamos a 17 días de huelga y no hemos tenido ningún contacto con Montevideo Gas”, dijo a Caras y Caretas Alejandro Acosta, de la directiva de Uaeogas. Recordó que la empresa dio a conocer días pasados un comunicado que “contiene medias verdades y para nosotros lo importante es que se acepte una base de negociación como la propuesta por el Poder Ejecutivo y que permita avanzar. Es una base de solución aunque no es la solución total, pero permite salir con algo medio firme que tenga que ver con respetar los puestos de trabajo y a su vez cumplir el resto. La idea es esa. Petrobras lo único que ha planteado públicamente es que le parece que no es para tanto denunciar los convenios y mandar a la gente al seguro de paro. Fue su respuesta a la propuesta que le hizo el Poder Ejecutivo; no sólo le dijo que no a los trabajadores”.

Dicha propuesta contemplaba beneficios para solventar la situación económica de Montevideo Gas, la que fue rechazada.

“Hay ahorros”

Indicó Acosta que eso se relaciona con otro aspecto que tiene que ver con que el sindicato ha planteado que la empresa tiene ahorros que hasta el momento no ha querido considerar: “Está ahorrando con no reponer puestos de trabajo de compañeros que se están jubilando mediante retiros incentivados, tenemos el salario congelado. Pero como si todo eso no existiera, es difícil plantearse una negociación en la que una parte de la realidad que afecta lo económico, cuando la empresa dice que su objetivo es ese, no está siendo considerada”.

Recordó Acosta que el origen del conflicto se sitúa en un cambio en la actitud política de Petrobras a partir de 2016, “después de destituir a Dilma Rousseff”. Eso implicó que Petrobras “asumiera dentro de la estrategia neoliberal del gobierno de [Michel] Temer un cambio en su posicionamiento respecto a Uruguay y sus trabajadores. Respecto al país inició dos demandas arbitrales contra el Estado por US$ 170 millones por cada una de sus empresas: Conecta, que es la distribuidora de gas natural en el interior, y Montevideo Gas. En esa perspectiva encaminó sus relaciones con Uruguay”.

“Los contratos de concesión establecen que hay un mecanismo para dirimir la interpretación de los mismos. Esto es, los tribunales arbitrales”, señaló. En el caso de Conecta se estableció que fuera el Ciadi -el mismo que dirimió el juicio de las tabacaleras contra Uruguay-, y en el caso de Montevideo Gas, que fuera un tribunal regido por la normativa nacional. “Si uno lo lee en sentido estricto, se está hablando de interpretación en la concesión del contrato, lo que es aprovechado por Petrobras para establecer las demandas económicas”.

Sostiene Petrobras que el Estado uruguayo no le ha dado las condiciones para hacer el negocio de la concesión. “Ahora, eso está determinado por dos variables que no tienen nada que ver con ninguna obligación contractual ni de los pliegos de licitación en ninguna de las dos empresas por parte del Estado, que son el volumen del gas que llega y el precio del mismo”, agregó. Precisó que se trata de una cuestión establecida “primero en un arreglo entre privados, importación directa desde Argentina, en la que el Estado no tenía ninguna intervención. Y después de 2017, cuando vencieron esos contratos, fue Ancap la que se hizo cargo de la importación del gas. La realidad es que los gobiernos blanquicolorados nos dejaron interconectados con una única cuenta de suministro que fue Argentina y, por lo tanto, ella impone sus condiciones. Ahora, por ejemplo, en el contrato que se logró firmar -que si no se hacía, no había suministro de materia prima; entonces, ni siquiera había empresa- se estableció que en los meses de junio, julio y agosto, que son los de mayor consumo, en vez de cobrar el precio normal del gas natural licuado cobran el precio del gasoil, que es más caro porque sus centrales térmicas se quedan sin gas natural para generar electricidad. Eso surgió a último momento y el gobierno uruguayo le tuvo que decir que sí porque, si no, no se hacía el contrato”.

Cuestión de precio

Simultáneamente con el impuesto a las importaciones “también cayó en la volada el gas natural. No son cosas que maneje el Poder Ejecutivo, como determinado volumen o precio de gas y ni siquiera hay una obligación contractual en este sentido. Entonces Petrobras se agarra de su poder económico para demandar al Estado y acá US$ 170 millones es mucha plata. Es un montón de escuelas, de liceos, de hospitales, de rutas, de cualquier inversión. Es un ataque al bolsillo de los uruguayos porque eso se lo van a sacar al pueblo uruguayo porque el Estado no tiene un fondo para pagar”.

Es en ese marco que Petrobras “decidió elevar la confrontación con los trabajadores porque les sirve a su estrategia. Generó más confrontación. Se trata de generar conflictividad con el Poder Ejecutivo para sumar hechos a esa demanda. Lo que han resuelto es intentar reducir los puestos de trabajo, desconocer la negociación colectiva, denunciaron los convenios colectivos. Antes de que se produjera todo esto, nosotros les planteamos la posibilidad de poder discutir la reorganización de la empresa para colocar a los trabajadores en las áreas que se estime más conveniente, tener un plan comercial, un plan de inversiones. Nada de eso fue aceptado”.

“Lo que vemos es que la empresa dice que tiene argumentos económicos para proceder a los seguros de paro, eventualmente despidos, como le dijo a los legisladores del Frente Amplio, y a la vez denuncia los convenios, entre otros, el que indica que ante cualquier reestructura, cambio de mercado o introducción de tecnología, los trabajadores van a ser capacitados y relocalizados en otra área si su sector se ve afectado por alguna de estas variables”, precisó.

“Sostienen que hay problemas de mercado, necesidad de relocalizar trabajadores, entonces hay que aplicar ese convenio. Entonces, si ellos lo denuncian, por algo será que lo hacen. Alguna intención tienen”, sentenció Acosta.

Menos usuarios

Petrobras “ha venido perdiendo usuarios por el mal servicio”, explicó. Y puso como ejemplo que “a los factores que nos vuelven menos competitivos que otras energías se les suma un servicio que no apuesta a conservar al usuario. Se cobran precios altos por trabajos como reparar pequeñas pérdidas. O no se ofrecen soluciones si hay pérdidas en la cañería; a pesar de contar con los medios técnicos para solucionarlos, nunca se utilizaron. Se reduce el personal, por lo tanto es menor la calidad del servicio y eso llevó a que haya 6.500 usuarios menos que hace tres o cuatro años. Estamos hablando de casi 20% de pérdida. Y se siguen yendo entre 80 y 100 usuarios por mes”.

Para Uaeogas, esa ecuación “hace que de seguir esta sangría, en algún momento capaz que esto no tiene más perspectiva. Mientras Petrobras trata de sacar adelante lo que quiere, las demandas contra el Estado, lo único que se va produciendo es que el servicio público de gas natural se va deteriorando cada vez más y, entre otras cosas, los que quedamos como parte de ese daño, sin puestos de trabajo, los salarios congelados y la perspectiva de no tener ningún convenio que logre más o menos encuadrar las relaciones laborales”.

“Eso está desatando esta conflictividad. La huelga de hambre no está instalada porque mandaron a algunos trabajadores al seguro. Está instalada porque cuando se plantearon iniciativas económicas por parte del Poder Ejecutivo para ayudar a que no hubiera seguros de paro y establecer una negociación, la empresa dijo que no. Entonces no es un problema económico lo que le importa a la empresa, es otro tipo de estrategia, más política. Más vinculada a las demandas. Por eso instalamos la huelga de hambre, porque teníamos que dar una respuesta pesada y profunda a esa actitud”.

Preguntas sin respuesta

“Se necesita que el Poder Ejecutivo se plantee cómo va a seguir con este sector”, precisó Acosta, y agregó: “En lo inmediato hay posibilidad de que tome alguna otra iniciativa que favorezca la negociación”.

La decisión de los trabajadores es que si esta situación continúa, “no nos va a quedar otra alternativa que pasar a la siguiente medida que tenemos resuelta, que es la ocupación con control obrero de la empresa y la gestión de la misma por parte de los trabajadores”.

“En este marco habría que discutir si amerita que Petrobras siga al frente de la concesión o no”, sentenció.