En la madrugada del 17 de abril de 1972, la historia de Uruguay quedó marcada por uno de los actos de terrorismo de Estado más atroces de los que se tenga registro. El asalto al local de la Seccional 20ª del Partido Comunista, ubicado en la intersección de Agraciada y Valentín Gómez, no fue un error de procedimiento ni un enfrentamiento fortuito, sino un operativo planificado en el que participaron más de 500 efectivos militares, policiales y paramilitares fascistas.
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El resultado fue la masacre de ocho obreros que, hasta el día de hoy, permanecen en el altar de la memoria popular. Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Ruben López, Elman Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio y Héctor Cervelli fueron los nombres de aquellos trabajadores, sindicalistas, comunistas y frenteamplistas cuyas vidas fueron segadas en un acto de barbarie que Alfredo Zitarrosa inmortalizaría más tarde en su conmovedora obra musical.
A 54 años de aquellos hechos, la vigencia de este homenaje no ha decaído. Durante más de cinco décadas, incluso bajo la persecución de la dictadura, el movimiento popular ha regresado a esa esquina heroica del Paso Molino. Cada año se repite el gesto de las rosas rojas y los claveles, un mensaje de memoria, compromiso y perspectiva que ha sobrevivido a los intentos de olvido. En el transcurso de este tiempo, hitos como el acto de 1985 tras la recuperación democrática o la declaración del local como Monumento Histórico Nacional en 2014 han reafirmado que la lucha por la verdad es una victoria colectiva. Este abril de 2026, la convocatoria vuelve a cobrar una fuerza especial, cargada con el peso de la historia y la ausencia de figuras fundamentales como José Machado, “Machadito”, el sobreviviente que fue testimonio viviente de entereza hasta su reciente partida.
Crónica de una emboscada: la provocación y el asalto al local
La reconstrucción de lo sucedido aquella noche revela una trama de provocación deliberada. El contexto nacional de abril de 1972 era de extrema tensión, con paros generales masivos y el debate parlamentario sobre el Estado de Guerra Interna. La noche del domingo 16 de abril comenzó con una serie de atentados con explosivos contra personalidades políticas y culturales, creando un clima de terror que sirvió de antesala a la tragedia. En la Seccional 20ª, los militantes hacían guardias para proteger el local ante la ola de violencia fascista. Esa misma mañana, un primer allanamiento militar había inspeccionado el lugar sin encontrar irregularidades. Luis Alberto Mendiola, responsable del local, fue obligado a permanecer allí mientras el resto de sus compañeros eran detenidos temporalmente. Al caer la tarde, el merodeo de grupos de la JUP y la presencia de policías de particular presagiaban lo peor.
La provocación se activó mediante una trampa diseñada con precisión quirúrgica. Desde la azotea de un edificio cercano, se realizaron disparos hacia una vivienda donde se encontraba una guardia militar, una operación de falsa bandera destinada a desencadenar el ataque masivo. Al grito de “Operación 52”, cientos de efectivos rodearon la manzana. El ametrallamiento comenzó poco después de la medianoche, utilizando armas de guerra que destrozaron la fachada del local y pusieron en peligro a todo el vecindario. Los testimonios describen una lluvia de balas trazadoras, bengalas y explosiones que duró horas. En medio del caos, las órdenes de alto el fuego eran ignoradas por las unidades apostadas a lo lejos, que continuaban disparando contra un local donde los obreros se encontraban totalmente desarmados.
Ejecuciones a sangre fría y la retención de la asistencia médica
La crueldad alcanzó su punto máximo cuando los militantes intentaron salir del edificio para entregarse. Las autopsias practicadas por el forense Guaymirán Ríos y denunciadas en el Parlamento por Rodney Arismendi confirmaron que los obreros fueron ejecutados. Raúl Gancio, Ruben López y otros recibieron disparos a quemarropa en la nuca y la cabeza mientras estaban en el suelo o con las manos en alto. Luis Mendiola fue hallado con seis impactos de bala y heridas cortantes que sugerían un ensañamiento posterior a su caída. Más doloroso aún fue el hecho de que varios de ellos, como Justo Sena y José Abreu, no murieron de forma instantánea. Se desangraron en la calle durante seis horas debido a que las fuerzas militares impidieron el paso de las ambulancias que esperaban a pocas cuadras. Los médicos de Salud Pública fueron retenidos por la fuerza hasta el amanecer, momento en el que solo pudieron recoger cuerpos sin vida.
La versión oficial de la época intentó justificar la masacre alegando un enfrentamiento y la muerte del capitán Wilfredo Busconi a manos de los comunistas. Sin embargo, las pericias técnicas y el propio juez militar demostraron que en el local no había armamento y que Busconi fue víctima de los proyectiles de sus propios subordinados en medio del fuego cruzado. A pesar de estas pruebas contundentes, la impunidad fue la norma durante décadas. Fue recién en el año 2000 cuando, mediante un arduo trabajo legal, se logró reabrir la causa y realizar una autopsia histórica que ratificó científicamente las ejecuciones.
Un símbolo de resistencia y el reclamo permanente de justicia
La Seccional 20ª es hoy un símbolo de resiliencia. Su fachada, destruida por las balas, por bulldozers en dictadura y por atentados en democracia, ha sido siempre reconstruida por la mano solidaria del pueblo. El gesto del entonces arzobispo Carlos Parteli en 1972, orando ante los féretros de los obreros comunistas, y su emulación décadas después por monseñor Daniel Sturla, reflejan la magnitud del impacto ético que este crimen tuvo en la sociedad uruguaya. No se trató solo de un ataque contra un partido político, sino de una herida profunda a la democracia y a la condición humana.
Al cumplirse 54 años de este sacrificio, la esquina de Agraciada y Valentín Gómez sigue siendo ese lugar de memoria y resistencia donde se reafirma el compromiso con la vida. La memoria de los ocho de la 20 no es una mirada anclada en el pasado, sino una herramienta para entender el presente y construir el futuro. Mientras existan voces que intenten relativizar el terrorismo de Estado, la crónica de aquella noche de abril de 1972 seguirá reproduciéndose como un escudo contra el olvido. La reparación simbólica es importante y el reconocimiento institucional como monumento es una victoria, pero el reclamo de verdad y justicia absoluta permanece inalterable. Porque, como bien advertía Arismendi en el Parlamento, la historia de un país no se divide por el uniforme o la profesión, sino entre quienes defienden la libertad y quienes recurren al crimen infame para intentar silenciar la conciencia de un pueblo. Por eso, este abril, Uruguay vuelve a decir presente por los ocho obreros asesinados, cuya canción, como la de Zitarrosa, siempre porfía.