El Estado uruguayo compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante dos jornadas Uruguay presentó el sexto informe periódico y contestó preguntas realizadas por el grupo de 18 personas expertas que conforman el comité y velan por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Carolina Ache, subsecretaria del ministerio de Relaciones Exteriores, presidió la delegación que se presentó ante el comité. También fue la encargada de contestar los señalamientos sobre el deterioro de la libertad de expresión y de prensa que diferentes informes nacionales e internacionales registraron en Uruguay en los últimos años, como el de CAinfo y el de Reporteros sin Fronteras.
Ache aseguró que "salvo en el periodo de la dictadura militar, Uruguay se caracterizó a lo largo de su historia desde el inicio de su vida independiente por su respeto pleno a los derechos de libre expresión y a la libertad de prensa consagrados a nivel constitucional" y afirmó enfáticamente que "no existe en el país ningún mecanismo de control o censura y no se ha ejercido ningún tipo de violencia contra periodistas; no se registran en el país periodistas asesinados, o que hayan sido objetos de represalias físicas o atentados debido a su actividad profesional".
La subsecretaria matizó los datos alegando que "pueden existir percepciones respecto al estado de situación de la libertad de prensa, opiniones [sobre] ciertos casos recogidos en informes a nivel nacional que dan cuenta de situaciones puntuales donde se interpreta que han existido amenazas u otros hechos".
Sobre los procedimientos judiciales o las amenazas a periodistas con ellos, Ache afirmó "con toda rotundidad que la autoridades de Uruguay rechazan cualquier acción que pueda tener como fin ejercer coerción o presión indebida sobre periodistas, lo que no implica que ciertas personas que puedan sentirse ofendidas o agraviadas por artículos de prensa se vean limitadas en su derecho a la justicia, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, pero no es admisible que eso pueda interponerse para disuadir a un periodista de transmitir informaciones o su opinión".
Para el Estado "no es razonable afirmar que en Uruguay haya una degradación de la libertad de prensa". Ache señaló que el informe de RSF tuvo un cambio en la metodología de construcción de los indicadores, por ejemplo, la adición de "elementos contextuales que a nuestro juicio en el caso de Uruguay desvirtúan la situación imperante y minimizan el hecho de que los obstáculos que internacionalmente obstruyen o impiden la labor periodística en Uruguay son totalmente inexistentes, eclipsándose el marco de garantías y altos estándares de protección que exhibe históricamente".
Para contrastar, la subsecretaria de RREE puso como ejemplo el índice de democracia de The Economist que situó a Uruguay en el puesto número trece y como una de las dieciocho democracias plenas del planeta; la jerarca señaló que uno de los ejes del índice son las libertades civiles y políticas, entre las que están la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por lo tanto, en palabras de Ache, "no resultaría lógico ni razonable para quienes elaboran estos índices tan exigentes incluir dentro de las pocas democracias plenas del mundo a un país cuya situación en una categoría tan importante como es la libertad de prensa sea deficitaria o decadente".
También citó el índice Chapultepec de libertad de prensa, que puso a Uruguay en el puesto 1 de la región para el período 31 de julio 2020-31 de agosto 2021. "Estos breves ejemplos muestran que no existen elementos que permitan afirmar que en Uruguay la libertad de prensa está en riesgo o que se hayan producido retrocesos o que haya una actitud por parte del Estado en el sentido de coercionar a la prensa", señaló Ache, "no es posible decir que a partir de casos puntuales pueda generalizarse una conclusión que pone en tela de juicio libertades de un activo nacional en materia de derechos humanos que han sido respetadas por todos los gobiernos democráticos del país". Y finalizó: "Están totalmente garantizadas todas las acciones para los periodistas. La libertad de prensa es la libertad que hace que se pueden proteger el resto de las libertades".