Acoso laboral: un constante proceder en las Fuerzas Armadas

Un exmarino que tomó contacto con Caras y Caretas dice que cada vez son más frecuentes las denuncias de acoso laboral; su propia carrera dentro de la fuerza está impregnada de situaciones que, a la luz de la nueva legislación vigente, amerita denunciar.

Cree que el problema reside en que al talante autoritario de algunos oficiales se suma que cuando aplican las sanciones como el clásico arresto a rigor, se encuentran con una generación nueva de militares formados en derechos civiles que ya no consideran parte de la estricta disciplina militar situaciones que pueden ser consideradas acoso laboral.

“Por un lado son difíciles de probar, nunca se encuentran militares dispuestos a atestiguar, porque, además, si uno anuncia que va a hacer una denuncia por acoso laboral, primero debe cumplir el arresto a rigor y luego formalizar la denuncia. No todos cuando terminan la sanción siguen adelante con la denuncia”, explica.

“Milico sindicalista”

El exmarino y ahora cabo 2° narró a Caras y Caretas que su peripecia (pesadilla) se inició en 2009; familiar de militares, en la crisis de 2002 encontró en alguno de los oficios de sus parientes una salida laboral y así entró a la Armada. En 2009 se encontraba revistando en la Prefectura de Colonia cuando se negó a formar parte de una serie de procedimientos ordenados por el subprefecto de la unidad y empezó su calvario de sanciones. “Una vez tuvimos que ir a buscar leña y retiraban unos palos de un predio de UTE, a lo cual me negué, me dijeron que me estaba insubordinando y yo entendía que me estaban acosando laboralmente”.

Luego de una serie de desencuentros logró un traslado a la Prefectura de Montevideo, con tanta mala suerte que a los pocos días fue nombrado como prefecto de esa Unidad su antiguo jefe en Colonia. Ahora las sanciones pasaban por algunas observaciones y un clima hostil, hasta que en 2013 sale de testigo de la denuncia de una funcionaria por acoso laboral. “Paradojalmente pasé de ser testigo a denunciado y antes que las cosas llegaran a mayores, me enviaron en traslado al Comando de la Armada”. El aún marino cumplía funciones de seguridad en los buques que debían ser inspeccionados por la comisión técnica. Allí empezó a observar situaciones anómalas, como el trasiego de combustible de las lanchas a otros automotores para quedarse con los vales de combustible y las maniobras de algunos funcionarios de la comisión técnica que vendía las hojas de inspección a los empresarios de los buques (que tiene un costo de 300 dólares cada una) sin realizar la inspección. En esa época hubo cerca de 25 buques que sufrieron incendios por falta de controles y esa denuncia fue entregada, entre otros, al entonces senador Javier García. El encono contra el marino crecía y se empezó a tramitar su baja, hasta que logró, luego de presentar varios recursos, que la baja fuera negada por el entonces ministro Fernández Huidobro. “Parte de la persecución y arrestos que he sufrido se explican parcialmente porque desde que asumió este gobierno se ha ido dando de baja o persiguiendo a quienes consideran funcionarios con simpatías frenteamplistas”, dice a Caras y Caretas. “Si bien yo siempre mantuve la disciplina, solo atiné a plantear lo que me parecía que no era correcto y por eso un comandante me llegó a tildar de ‘milico sindicalista’”.

90 días de arresto

Cuando la situación se hizo insostenible, inventaron un pase en comisión del Comando de la Armada al Estado Mayor de la Defensa, pasando de su calidad de marino a cabo 2°. Pero su situación fue de mal en peor; a la pérdida salarial se sumaba que el estado de constante presión lo fue llevando a padecer depresión crónica. Estuvo trabajando un tiempo en cocina hasta que una nueva situación de lo que entendía acoso laboral lo llevó a pasar 30 días de arresto a rigor de un total de 90 que cumpliría finalmente. Vencidos esos eternos días, aun le esperaba lo peor. Le inventaron un cargo en que su función era estar seis horas junto al portón de entrada para abrirlo y cerrarlo cada vez (dos veces al día) que ingresara y se retirara el comandante. El nuevo cargo implicaba perder más salario y le parecía un abuso estar seis horas parado junto al portón sin cumplir otra función. Esto fue tomado como una insubordinación y paso a estar 50 días de corrido de arresto a rigor.

Sala disciplinaria

No prevista la sala disciplinaria como en los cuarteles, en el primer piso del Esmade, la sala prevista para descanso de los choferes fue acondicionada para su arresto. En el régimen de arresto a rigor, el sancionado debe salir a tomar sol una hora en la mañana, otra en la tarde, salir a higienizarse y realizar las cuatro ingestas en el comedor. Sin embargo, denuncia el ahora cabo, pusieron un candado, “solo me sacaban para ir al baño y me traían la comida al cuarto, además de no poder recibir visita de familiares y abogados”.

En determinado momento empezó a tener una descompensación, solicitó que lo viera una médica militar, la que, según el cabo, lo certificó, pero le fue negada la posibilidad de traslado, así que en la primera oportunidad logró denunciar la situación al 911; por orden de fiscal, fue trasladado al Hospital Militar, donde le brindaron asistencia. Luego de aquel calvario de 50 días de corridos, y anunciando que llevaría adelante acciones por entender vulnerados sus derechos, fue sancionado en dos oportunidades, una con dos días de arresto a rigor y otra con ocho, hasta que finalmente se le otorgó una licencia de diez días. Luego de 21 años de servicio, este militar enfrenta dos juicios en la Justicia Militar por insubordinación y deserción y una quinta investigación administrativa en el Ministerio de Defensa, solicitada aparentemente por el propio ministro García.

Autoritarismo disciplinado

De no modificarse la reglamentación, no solo seguirán produciéndose conflictos internos, sino que además los subalternos quedan expuestos, a pesar de haberse derogado por ley el concepto de obediencia debida, a cumplir órdenes que, salvo que se diluciden en estrados judiciales, acarrean actos de corrupción.

Un expediente, que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° turno, revela que un oficial de la Armada ordenó a sus subalternos robar provisiones y venderlas en un supermercado. También relata una serie de abusos contra el marinero que se negó a realizar los supuestos hurtos, por lo que este solicitó a la Justicia una indemnización de US$ 700.000.

El juicio fue iniciado en 2021 por el estudio García-Puppo & Asociados en representación del marinero, integrado por el Dr. Marcelo García, el Dr. Sebastián Puppo, el Dr. Cristóbal González y Diego Fajardo, siendo apenas la punta del iceberg de un expediente que desnuda los momentos más crudos que puede vivir un ser humano, y que se dan en 2023: sometimiento, violaciones de derechos humanos, sanciones indiscriminadas, todas, con conocimiento por parte del mando más alto del Ministerio de Defensa.

En el expediente surge que el demandante, un cabo de la Armada, ingresó a trabajar en una de las unidades luego de regresar de una misión de paz de la ONU en el extranjero.

Para poder mejorar sus ingresos, el marinero aceptó un destino en una repartición ubicada en el interior del país. Una vez allí y bajo las órdenes de un capitán de corbeta, el marinero comenzó a trabajar.

En una ocasión, se le ordenó ir a buscar suministros para la unidad. Cuando regresaba a la base de la Armada en el vehículo, “se lo obligó a pasar por un almacén mayorista a los efectos de descargar varias provisiones de las que deberían haber llegado para la unidad”, según se constata en el expediente.

El marinero preguntó a sus compañeros que estaban en el vehículo sobre la razón de que se entregara esas mercaderías al almacén. Estos respondieron de forma concisa: “Son órdenes del capitán de corbeta”.

Al día siguiente, el cabo fue citado por el capitán de corbeta para hablar sobre su accionar. En su despacho, el jerarca dijo al subalterno según consta en el expediente: “Usted tiene que obedecer mis órdenes, no cuestionarlas y no hacer preguntas”.

El subalterno le manifestó que no quería prestarse para “esas actividades” y, de ser posible, que no lo mandara otra vez a realizar dicho trabajo.

A partir de ahí, el jerarca “empezó a denigrarlo”, dice la demanda. El capitán señaló en alusión al color de la piel del marinero: “Vos sos un macaco y los macacos tienen que hacer lo que se les dice”. Luego el jerarca se refirió a la complexión física del demandante: “Usted es una bolsa”.

A partir de esa conversación, comenzó a recibir una larga lista de sanciones contra el marinero. Tiempo después, fue sancionado por una rotura de un vidrio con siete días de arresto simple y el pago del arreglo.

El escrito presentado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo sostiene que las sanciones comenzaron a minar la salud del marinero demandante y lo llevaron a atenderse en el Hospital Policial. Una vez allí, el médico asoció los dolores en el pecho y en el estómago que sufría el cabo a situaciones relacionadas con el estrés, según señala el documento al que accedió El País.

Los malos tratos sufridos por el marinero quedaron constatados en el informe psicológico realizado por la psicóloga especialista Silvia Giachero, quien diagnosticó que el hombre sufría mobbing (trato hostil en el trabajo). “El paciente presenta síntomas de síndrome de estrés postraumático cronificado como consecuencia de violencia psicológica que padeció y padece aún en su trabajo. Se recomienda que continúe de licencia médica y en tratamiento psiquiátrico y psicológico hasta que se resuelva su situación”.

Que dice la ley

El Convenio Internacional del Trabajo N° 190 sobre la Violencia y Acoso, ratificado por Ley 19.849 en Uruguay, “establece una definición genérica de violencia y acoso en las relaciones laborales: define al acoso en las relaciones de trabajo como un conjunto de amenazas, comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten en una sola oportunidad o de forma repetida, que tienen por objeto, causan o puedan causar un daño físico, psicológico, sexual, o económico”.

Se trata de conductas que en forma aislada pueden no ser graves, pero que realizadas en forma sistemática, con frecuencia y durante un extenso período, con el fin de hostigar, producen un daño. Puede canalizarse por medio de comportamientos, palabras, actos, gestos, omisiones, etcétera, y atentan contra la personalidad, dignidad e integridad física o psíquica de un trabajador.

Algunos ejemplos: “Aislamiento, insultos, gritos, críticas reiteradas e infundadas; exigir la realización de acciones denigrantes; difusión de rumores, desprestigio personal o profesional; burlas; no brindar debida capacitación existiendo trabajo a realizar; privar al trabajador o no proveerlo de herramientas, habilitaciones o requisitos necesarios para efectuar la tarea; ordenar la ejecución de tareas inútiles, absurdos o innecesarios, o de menor jerarquía; imponer la realización de trabajo en exceso o de realización imposible; ordenar tareas peligrosas; agresiones físicas; ejercicio abusivo del poder de dirección o disciplinario; afectación de carrera funcional”.