El documento judicial forma parte de la respuesta del Gobierno estadounidense a la solicitud de la defensa para suprimir las declaraciones de Marset en suelo boliviano y las pruebas obtenidas a partir de ellas.
La Fiscalía de EEUU señala que los agentes de la DEA administraron a Marset las "Advertencias Miranda" en dos oportunidades: primero, después de que las autoridades bolivianas lo entregaran a la DEA en Santa Cruz, y posteriormente en el Aeropuerto Internacional Dulles (Virginia).
Después de su llegada a EEUU, los agentes de la DEA revisaron junto con Marset los dispositivos electrónicos decomisados durante el operativo en Bolivia.
Sebastián Marset y los 23 celulares que quedaron en manos de la Justicia de EEUU.
Los dispositivos electrónicos y las billeteras de criptomonedas
Los policías bolivianos habían incautado 23 teléfonos celulares, dos iPads y una computadora MacBook, que posteriormente fueron entregados a la DEA.
Según la Fiscalía de EEUU, Marset identificó como suyos tres teléfonos —un iPhone 17 Pro Max naranja, un iPhone 17 blanco y un iPhone 16 de color oro rosado—, además de una MacBook y un iPad. También proporcionó las contraseñas de esos equipos.
Al ser consultado por los agentes sobre si tenía billeteras de criptomonedas; Marset tomó uno de los teléfonos para mostrar una billetera que contenía aproximadamente 1,5 millones de dólares en criptomonedas. Posteriormente mostró otra billetera con unos 1,43 millones de dólares y una tercera con aproximadamente 1,03 millones de dólares.
En total, los investigadores identificaron alrededor de 3,96 millones de dólares en esas tres billeteras. De acuerdo con el relato presentado por los fiscales, Marset dijo que esas criptomonedas provenían de sus ganancias por el tráfico de cocaína en Bolivia.
Cuando le preguntaron dónde estaba el resto de su dinero, respondió que no tenía más porque prefería reinvertir las ganancias en la compra de droga. Fue entonces cuando, según la Fiscalía de EEUU, declaró que en ese momento tenía su dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína.
El documento no detalla en qué lugares de Bolivia se encontraría esa droga ni quiénes estarían encargados de custodiarla.