Actualmente, Marset está recluido en un centro de detención federal en Alexandria (Virginia), acusado por el blanqueo de decenas de millones de dólares a través de bancos europeos y sus filiales estadounidenses con la ayuda de agentes financieros como el uruguayo Federico Santoro, el extesorero de la organización condenado en 2025 a 15 años de prisión.
También investigan a Marset por delitos vinculados al narcotráfico e incitación a la violencia para beneficio personal, ya que supuestamente ordenó el asesinato de un exsocio en Paraguay por haberlo traicionado, en referencia a Mauricio Schwartzman.
Los documentos presentados ilustran el desdén de Marset por los sistemas judiciales. Cuando agentes le preguntaron sobre los cargos pendientes en Paraguay, Marset desestimó la amenaza, afirmando que resolvería el asunto "con dinero" porque "no hay justicia".
La nueva serie de documentos judiciales también reveló un registro detallado de sus operaciones internacionales. La semana pasada, los fiscales federales revelaron que los agentes de la DEA que participaron del operativo confiscaron tres teléfonos celulares a Marset que le daban acceso a 4 millones de dólares en criptomonedas.
Durante el interrogatorio, Marset confesó tener participaciones financieras en 10 toneladas de cargamentos de cocaína en circulación al momento de su arresto.
La férrea defensa de Marset en EEUU
Por otro lado, los abogados de Marset presentaron esta semana mociones para desestimar cargos individuales o anular la acusación por completo.
Entre los principales argumentos de la defensa se encuentra la impugnación de un cargamento de 1,6 toneladas de cocaína que constituye la base de un cargo clave: narcotráfico que la Fiscalía complementa con una acusación por narcoterrorismo.
Los abogado sostienen que las autoridades colombianas confiscaron la droga en aguas internacionales —lo que la sitúa fuera de la jurisdicción de Estados Unidos— y que posteriormente fue destruida por la policía local, lo que provocó la pérdida de la evidencia.
La defensa también cuestionó los intentos de vincular a Marset con el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, señalando que esas organizaciones recibieron designaciones oficiales de terrorismo por parte de EEUU después de que ocurrieran los hechos denunciados.
