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Política Alberto Iglesias | Casa de Galicia | Lacalle Pou

¿Quiénes están detrás?

Alberto Iglesias: "Me armaron una causa"

El expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias, apunta a Álvaro Delgado, Luis Lacalle Pou y la fiscal Mónica Ferrero.

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“Tengo chats que me escribió Álvaro Delgado pidiéndome ser gestor de empresas gallegas para la llegada de embarcaciones de pesca a Uruguay”, dijo el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, luego de que la Justicia penal lo condenara por apropiación indebida. Iglesias, quien está representado por los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, apelará la sentencia de primera instancia y apuntó a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, porque entiende que “instruyó para que se me investigara por la trazabilidad del dinero que ya estaba clara en febrero de 2024”.

La sentencia de la jueza Diovanet Olivera que condenó al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por el delito de apropiación indebida a pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, incluye la defensa de Iglesias acerca de la trazabilidad de la suma de 180 mil dólares. “De 14 irregularidades o figuras delictivas que se me señaló en principio, solo me condenaron con una porque las demás fueron desestimadas. Y seguramente tras la apelación quede claro que el dinero que se discute era de mi propiedad y yo se lo presté a Casa de Galicia. Es un punto que está acreditado por un informe del contador Milton Pesce”, dijo Alberto Iglesias a Caras y Caretas, y subrayó: “Una vez que el Tribunal de Apelaciones resuelva, voy a exponer ante la Justicia un sinnúmero de chats que tengo con distintas personas, entre ellas el exprosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado”.

La sentencia contra Alberto Iglesias

En tanto, en la sentencia de condena de primera instancia se indica que el fiscal Gilberto Rodríguez acusó a Iglesias del delito de apropiación indebida porque, según expuso el fiscal, la suma de 180 mil dólares no ingresó a Casa de Galicia ni se aplicó a su giro y no pudo probarse la trazabilidad del dinero. Sin embargo, los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez subrayaron que en su calidad de presidente de Casa de Galicia se dedicó a la administración y refinanciación de las deudas contraídas por la institución. Respecto al delito de apropiación indebida, indicaron que el dinero retirado de la casa de cambio Cambistar (U$S 180.000) fue utilizado para el pago de distintas deudas, las cuales se encuentran documentadas mediante facturas y documentos incorporados al informe del contador Milton Pesce.

“La trazabilidad de los 200 mil quedó clara, no solo para mí: en febrero de 2024 había quedado clara para el fiscal Gilberto Rodríguez, quien dijo que archivaría la causa por este delito”, dijo Iglesias en diálogo con Caras y Caretas. Iglesias aclaró que en ese momento estaba siendo defendido por el penalista Enrique Möller. Sin embargo —continuó—, a las pocas horas, “luego de que el fiscal Rodríguez se expresara en ese sentido, conocí que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, instruyó sobre mi causa y a partir de ahí continuó la investigación y vino la condena de primera instancia”. Iglesias se refirió también a la jueza Olivera: “Dice la jueza que la trazabilidad del dinero es dudosa porque en la contabilidad no figura como que yo puse el dinero… pero la contabilidad la hicieron luego de que me sacaron, después de que intervinieron, la pergeñaron, armaron la denuncia”.

Iglesias sostuvo que “las personas que hicieron esto deberán reparar el daño… Por eso digo que devolveré cortesías, para que ellos también recorran juzgados, porque quienes tuvieron un poder coyuntural no tienen licencia para hacer cualquier cosa”. Iglesias dijo que “en su momento ante la Justicia voy a exponer chats con conversaciones, entre otros, con Álvaro Delgado, exsecretario de la presidencia, pidiéndome —con conocimiento, claro, del expresidente Luis Lacalle Pou— que hiciera gestiones en España y Galicia para el Estado uruguayo. La idea era que gestionara que barcos de pesca vinieran al muelle de Capurro para mover la exportación de pescado desde la cámara de frío del viejo Aeropuerto de Carrasco, que está inutilizada, pero se ve que alguien los apuró y por eso me terminan sacando del medio con la denuncia de Casa de Galicia”.

En tanto, acerca del delito de insolvencia societaria fraudulenta, la jueza Olivera se inclinó por la posición de los penalistas Fernández y Domínguez: “No puede construirse una insolvencia punible de una empresa que ya está en estado de insolvencia y que lleva 15 años de insolvencia. Está fundida desde hace 25 años y sobrevivió merced a la ayuda del Estado”, sentenció.

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