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Política Ferrero | fiscal | corrupción

¿Cuándo se pasaron los límites?

Atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: todos sabían, nadie hizo nada

El atentado contra Ferrero evidencia un grave problema, nada de esto comenzó ahora, ni se arregla con renuncias. Son décadas de inoperancia. Y también de cinismo.

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Caras y Caretas Diario

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El atentado que sufrió el pasado domingo la fiscal general Mónica Ferrero expuso todas las falencias y el cinismo con el que han actuado actores políticos de todos los partidos. El Estado no supo proteger a la máxima autoridad de los fiscales, quien además es fiscal de Estupefacientes desde hace años y que ha actuado con solvencia en varias causas muy importantes.

Hace pocos días, y en el Parlamento en ocasión de discutir el presupuesto asignado al organismo que dirige, dijo al pasar que recibía amenazas permanentes de parte de narcotraficantes. En los hechos, hace unos años ya había sido agredida en la calle a pleno día y luego recibió amenazas públicas cuando un integrante de la familia Albín hizo estallar un explosivo en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Tanto el inspector (r) Roberto Rivero, exdirector Antidrogas y exdirector Nacional de Policía, como uno de sus sucesores, el inspector Julio Guarteche, habían advertido desde principios del 2000 que tanto el sicariato como los atentados contra autoridades iban a llegar a este país, porque ocurrían en toda la región. Pero a Rivero primero lo escupieron los colorados cuando descubrió determinados vínculos con el Cártel de Juárez y más recientemente lo escupió este Gobierno con la excusa de que “no calificaba para el perfil que buscaban”, aunque para hacer campaña lo fueron a buscar y calificó para presentarlo públicamente.

A Guarteche lo escucharon como quien oye un chisme de peluquería, a pesar de que advirtió, entre otras cosas, que narcos importantes tuvieron reuniones —nunca dijo públicamente con quién— en el mismo Palacio Legislativo.

Todos estaban informados de que insucesos como el del domingo podrían ocurrir en cualquier momento. Pero la ineficiencia es tal que recién el lunes, y a través de las cámaras de videovigilancia, se dieron cuenta de que el VW Bora negro, empleado para el escape de quienes ingresaron al patio trasero de la casa de Ferrero, estuvo por lo menos en cinco oportunidades dando vueltas alrededor de la manzana donde vive la fiscal, e incluso permaneció estacionado largo rato frente a la casa. A ningún visualizador le llamó la atención.

La inteligencia narco fue mucho más eficiente que la inteligencia estatal.

¿Cuándo se pasaron los límites?

Desde los más altos círculos de gobierno, así como autoridades de todos los partidos políticos hablaron de crisis institucional y de que se había pasado un límite intolerable. Ahora, en serio, ¿alguien cree que un narco de poca monta, que eso son los Albín, por más que sean peligrosos, puso en riesgo la institucionalidad del país? ¿No es un poco exagerado? Y si fuera así, entonces ¿de qué país se jactan en todos los foros internacionales?

De que fue un hecho gravísimo no hay ninguna duda, nadie quisiera pasar por una situación como la que vivió la señora fiscal. Es muy obvio que no fueron a matarla, por suerte para ella y para todos, sino a enviar un mensaje. ¿A quién? Pues a los fiscales en primer lugar, también a los jueces y periodistas, que en toda América Latina están en la lista de “ajusticiables”.

Otros oportunistas pretendieron usar el mensaje a favor. Por ejemplo, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, que al unísono dijeron el miércoles que este atentando “presupuestaba a Ferrero”, es decir, que ahora era inamovible del cargo que ocupa como suplente, que es lo que ellos quieren hace tiempo.

¿Cuándo fue el cruce de límites?

Todos deberíamos preguntarnos: ¿Cuándo se pasaron los límites? Todos deberíamos preguntarnos: ¿Cuándo se pasaron los límites? ¿Fue ahora, o fue cuando empezaron a aparecer los primeros cadáveres cortados en pedazos? ¿Fue ahora, o cuando el Gobierno de Lacalle Pou le dio un pasaporte a Sebastián Marset, el narco preso en Dubái que con ese documento logró la libertad hasta hoy? ¿Fue ahora, o fue cuando parlamentarios blancos, jerarcas de gobierno y policiales se organizaron para mentirle al senado diciendo que “no sabían que Marset era un narco”, aunque los chats de Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, los desmentía? ¿Fue ahora, o fue cuando Roberto Lafluf, asesor de Lacalle Pou, rompió documentos de Cancillería para que no se supiera la verdad? ¿Fue ahora, o fue cuando el ex presidente de la República contrató a un delincuente para que se hiciera cargo de su seguridad personal? ¿Fue ahora o cuando se suicidó Gustavo Basso probablemente por ”inversores” pesados de Conexión ganadera, o cuando se fue a vivir a Miami el “Lechuga” Campomar luego de recibir amenazas a él y su familia de narcotraficantes paraguayos? ¿Fue ahora o cuando se atentó con bombas incendiarias a cuatro vehículos estacionados en Carrasco pertenecientes a conocidos empresarios?¿Fue ahora, o fue cuando quemaron vivos a dos abogados en su rancho de las sierras de Garzón? ¿Fue ahora, o fue cuando empezaron a balear niños en los barrios pobres? ¿Fue ahora o cuando el Presidente del Directorio del Partido Nacional pretendió presionar al Fiscal de Corte porque presumía que se trataba” de un cagón.” ¿Cuándo fue que se pasaron los límites?

Desde hace años hemos normalizado tener uno o dos asesinatos diarios como “ajuste de cuentas”, dicen. Varias veces con picos de hasta 8 crímenes el mismo día. Nos acostumbramos a que encuentren cadáveres quemados o mutilados. En medio de esta vorágine de tragedias, hay un dato que llama la atención, por lo menos a nosotros: los narcos no atacan a la Policía, sus más directos enemigos. En cambio, atentan contra una fiscal que no participa de las detenciones o del trabajo de campo. En cualquier país donde opera el narcotráfico sus primeras víctimas son policías. En Uruguay no, con alguna excepción, y por suerte, aunque sea llamativo. Lo que sí sabemos es que cada poco tiempo algún funcionario policial resulta formalizado por sus vínculos con los narcos.

Pero nada de esto comenzó ahora, ni se arregla con renuncias. Son décadas de inoperancia. Y también de cinismo.

La clase de la fiscal Mirta Morales

El pasado martes la fiscal de Flagrancia Mirta Morales fue entrevistada por los colegas del informativo de Radio Sarandí. Ocurrió algo que no es habitual: no hubo preguntas; la señora fiscal, con elocuencia y claridad intelectual y de lenguaje, dio una clase casi magistral a periodistas y oyentes.

Morales dijo que "desandar este camino de violencia, que son décadas y décadas de problemas, va a llevar décadas y décadas para resolver. No hay solución mágica".

La fiscal estaba de turno la semana pasada, el día que hubo ocho asesinatos, que “pueden ser más”, informó, “porque hay personas heridas con riesgo de vida”.

Relató su periplo profesional por varias fiscalías del interior. “Estuve un tiempo en Durazno, y la verdad me aburría, porque entonces no se cometían delitos. Ahora veo en la TV o en los diarios cómo ha cambiado todo”.

Hizo referencia a las cárceles, a las que describió como “peores que mazmorras medievales”. Agregó que “son un lugar de vergüenza que socava el principio constitucional de rehabilitación. En este país, y por suerte, no hay pena de muerte ni cadena perpetua. O sea esas personas van a recuperar la libertad en algún momento. El problema es en qué condiciones”.

Morales lamentó que, en vez de que las costumbres y cultura ciudadana permearan el ambiente carcelario para comenzar la rehabilitación de los presos, “ocurre al revés, y es ese ambiente tumbero de la cárcel el que cruza los muros y se instala en la convivencia social con mayor fuerza”.

Dijo más: "A la Fiscalía la han destruido, se la utiliza y se politizan situaciones que deberían haberse, a mi juicio, resuelto en un ámbito político".

La fiscal también cuestionó a quienes critican a la institución en vez de fortalecerla: "Cada vez que veo un político atacando desembozadamente a la fiscalía, lo que veo es un corrupto curándose en salud".

La corrupción en el centro de la cuestión

Sin ninguna duda la corrupción es la madre de estos males. Hay crimen organizado, hay lavado de activos, hay narcotráfico porque hay corrupción. Si no estuviera instalada en algunos círculos estatales, en la estructura empresarial, en los bancos y cambios, en los partidos políticos, toda la actividad criminal estaría atenuada.

Toda la batalla se da en los barrios más pobres, que son también los que ponen las víctimas. El propio presidente Orsi dijo que “habrá operativos en barrios donde existan indicios vinculados al atentado contra Ferrero”.

Y si la Policía acusa a los Albín como socios de Marset, los operativos irán hacia el Cerro, a Villa Española o al Marconi. Nunca cruzarán Avenida Italia hacia el sur o irán a la Ciudad Vieja, que son lugares en los que no por casualidad hay profesionales y estudios que arman sociedades anónimas y le enseñan a los narcos a lavar su dinero. Porque el narcotráfico es un negocio por plata. Si dieran tanta plata y generaran tanta adicción los chorizos colorados, tendríamos traficantes de chorizos. Por eso combatir el lavado de dinero debe ser tarea primordial. Aunque la plata que, todos saben, se lava en Uruguay no proviene solo del narcotráfico.

¿Cuál es la respuesta institucional? Pues el Gobierno, que en campaña prometió combatir la corrupción, dejó sin presupuesto a la Jutep.

En este período se han aprobado leyes hasta para nombrar a la capital de la paella. No se ha visto ninguna iniciativa legislativa para enfrentar la corrupción. Pues lean ustedes la ley 20.347, de artículo único, aprobada en el período pasado, donde se crea la figura de “enriquecimiento ilícito”, y piensen si no es una tomadura de pelo.

Mencionan las declaraciones juradas. Pero ese documento debe ser presentado ante la Jutep, organismo al que no por casualidad dejaron sin presupuesto tanto el gobierno de la Coalición Republicana, como el actual frenteamplista. Y como no se pueden verificar, nadie puede asegurar que las declaraciones no sean falsas. Por ejemplo, el año pasado el entonces senador herrerista Rodrigo Blás tuvo que presentar tres declaraciones porque ninguna cerraba.

Y por si fuera poco, se pena más a quien meta unos gramos de marihuana a la cárcel que a quien roba dineros públicos o cobra coimas.

Los colorados dicen estar de acuerdo en combatir el lavado de dinero, pero postergaron por tiempo indefinido la aprobación de una ley propuesta por la bancada oficialista. En cambio, los blancos, por boca de la senadora Graciela Bianchi, calificaron al proyecto de ley como “una cortina de humo”. “Es una pantalla para fundamentalmente perseguir a los ciudadanos honestos y levantar el secreto bancario, ir por las libertades individuales en lo que refiere a materia financiera”.

No explicó la senadora Bianchi quiénes serían esos “ciudadanos honestos” que refiere. ¿Son los tres ediles blancos de Maldonado formalizados por estafar a la Junta Departamental? ¿Se refiere al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, formalizado por siete delitos de corrupción? ¿O a Valentina Dos Santos, formalizada por usurpación de funciones en la intendencia de Artigas? O tal vez se refiera al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, a punto de ser formalizado por conjunción de intereses. O a lo mejor se refiere a Rodrigo Blás, que el año pasado se sentó muy cerca de ella y hace unos años se había organizado para defraudar a la DGI.

Como sea, algo hay seguro. Los ciudadanos honestos no temen al levantamiento del secreto bancario, una figura casi en extinción en todo el mundo, menos en los paraísos fiscales.

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