Facundo Marziotte, edil nacionalista que apoyó a Carlos Albisu publicaba en Facebook en relación a este tema y en defensa del gobierno departamental: "Entendemos la bronca y el sentimiento de injusticia de estos trabajadores. Pero deben saber que los verdaderos responsables son quienes se llaman “compañeros”, que conociendo la situación los dejaron así y los usaron como botín político. El sindicato y el anterior gobierno de Andrés Lima, son los responsables de esta situación donde le hicieron creer a mucha gente, que con la firma entre gallos y medias noches del muy mal convenio los dejaban cubiertos, pero en realidad los dejaron expuestos a esta situación".
ADEOMS en pie de lucha
El sindicato municipal rechaza de plano la explicación oficial y se declaró en conflicto con la Intendencia. Desde la gremial se insiste en que los funcionarios en riesgo de despido adquirieron estabilidad laboral mediante un convenio colectivo, por lo que el cese constituye una violación de derechos.
ADEOMS criticó además la falta de diálogo directo de Albisu con los trabajadores y resolvió un plan de lucha que incluye paros sorpresivos, medidas de protesta y gestiones ante instancias nacionales, entre ellas el Consejo Superior de Negociación Colectiva y la Presidencia de la República. Para este lunes a las 18 horas se convocó a una movilización desde Plaza Artigas hasta la sede comunal.
Ingreso de nuevos cargos políticos
Mientras 292 trabajadores temen por su futuro laboral, la Intendencia contrató cerca de 50 funcionarios de confianza de manera directa. Según información difundida por el periodista Diego Martini a partir de un pedido de acceso a la información pública, buena parte de esas designaciones corresponde a militantes del Partido Nacional y del Partido Colorado que trabajaron en la campaña electoral de Albisu.
Militantes frenteamplistas cuestionan que los cargos de confianza pasaran de 29 a 51 en la actual administración que mantiene un discurso de "austeridad" por la "mala situación económica" de la intendencia.
Viejos cuestionamientos
La contratación de militantes recuerda a la controversia que en 2023 obligó a Albisu a renunciar a la Comisión Técnico-Mixta de Salto Grande, tras revelarse más de 30 designaciones directas bajo su gestión. Desde la oposición advierten que la situación actual repite un patrón: cesar trabajadores con estabilidad relativa y al mismo tiempo potenciar el control político de la administración.
Aunque Albisu insiste en que los ceses responden a un criterio jurídico y no político, el contraste entre despidos masivos y el ingreso de cargos de confianza profundiza la percepción de un doble estándar. Para ADEOMS y para parte del sistema político, el proceso de “ordenar la casa” es, en realidad, un ajuste que sacrifica a trabajadores mientras se premia a la militancia afín.
