Andrade destacó que el trabajo territorial de la Comisión permitió alcanzar consensos amplios en el Senado, entre ellos la aprobación del proyecto de ley que agiliza la expropiación de inmuebles abandonados con deudas compensables. “Este trabajo de capilaridad es lo que permitió que en el Senado se aprobara por unanimidad una iniciativa muy importante para atender una de las claves de acceso al suelo urbano: la vacancia urbana”, afirmó.
“No existe antecedente de una comisión del Senado que haya hecho un trabajo de este tipo en el primer año de la legislatura y sin que haya elecciones cerca”, agregó.
Las cifras de la crisis habitacional
Según el senador, Uruguay enfrenta “una situación de tragedia” en materia de vacancia urbana. De las 323 mil viviendas vacías registradas en el país, 97 mil son padrones completamente deshabitados, muchos de ellos en zonas céntricas con servicios disponibles. “Montevideo, por ejemplo, tiene potencial para resolver 47.300 viviendas sólo con esos inmuebles, sin considerar la edificación nueva. Si se aprovecharan todos, serían 78.000, más que el déficit habitacional del departamento”, explicó.
La normativa aprobada busca justamente destrabar los obstáculos legales que impiden la recuperación de esos bienes. “La norma tiene dos componentes centrales: la posibilidad de actuar por vía administrativa cuando hay riesgo edilicio o sanitario, sin tener que esperar una sentencia judicial, y que el proceso judicial pase de ordinario a extraordinario, para que con una sola instancia se pueda expropiar el bien cuando tiene deuda compensable”, detalló.
Sobre la implementación del proyecto, Andrade adelantó que el objetivo es desarrollar experiencias piloto departamentales que sigan el modelo de Montevideo, que prevé cuadruplicar la cantidad de padrones recuperados en este período. “Si tenés una fuerte cartera pública de tierras departamental, resolvés una parte del problema y, además, evitás construir en la periferia cuando tenés suelo urbano inutilizado”, sostuvo.
Andrade enfatizó que la reforma no sólo apunta a resolver la falta de vivienda, sino que "pone arriba de la mesa la discusión de una reforma urbana". "Las políticas de vivienda tienen que redirigirse no solo a resolver cuantitativamente el tema habitacional, sino también a promover la integración urbana, yendo en dirección contraria a lo que naturalmente hace el mercado inmobiliario. No por maldad: lo inmobiliario es un negocio. Entonces, ¿qué busca? Producir el tipo de vivienda que genere un mayor retorno económico. ¿A qué sector social apunta? Al sector medio-alto, y además a que esas políticas encarezcan la zona”, dijo.
El senador también recordó experiencias previas en la recuperación de fincas abandonadas, como el proyecto piloto desarrollado en Ciudad Vieja entre 2017 y 2019, que permitió expropiar 60 padrones y dar solución habitacional a más de mil familias. “Se vio la potencialidad de esta herramienta. La Intendencia recuperó 10 millones de dólares y se generó una cartera de tierras que podría servir para un fondo rotatorio destinado a facilitar el acceso al suelo urbano”, relató.
A su juicio, la crisis habitacional uruguaya se expresa con mayor crudeza en la infancia. “El dato más duro es que la mitad de los niños uruguayos vive en viviendas con precariedad”, advirtió. Basándose en un informe de la Cámara de la Construcción y UNICEF, Andrade explicó que el 17% de los hogares con niños sufren hacinamiento, frente al 0,9% de los hogares sin niños. “El niño que, por tener que usar un balde como water; o porque debe cambiar de vivienda cada tres o cuatro meses por tenencia insegura; o porque no tiene dónde apoyar un cuaderno para hacer los deberes, después arrastra problemas de salud mental durante toda su vida (...). La cuestión de la vivienda está directamente relacionada con otros problemas sociales. Ni hablar de los temas de salud: no hace falta ser especialista para saber que un niño con asma, si la casa tiene humedad, ve agravada su condición. En Uruguay, la mitad de los niños vive en viviendas con este tipo de precariedad”, subrayó.
Mientras tanto, señaló, “tenemos 97 mil padrones sin uso, muchos en zonas urbanas consolidadas”. Esa contradicción, sostuvo, revela la necesidad de una respuesta estructural y de políticas que enfrenten la segregación territorial. “Montevideo tiene menos población que hace 40 años, pero un 85% más en la periferia. Ese fenómeno es estructurante de la desigualdad. No es un tema técnico, es social y político”, afirmó.
La vivienda como derecho
Andrade defendió la idea de que la vivienda sea entendida como un derecho, y no como una mercancía. “Si la vivienda es un derecho y ese derecho está vulnerado, no estamos dando una vivienda a quien la necesita, estamos reconociendo un derecho vulnerado. Hay que mirarlo así, como una conquista de la sociedad”, sostuvo.
Por último, subrayó que la política de vivienda debe atender dos dimensiones centrales: “suelo urbano y presupuesto”. En ese sentido, destacó el incremento proyectado para los próximos años. “Habrá una duplicación del presupuesto destinado a vivienda, pasando de 350 a 705 millones de dólares, lo que permitirá una respuesta más contundente a una parte del déficit habitacional”, concluyó Andrade.
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