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Sindicales Cardama | caso |

CASO CARDAMA

Confederación de Sindicatos Industriales ve con buenos ojos rescisión contrato con Cardama

La Confederación de Sindicatos Industriales lamentó el "gran perjuicio económico" que ocasionó la compra de las dos OPV al Estado.

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La CSI saluda la decisión de rescisión del contrato pero lamentó el "gran perjuicio económico" que esta situación ha ocasionado.

En este contexto, la Confederación enfatiza que había advertido previamente sobre las consecuencias del acuerdo:

Es importante señalar que la CSI advirtió una vez y otra vez también sobre los riesgos de un acuerdo de esta envergadura en cuanto al impacto generado a las arcas del Estado uruguayo, en definitiva, a la sociedad toda", dice el comunicado.

Por otro lado, la organización sindical se expresó por la situación de los trabajadores del sector naval.

"Lamentamos nuevamente que mientras tenemos cientos de compañeros y compañeras del sector naval sin empleo y buscando alternativas de trabajo para sustentar a sus familias; se haya resuelto la fabricación de las OPV's en empresas del exterior."

De cara al nuevo escenario, la CSI expresa su compromiso de colaborar y "exhorta una vez más al Gobierno" a escuchar la visión de los trabajadores.

"Por último, la Confederación de Sindicatos Industriales exhorta una vez más al Gobierno y frente a este nuevo escenario, a escuchar y a considerar la visión de la clase trabajadora quienes, sin temor a equivocarnos, están en condiciones de brindar mano de obra calificada y confiable para tareas de esta naturaleza", finaliza la misiva.

Comunicado completo:

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El caso Cardama

El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares.

Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.

Finalmente, el actual gobierno decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas por irregularidades.

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