Entre quienes sí lo hacen figuran los frenteamplistas Patricia Kramer, Felipe Carballo o Zulimar Ferreira, y los nacionalistas José Luis Falero, Sergio Botana y Miriam Britos.
Sin embargo, apenas dos parlamentarios se identifican como afrodescendientes, en un país donde la población afro o negra supera el 10%. Tampoco hay personas transgénero o no binarias entre los actuales 130 legisladores.
La encuesta muestra un rasgo común: nueve de cada diez legisladores fueron a escuelas o liceos públicos. Además, siete de cada diez tienen estudios terciarios o de posgrado,
y el 40% es la primera generación universitaria de su familia.
Entre las profesiones más repetidas aparecen abogados (18), médicos (9), docentes (9), economistas y contadores (6). Solo un legislador tiene primaria completa.
En salud también predominan las clases medias urbanas: el 85% se atiende en mutualistas, apenas dos en ASSE —los frenteamplistas Sebastián Sabini y Estela Pereyra— y un 14% paga seguros privados. En la población general, en cambio, más del 30% depende de ASSE y solo un 3% puede acceder a cobertura privada.
En movilidad, el 27% usa transporte público de forma regular y un 29% lo hace esporádicamente. Solo el 13% nunca se sube a un ómnibus.
Las mujeres ocupan menos de un tercio de las bancas (39 de 130), el mínimo que exige la “ley de cuotas”. La cifra contrasta con la composición de la población uruguaya, donde las mujeres son el 53%.
Desde 2005, solo dos personas afro y una persona trans —la abogada Michelle Suárez, en 2017— han accedido a una banca parlamentaria. Desde entonces, ninguna figura LGTBI+ o afro ha vuelto a ocupar un escaño en el Senado o la Cámara de Diputados.
Aunque Uruguay fue pionero en aprobar leyes como el matrimonio igualitario (2013) o la Ley Integral para Personas Trans (2018), el cuerpo legislativo que las impulsó sigue siendo abrumadoramente blanco, heterosexual y de clase media profesional.
A contramano del estereotipo del político conservador, el Parlamento uruguayo parece más bien laico y moderado en sus hábitos. Solo 30 legisladores admiten consumir alcohol o cigarrillos, y uno —uno solo— reconoció el uso de drogas ilegales. En cuanto a la vida familiar, el 46% está casado, un 23% es soltero, 11% divorciado y el resto vive en concubinato o enviudó.
