Annus horribilis: una pifia tras otra

La definición de annus horribilis se remonta a 1891 cuando la Iglesia Católica estableció la infabilidad del papa. En tiempos más recientes la reina Isabel calificó como tal a 1992 cuando la monarquía fue sacudida por una sucesión de escándalos.

En 2004 la empleó Kofi Anan, secretario general de Naciones Unidas, cuando se descubrieron hechos de corrupción en el organismo con el programa “petróleo por alimentos” en Irak. La monarquía española calificó así al 2007 cuando el rey Juan Carlos debió enfrentar un escándalo tras otro, aunque se quedaron cortos porque han tenido 15 años “horribilis”.

Cuando el presidente Luis Lacalle Pou haga su balance de fin de año seguramente verá el año 2022 como un annus horribilis, porque desde el principio su gobierno tuvo un desacierto tras otro.

Hasta su vida privada se vio afectada con la separación de su esposa, Lorena Ponce de León.

La secuencia comenzó en mayo cuando se supo públicamente que la cancillería le había enviado un pasaporte a Sebastián Marset, un narco uruguayo preso en Dubái por poseer un documento falso.

El 25 de setiembre fue detenido Alejandro Astesiano, hasta ese día jefe de la seguridad presidencial, a su regreso de Costa Rica a donde habia viajado acompañando al presidente y a sus hijos en vacaciones.

Hace una semana el sitio de investigación Sudestada reveló un decreto presidencial autorizando en plena pandemia el ingreso al país del cirujano argentino Bruno Szyferman, propietario de la clínica capilar que atiende al presidente.

En las tres situaciones el gobierno se vio obligado a construir un relato que los hechos fueron desmintiendo una y otra vez. La consigna era salvar al presidente al precio que fuese, aun avasallando a las instituciones.

Marset, un narco que escapó con pasaporte uruguayo

El uruguayo Sebastián Marset contaba con múltiples antecedentes por tráfico de drogas. Y no de a gramos, sino centenares de kilos. En 2013 cayó con un cargamento de 450 kilos de marihuana trasladados desde Paraguay por un piloto de ese país, tío del entonces presidente Horacio Cartes. En 2018 fue acusado por un asesinato en Ciudad de la Costa y huyó a Paraguay.

Pero también huyó de ese país porque se enteró que la fiscalía paraguaya lo investigaba como parte de la banda de narcos guaraníes más importante y podría ordenar pronto su captura.

En 2021 quiso ingresar a Dubái, pero lo detuvieron por portar un pasaporte paraguayo falso.

Entonces empezó a gestarse una situación inexplicable, por más explicaciones que intentaton las autoridades uruguayas. Porque con una simple llamada telefónica a Paraguay se hubieran evitado un gran dolor de cabeza.

En honor a la verdad, todo este balurdo lo inició el abogado Alejandro Balbi, contratado por Marset para conseguirle el pasaporte uruguayo.

El profesional usó los contactos que le dio el fútbol para llegar rápidamente a la vicecanciller Carolina Ache, sobrina del expresidente de Nacional Eduardo Ache.

También apuró el trámite ante la Dirección de Identificación Civil y eso le costó el cargo al subdirector Alberto Lacoste, un funcionario de carrera. El único sancionado de toda esta historia con muchos protagonistas.

Hasta el momento no se sabe quién dio la orden desde cancillería para que una cónsul en los Estados árabes fuera a la cárcel de Dubái a tomarle huellas dactilares, firma y foto.

El documento se entregó a Balbi, quien a su vez se lo dio a un familiar de Marset que lo llevó a Medio Oriente.

Así, y antes que lo expulsaran a Paraguay donde sería detenido, Marset logró la libertad en el país árabe y se fugó con destino desconocido.

En 2019 se dio a conocer la existencia del autodenominado “Primer Cartel Uruguayo” y allí aparecía el nombre de Sebastián Marset. O sea, no debía ser un desconocido para las autoridades uruguayas.

El argumento que utilizaron estas fue que “un decreto del gobierno del Frente Amplio les obligaba a entregar el documento porque no había ninguna requisitoria judicial”.

Entre otros graves asuntos, Marset estaba acusado en Paraguay de ser quién había ordenado el asesinato del fiscal Marcelo Pecci mientras estaba de vacaciones en Colombia.

El semanario Búsqueda informó que “luego de quedar libre, autoridades paraguayas le confiscaron bienes por más de 100 millones de dólares a una organización criminal, en lo que supuso el mayor operativo del país contra el crimen organizado y que la Justicia de ese país acusa a Marset como uno de los cabecillas. A su vez, la Policía uruguaya lo investigaba desde 2018”.

O sea, con una llamada telefónica a Asunción hubieran evitado todo este dislate

El gobierno eligió defender lo indefendible y, por supuesto, la culpa siempre es de otros.

Pero este no fue el único lío con pasaportes.

Astesiano, el delincuente con oficina en la Torre Ejecutiva

El domingo 25 de setiembre en la noche, Lacalle Pou arribó a Carrasco desde Costa Rica, adonde viajó para tomar unos días de vacaciones con sus hijos. Junto a ellos también llegó Alejandro Astesiano, jefe de la seguridad presidencial.

Según las crónicas, porque no sabemos exactamente si no le habían avisado antes, se le informó que en la residencia de Suárez lo esperaba el director de Investigaciones del Ministerio del Interior para detener a Astesiano a solicitud de la fiscal Gabriela Fossati.

Estaba acusado de integrar una banda que vendía pasaportes uruguayos falsificados a ciudadanos rusos. Y lo hacía desde una oficina ubicada en la Torre Ejecutiva.

El martes 27 fue imputado con prisión y desde entonces se encuentra en una cárcel de Florida y allí permanecerá por lo menos hasta marzo, mientras continúa la investigación.

Pero el lunes 26 Lacalle intentó ensayar alguna explicación. Que no sabía que el encargado de su seguridad tenía 35 anotaciones policiales, algunas por delitos graves con estafa o hurto, pero después dijo que algunos allegados le habían avisado.

Que si hubiera sabido, jamás lo habría nombrado porque “no pondría a mi familia en tales manos”. Pero resulta que Caras y Caretas publicó el 28 de agosto de 2020 todas las anotaciones policiales de Astesiano. Y en 2021 las difundió radio Sarandí.

Tampoco sabía que había sido procesado dos veces, una con prisión, que cumplió en la cárcel de Las Rosas.

En una reunión del Senado, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, de quien depende institucionalmente la seguridad presidencial, aseguró que Astesiano no era el jefe, pero ese mismo día aparecieron documentos firmados por Ferrés identificándolo como tal.

Los jerarcas de gobierno presentes en la cámara alta se dedicaron a intentar desvirtuar el planteo de la oposición. Pero nunca pudieron explicar claramente por qué, cómo y sugerido por quién Astesiano había llegado a ser uno de los hombres de mayor confianza del presidente.

Todo lo que viene ocurriendo desde entonces revela al gobierno absolutamente descolocado. Porque todos los días se descubre algo nuevo.

Por ejemplo que hay dos altos jerarcas policiales investigados por hacerle favores fuera de las normas a quien hoy está preso y que en principio se negaron a declarar en Fiscalía.

El ministro Heber decidió cuestionar a los periodistas que difundieron los nombres y primero se negó cualquier tipo de sanción contra esos jerarcas, pero a las dos horas se informó que estaban “licenciados” hasta que se aclare su situación.

Aunque al otro día Heber señaló su satisfacción porque, dijo, “nosotros mismos depuramos a la Policía”.

Uno de los jerarcas investigado es el subdirector Nacional de Policía, Héctor Ferreyra, y el otro es el director de Fiscalización de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, porque Astesiano tenía una empresa de seguridad a nombre de testaferros.

La investigación fiscal ha revelado la existencia de una organización criminal que se dedicaba a obtener documentos legítimos con datos falsos. Sean pasaportes, partidas de nacimiento, cédulas de identidad y credenciales cívicas.

El presidente elogió más de una vez la separación de poderes que le permitió actuar a la fiscal Fossati. Aunque desde hace dos semanas algunos destacados legisladores de la coalición de gobierno, particularmente el senador blanco Jorge Gandini, no han vacilado en atacar duramente a los fiscales porque, según él, “las causas contra el gobierno avanzan rápido y en cambio las que hay contra el FA van muy lentas”.

El nuevo argumento del gobierno para intentar una defensa de su accionar es que se desmanteló una banda que venía operando desde el año 2013.

Y aunque no ha aportado mayor información, organizaciones criminales hubo siempre.

Claro que no todas ingresaron en 2020 a la Torre Ejecutiva de la mano del jefe de la seguridad presidencial.

Szyferman, el cirujano capilar al que se le autorizó ingresar en pandemia

El cuidado de su pelo y una incipiente pelada han preocupado a Lacalle Pou desde que asumió. Tanto que hasta su exesposa lo señaló públicamente.

Pues, justo, el pelo le provocaría otro dolor de cabeza.

El sábado pasado Sudestada informó que en plena pandemia y cuando, salvo circunstancias excepcionales, estaba prohibido entrar al país, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, firmó un decreto autorizando el ingreso al país del médico argentino Bruno Szyferman, un experto en cirugía capilar.

En el decreto del 21 de de junio de 2021 Delgado aprobó con su firma el “ingreso excepcional” a Uruguay “por razones de necesidad impostergable y de carácter urgente” del médico que dirige la clínica argentina Capilea, que cuenta con una sucursal en Uruguay en Punta Carretas.

En los documentos de migraciones de Argentina consta que Szyferman ingresó a Uruguay por tierra, vía Gualeguaychú-Fray Bentos, el 25 de junio de 2021 a las 19.48 y regresó a su país por mar, vía Buquebus, el 28 de junio, desde el Puerto de Montevideo, informó Sudestada.

Agrega que “la forma en que el Poder Ejecutivo manejó de manera discrecional el ingreso de no residentes al país durante la pandemia está en cuestión desde que trascendió la autorización también firmada por Delgado para la entrada al país de los ciudadanos rusos Andrey Valerievich Kashtanov y Olesia Sergeevna Dzhumelia, dos supuestos cómplices del exjefe de la guardia presidencial Alejandro Astesiano en la red que falsificaba pasaportes uruguayos”.

Pero, además, eran tiempos en los que muchos uruguayos no podían ingresar a acompañar a familiares enfermos de covid o incluso a enterrarlos.

Tanto Presidencia como el propio Szyferman desmintieron que el médico hubiera tratado al presidente. Delgado dijo que se autorizó su ingreso “por razones empresariales” y el médico porque reconoció que “no puede trabajar en Uruguay”.

Sin embargo, otra publicación de Sudestada los desmiente a ambos: el lunes pasado el sitio publicó una captura de la cuenta de Instagram del médico fechada el 27 de junio de 2021, donde se lo ve de bata de cirujano junto a cuatro funcionarias de la clínica Capilea con el texto “El mejor equipo de transplante capilar que tiene Uruguay”.

Ese día, según los registros de Migraciones, Szyferman estaba en Uruguay.

¿Cuál sería el problema grave? Ciertamente no lo es el pelo del presidente, salvo para él mismo.

Si se prueba que Delgado firmó un decreto autorizando el ingreso del cirujano para operar al presidente, podría haber incurrido en abuso de poder.

Y el médico habría violado la ley, ya que ningún profesional extranjero puede actuar en el país sin revalidar su título y registrarse en el MSP.

Un lío al pelo en un annus horribilis para el presidente.