En ese sentido, destacó que universidades y centros de investigación utilizan cantidades crecientes de datos y requieren capacidad de cómputo para procesar información. Una infraestructura nacional permitiría, además, que datos producidos en Uruguay no tengan necesariamente que ser alojados en servidores ubicados en otros países.
Soberanía digital
Para Álvarez, allí aparece uno de los principales conceptos detrás de la inversión: la soberanía digital. La existencia de infraestructura física pública permitiría reducir la dependencia de proveedores internacionales y mantener abiertas las opciones del país frente a los cambios tecnológicos.
El vicepresidente de Antel planteó que Uruguay no puede aspirar a producir todos los componentes tecnológicos que utiliza, como los microchips, pero sí puede desarrollar capacidades propias que le permitan tomar decisiones con mayor autonomía. En su visión, disponer de infraestructura nacional constituye una forma de reducir dependencias y preservar capacidad de decisión.
La discusión, sostuvo, también debe involucrar al Estado y al Parlamento. Antel no debería definir por sí sola qué información debe permanecer bajo resguardo nacional. Esa definición corresponde a la legislación, que además de contemplar los datos personales debería avanzar sobre otros conjuntos de información, como los vinculados con la movilidad, el transporte y otros servicios, que pueden adquirir un alto valor económico o estratégico.
Costos ambientales
El proyecto también contempla los costos ambientales asociados al funcionamiento de los data centers, particularmente el consumo de agua y energía. Álvarez destacó que el actual centro de Pando utiliza una tecnología cuyo consumo de agua es reducido, equivalente aproximadamente al de diez hogares al mes, y que el nuevo proyecto utilizará el mismo sistema.
La expansión de estas infraestructuras genera actualmente debates en distintos países por su elevado consumo energético. Según Álvarez, la discusión internacional está pasando de promover la instalación de data centers a preguntarse quién asumirá los costos de la energía y de otros recursos necesarios para sostenerlos.
Antel y la soberanía
Para el vicepresidente de Antel, esa discusión tecnológica está directamente relacionada con la geopolítica. La inteligencia artificial, los datos, las telecomunicaciones y la infraestructura necesaria para procesarlos forman parte de una disputa internacional por poder y capacidad de decisión.
En ese escenario, el nuevo data center es presentado como una inversión empresarial de Antel, pero también como una infraestructura pública destinada a ampliar las capacidades tecnológicas del país y reducir su dependencia frente a un sector cuyo crecimiento está modificando la economía y las relaciones de poder a escala global.
