Caras y Caretas consultó al fiscal que encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, quien negó este punto. Perciballe sostuvo en principio que en el párrafo 254 de la sentencia del triple homicidio de Brazo Oriental dice que “todos los órganos del Estado deben colaborar con la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad y precisamente la CIDH viene a controlar si el Estado colabora o no con la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad”. Añadió que “es un disparate decir que hay 20 causas” (la Fiscalía especializada tiene unas 150 causas en las que deben probarse hechos perpetrados hace más de 40 años).
Perciballe recordó que en los próximos días se hará una ampliación de la formalización de uno de los imputados en la causa de Bella Unión, pues de la investigación surgió que “se perpetraron delitos sexuales contra niños, hombres y mujeres que ni siquiera eran militantes del MLN”, al tiempo que Perciballe indicó que en pocas semanas se formalizará a una persona por la desaparición de José Arpino Vega, como ya lo informara Caras y Caretas. Acerca de los dichos de Ferrero en la Comisión de Hacienda, Perciballe dijo que “transmití a una persona en común con la fiscal Ferrero que con el paso del tiempo las causas se resuelven y llegará un momento en que la fiscalía ya no tenga sentido, pero claro que ahora no es el momento”, dijo el fiscal. Además, añadió, “por un tema de delicadeza, pues yo soy más antiguo que ella, podría haber llamado; pero sin tomar en consideración mi respuesta va al Parlamento y dice esos disparates”, agregó Perciballe.
Además de que agregar competencias a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad es opuesto a la ley de creación de esa fiscalía, Perciballe sostuvo que es “lo contrario a la obligación internacional del Estado”. En la Comisión de Hacienda, la fiscal de Corte dijo con respecto de las fiscalías que “hay que cumplir con el servicio y no voy a tener una fiscalía de alto costo, con veinte causas durante todo el año, cuando hay otros que tienen mil quinientos casos en la bandeja. Las voy a anexar y se los digo porque después aparecen las quejas y salen a la prensa. Esa es la triste realidad; nosotros estamos administrando como podemos y hay que darle una respuesta a la sociedad. Adelanto que, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se va a eliminar, pero se le van a agregar competencias. Aclaro, por lo que me han dicho, el fiscal no está en desacuerdo, y esa es la necesidad de la Fiscalía”.
Con respecto a cómo alivianar el trabajo de los fiscales, Ferrero estimó que “quizás haya que aumentar las horas de detención de los imputados eso también puede ser una reforma en el código para que, en vez de estar 24 horas, estén, como sucede con otros códigos, 72 horas por decir algo, y así darles un respiro a los fiscales”. Cabe recordar que los artículos 15 y 16 de la Constitución dicen exactamente lo contrario a los dichos de la fiscal. Y por otra parte, sobre las decisiones de la Fiscalía que fueron recientemente revocadas por el Ministerio de Educación y Cultura decisión que el MEC puede tomar porque la Fiscalía es un Servicio Descentralizado, Ferrero dijo en el Parlamento que sería conveniente que la Fiscalía sea un ente autónomo que, aunque también puede ser controlado por el Poder Ejecutivo (artículos 197 y 198), no está bajo la tutela administrativa del Poder Ejecutivo y los recursos que se presentan son estudiados por el mismo órgano que dictó el acto (en este caso la Fiscalía) y luego el recurso de anulación va directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin pasar por el Ejecutivo.
Fiscalía de Homicidios, testigos protegidos y víctimas
La Asociación de Fiscales del Uruguay también concurrió a la Comisión de Hacienda del Senado, días después de la visita de Ferrero en ese mismo ámbito. “Una reivindicación que estamos planteando desde hace un tiempo es contar con un fiscal de Corte efectivo y definitivo. Reiteramos esta solicitud de que se concrete definitivamente, de una vez y por todas, el nombramiento de una o un fiscal de Corte efectiva o efectivo”, y agregaron que “la situación de interinidad, que se prolonga desde hace años, genera inseguridad institucional”. La presidenta del gremio de los fiscales, María Claudia González, dijo que “por otro lado (la fiscal Ferrero) ha adoptado decisiones institucionales de enorme trascendencia, por ejemplo, el traslado de las fiscalías de Homicidios en Montevideo de la sede Cerrito a la sede 25 de mayo. Eso supuso problemas de seguridad importantísimos para quienes, como nosotras, trabajamos en esa fiscalía de la calle 25 de Mayo (en la Fiscalía de Delitos Sexuales)”. González describió que “no están dadas, en ese edificio, las garantías de seguridad necesarias, no solo por el tipo de público que la fiscalía de Homicidios tiene, sino también por el tipo de testigos que maneja, testigos reservados, testigos protegidos, porque ese edificio no tiene, por ejemplo, un lugar para acogerlos en debida forma, lo que significa, además, inseguridad para ellos. ¿Qué genera esto? Como dije antes, genera impunidad en el sentido de que, si no contamos con estos testigos, en muchos de estos juicios de homicidio no podemos llegar a una sentencia favorable”. Por lo tanto, siguió González, insistimos en la necesidad de una conducción institucional estable, efectiva y legitimada, para proyectar políticas de mediano y largo plazo.
Por otra parte, la Asociación de Fiscales reclamó en el Parlamento sobre las condiciones de trabajo: “Faltan espacios adecuados de alimentación; dicho en criollo: comemos al lado de la computadora, y el personal de servicio, que hace la limpieza del edificio, come en el mismo lugar donde va al baño y donde se cambia. Existen situaciones de hacinamiento, como en el caso de la Fiscalía de Maldonado. Hay sedes con graves problemas edilicios, como, por ejemplo, la sede de Salto, donde había roedores y se tuvo que hacer toda una reestructura del piso de esa fiscalía por esta situación. En la sede de 25 de Mayo, así como en algunas sedes del interior, se han denunciado situaciones preocupantes. Este es el ambiente de trabajo en el que funcionan hoy las fiscalías o, dicho de otra forma, quienes llevan adelante la persecución penal en el Uruguay”.
Por otra parte, el gremio de fiscales también denunció la diferencia salarial entre los fiscales adscriptos y adjuntos, al tiempo que recordó la diferencia que existe entre los ingresos de los fiscales y los jueces. “Estamos hablando de que hay casi 300 fiscales que reivindican una cifra cercana a U$S 5.000.000, que es lo que se solicita en el juicio”.
El gremio de los fiscales también criticó la última resolución de la Fiscalía General de la Nación que indica que “ha hecho un ahorro con el rubro 0, es decir, con los sueldos, tanto de los funcionarios como de los fiscales. Se ha hecho un ahorro de $123.000.000”. Ese ahorro viene dijo González de no proveer esos cargos. “Lo que me pregunto es quién está realizando la tarea de esos cargos que no se proveen. La Fiscalía no les paga las subrogaciones a los fiscales que son del mismo rango, sí a los que son de rango inferior, pero eso no obsta para que hoy, por ejemplo, en la Fiscalía de Flagrancia, haya fiscales que están cubriendo tres fiscalías estando de turno”.
Por otro lado, la presidenta del gremio se preguntó para qué la fiscal Ferrero plantea pagar un alquiler de 400 mil pesos para instalar una escuela de fiscales. González dijo que tal propuesta es una decisión del siglo XIX: “Hoy todos nosotros hemos hecho cursos del extranjero sentados cómodamente en nuestros hogares”. La presidenta del gremio rechazó que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, se pronunciara sobre las fiscales embarazadas como si fueran un problema para el funcionamiento: “Creemos que hay que erradicar todo sesgo de género, porque ha sido muy dura la tarea que han tenido las mujeres para llegar a donde están. Que la propia jerarquía, hoy ejercida por una mujer, tenga este sesgo de género nos parece terrible”.
