Según supo Caras y Caretas, los defensores públicos indican que la falta de recursos se traduce en la indefensión de sus representados y en la falta de defensores que se especialicen por materia, como sí está dispuesto en el caso de los fiscales. La defensa —sea pública o particular— es la parte que se opone a la acusación presentada por los fiscales. Caras y Caretas conoció que los distintos grupos narcos, en general, son representados por abogados particulares, pero en esta oportunidad, su sola presencia en el juzgado o en Fiscalía haría identificar a qué grupo narco pertenecen los ahora formalizados por parte de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano. Consultados distintos defensores públicos, indicaron a Caras y Caretas que “la articulación de la defensa de los imputados —sean los indagados por el atentado a la fiscal de Corte como cualquier otra persona imputada o denunciada por la comisión de un determinado delito que apela a la Defensoría Pública— está vinculada con la carencia de presupuesto porque las condiciones de trabajo hacen a la indefensión de los imputados”.
Los pobres tienen menor acceso a la justicia
Hasta ahora, las medidas tomadas por la Asociación de Defensores Públicos son: suspensión de la atención al público una vez por semana; no hacer subrogaciones entre defensores; sólo hacer trámites para el pedido de pensión alimenticia, ratificación de tenencia; presentación de escritos a la Justicia con las distintas peticiones sólo los días jueves; suspensión de la atención de imputados citados por Fiscalía hasta la resolución del conflicto, entre otras medidas. “Si bien tenemos varias reivindicaciones, este año nos concentramos en dos principales: en la necesidad de aumentar la cantidad de cargos, que actualmente alcanza a 317 defensores de oficio para todo el país, con el fin de garantizar el servicio y, por otro lado, la adecuación salarial que nos adeudan desde el año 1991”, dijo la vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos, Lucía Long, a Caras y Caretas, y agregó: “Hicimos un relevamiento que arrojó que son necesarios 147 cargos” y subrayó que “somos los únicos operadores del Poder Judicial que no tenemos ni siquiera un cargo suplente, lo que implica que cuando hay una licencia se le suma cubrir los casos que tiene el compañero que está ausente por ese motivo”, describió Long.
“Los defensores públicos del departamento de Artigas nos dicen que tienen espera de 3 meses para la presentación de solicitudes de pensión alimenticia y comparamos que, si la persona se puede pagar un abogado particular, hoy concreta la entrevista con el abogado y quizá demore dos o tres días en hacer el escrito y en otros dos o tres días más presenta el pedido de pensión alimenticia provisoria. Quien no tiene para pagar y depende de la Defensoría Pública y en varios puntos del país se pueden esperar 3 meses para hacer el mismo trámite que, si se hace en forma particular, es cuestión de días”. La vicepresidenta de la Asociación resumió: “Es brutal la desigualdad en el acceso a la Justicia”. Los compañeros en penal —continuó— se toman su licencia reglamentaria para poder preparar un juicio oral porque no hay tiempo material con la dinámica penal, no da el tiempo para la preparación de los juicios y llegamos muchas veces con una posibilidad de preparación que no es la ideal, advirtió Long.
La defensora, quien estuvo sola 9 meses en un departamento del interior cubriendo la materia Familia Especializada (que atiende casos de violencia intrafamiliar y de género), dijo que se han dado casos “en los que muchos denunciados no reciben asistencia, llegan a tener audiencia sin defensa que en ocasiones implica el extremo de que el juez decreta la colocación de un dispositivo electrónico, sin presencia de defensor porque directamente no se cuenta con cargos suficientes. Long dio cuenta de lo que ocurre en el departamento de Rivera: “La realidad es que en ese departamento hay 800 presos sin abogado”. Consultada sobre las consecuencias que existen sobre una audiencia judicial que no cuente con defensor para el imputado o denunciado, Long respondió que “sería una resolución nula, pero los Juzgados de Familia están saturadísimos y es inimaginable pensar que se apele y el resultado de ese recurso de apelación venga luego de 5 meses”.
Datos que ayudan a ilustrar el problema de la justicia
Según estadísticas del Poder Judicial, en el año 2023 un total de 230.000 personas consultaron por distintos motivos a la Defensoría Pública, al tiempo que se verificó que entre 2022 y 2023 las consultas crecieron 35 %. “Estimamos que a 2025 creció en igual porcentaje el número de casos atendidos por la Defensoría”, dijo Long. Acerca de las personas que pueden acceder a la Defensoría Pública, sólo lo pueden hacer personas con ingresos menores a 19 mil pesos cuando no tienen cargas familiares; y, cuando sí las tienen, pueden consultar quienes perciban menos de 39 mil pesos. “Tenemos leyes muy intuitivas pero que hacen a aumentar la judicialización, es la de Familia, una materia que no tolera más sobrecarga de trabajo”, definió Long. Formalmente, añadió, “no tenemos capacitación como sí tiene Fiscalía”, y además de eso “la semana pasada una jueza nos denunció por ingresar tarde a una audiencia cuando una de las abogadas que iba a participar de la defensa pública del imputado estaba en otra audiencia, estaba por otro caso distinto.
Otra de las desigualdades que los defensores revelan es que en la mayoría de los departamentos los fiscales triplican a defensores: existen tres defensores públicos en Las Piedras y 12 fiscales, y en Montevideo existen 30 defensores públicos y 126 fiscales especializados, la mayoría, por materia. La desigualdad existe frente a los fiscales —dijo Long— y se traduce en la defensa de las personas que llegan a la Defensoría Pública que, en muchas oportunidades, se vuelven a su casa sin conocer a su abogado.
