El senador por el Movimiento de Participación Popular Charles Carrera Leal salió el lunes a contestar las declaraciones del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien dijo que en el Frente Amplio “algunos hacen politiquería con la salud”.
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“¿Politiquería? ¿Cipriani quiere saber cuán serias son nuestras denuncias? El Frente Amplio considera ilegal la contratación de la empresa ITHG (ITHG Proveedores Marítimos SAS) para traslados especializados y no especializados. Estos gastos fueron observados por los delegados en el año 2021, por un monto de $23.455.315”, afirmó Carrera en un hilo publicado en su cuenta de Twitter.
Aseguró que la fuerza política de izquierda denunció que la observación a la contratación de ITHG se respalda en la vulneración del artículo 211 literal B) de la Constitución de la República, artículos 33, 43, 50 e inciso primero numeral 5) del artículo 46 del TOCAF, entre otros.
“El Frente Amplio denunció que ASSE recortó casi 800 millones de pesos en medicamentos, dejando desabastecidos a los sectores más vulnerables de la población. Denunció, además, la falta de cobertura de especialistas, como es el caso de los anestesistas. Y puede seguir denunciando irregularidades en ASSE, que lejos de ser politiquería, las denuncias son producto de las vulneraciones y privaciones que viene sufriendo gran parte de la población”, agregó.
Las autoridades de ASSE concurrieron el viernes al Parlamento para explicar cómo fue el proceso por el que la empresa ITHG recibió contratos en servicios de traslados en ambulancias.
La diputada Lucía Etcheverry dijo el viernes en su cuenta de Twitter que existen “graves irregularidades” en ASSE.
“Recibimos a sus autoridades en la comisión de salud para que expliquen la contratación de una empresa marítima para brindar traslados de pacientes por 13 millones de dólares. Quedó demostrado lo denunciando. Explican que esto se hizo en el marco de la pandemia y sin embargo la empresa sigue contratada hasta el día de hoy y las mayores facturaciones son posteriores al fin de la emergencia sanitaria”, agregó.
Indicó que no hay norma que permita la contratación de la forma en qué se hizo. “Que ASSE necesite ser más eficiente no significa ignorar la ley y descuidar los fondos públicos y la calidad asistencial. Si se necesita legislar en tal sentido, hagámoslo en esa dirección”, reflexionó.
Durante la presentación en el parlamento, ASSE defendió la legalidad de las compras señalando que permitieron mejorar el sistema y ahorrar dinero.