Sostiene que "ni los trabajadores organizados ni la ciudadanía han tenido acceso a la fórmula económica ni a las cláusulas de este contrato energético" antes del "cierre del acuerdo" anunciado en los medios.
Subsidio a HIF Global
Entiende AUTE que los términos del acuerdo suponen un "subsidio millonario y riesgo patrimonial para el Estado". En este sentido, advierte que el "pliego tarifario especial generará un perjuicio estimado en decenas de millones de dólares anuales para UTE".
A esto se agregan lo que califican como "tarifas de privilegio corporativo", ya que "mientras UTE paga un promedio de US$ 80 por MWh a los generadores privados, la fórmula negociada con HIF Global busca garantizarles un costo de energía de apenas US$ 40 por MWh (el 50% del valor de mercado)".
En consecuencia, "este déficit descapitaliza a la empresa pública", afirma. "Advertimos que la pérdida de ingresos podría generar impactos en la calidad de servicio, en las tarifas residenciales, recorte de inversiones en infraestructura eléctrica y la disminución del presupuesto para políticas sociales y pymes", agrega.
Entrega de soberanía
Más adelante, sostiene AUTE que el acuerdo supone una "entrega de soberanía" y un "modelo extractivista", ya que "el agua de nuestros ríos y la energía renovable de la matriz eléctrica —financiada por toda la población— se entregarán a un enclave privado para producir e-combustibles destinados exclusivamente a los mercados de Europa y Asia".
Asimismo, afirman que el megaproyecto "no está diseñado para abaratar la energía de los hogares uruguayos ni para transformar la matriz de consumo interna; su único fin es garantizar la rentabilidad de una corporación extranjera".
Reclama transparencia
En consecuencia, AUTE entiende que "los puestos de trabajo temporales de la fase constructiva no pueden ser la moneda de cambio para hipotecar el patrimonio nacional".
Igualmente, expresa su respaldo a las organizaciones sociales y vecinales que exigen el acceso real a la información ambiental y económica. Por lo tanto, exige que "el gobierno haga públicos de forma inmediata todos los documentos, estudios de impacto y contratos a firmar con HIF Global".
