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Política

La seguridad como eje en la agenda

Cabildo Abierto pone el énfasis de su programa en los problemas de seguridad

El programa de Cabildo Abierto pone énfasis en una agenda de medidas de seguridad partiendo de la base que debe considerarse un estado de emergencia.

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El programa de 116 hojas de Cabildo Abierto tiene como su primer capítulo el tema Seguridad, luego de una fundamentación donde coloca el tema de consumo problemático de sustancias y algunas criticas a la gestión del actual gobierno en la materia, proponiendo algunas medidas.

Estado de emergencia nacional en seguridad pública

Titulado así el primer capitulo el programa que cuenta entre otros asesores en la materia con Sánchez Paleo, analiza y propone una serie de medidas para dar respuesta a lo que entienden, es una suerte de mexicanización del delito en Uruguay.

Propone "Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República".

Para ello entiende necesario definir una serie de medidas territoriales que menciona como capas de seguridad: Primera capa de seguridad. Blindaje de fronteras; segunda capa Recuperar el control de las rutas y una Tercera Capa de Seguridad de Jefaturas, Zonas y Seccionales Policiales, buscando recuperar el dominio territorial urbano y rural.

Se plantea una mayor despliegue territorial de la Guardia Republicana y vuelve a plantear el tema del Serenazgo, integrando personal policial y militar en situación de retiro y aptos para tareas de vigilancia.

También plantea la "Seguridad y vigilancia en Centros Educativos del Estado. Establecer un Sistema de Vigilancia Física con Serenazgo, Sistemas de Detección con reporte a Centros de Operaciones Zonales y Respuesta ante eventos. Implementar en conjunto con ANEP, Sistemas de Iluminación de Protección en Centros dependientes. Organizar Patrullaje diurno en áreas próximas a Centros de Estudio Públicos para proteger el desplazamiento y concurrencia de estudiantes".

Crimen organizado trasnacional, lavado de activos y ciberseguridad

En el combate a éstos delitos propone "la creación de una Agencia Nacional de Protección contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional en la órbita del Ministerio del Interior. Tendrá la misión de asesorar, planificar, coordinar y supervisar las tareas de inteligencia, operaciones y logística en lo relativo a dichos delitos. Auxiliará a las Fiscalías especializadas para combatir todas las modalidades de amenazas".

Propone el fortalecimiento de la Brigada antidrogas y entre otras medidas para el combate al crimen organizado, "Promover una Ley Anti Corrupción y Mafias, crear el delito de Chantaje Civil y la figura del “informante financiero”, que monitoree el flujo de dinero, las organizaciones criminales y quienes las favorecen ampliando la capacidad del Estado para combatirlas. Fortalecer la capacidad investigativa en la materia de la Fiscalía General, UIAF, Ministerio del Interior y Superintendencia de Servicios Financieros. Revisar las obligaciones en materia de anti lavado de zonas francas y organizaciones sin fines de lucro y de otros sujetos obligados (incluir los Clubes Cannábicos), así como ayudarlos a cumplir sus controles".

En el tema Aduanas y Fronteras entre otras medidas propone aumentar el número de escáneres en el Puerto de Montevideo, "a disposición para el Programa de Control de Contenedores acorde el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Extender el Programa de Control de Contenedores a los Puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos en el período de gobierno".

En temas de ciberseguridad entre otras medidas incluye "Conformar en el ámbito de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) la Agencia Nacional de Ciberseguridad con la misión de gestionar los riesgos de ciberdelitos, para incrementar la seguridad y resiliencia de los sistemas nacionales de información, así como la información nacional, permitiendo la protección de la conectividad, el desarrollo del gobierno electrónico y el trabajo de los habitantes del país en el ciberespacio nacional", y "Legislar sobre la inteligencia artificial, su empleo y aplicación en seguridad, particularmente el reconocimiento facial y la identificación de placas matrículas, asegurando que los softwares a emplear no introduzcan sesgos que puedan considerarse violatorios de los derechos individuales y del adecuado tratamiento de datos personales".

En temas cárceles propone el Trabajo Obligatorio y la creación de una cárcel de Máxima Seguridad "con destino a personas peligrosas y provenientes del crimen organizado, con aislamiento y suficiente grado de seguridad y protección con empleo de alta tecnología disponible y suficientemente probada. Su ubicación dependerá de un estudio de seguridad territorial previo que pondere todos los factores de acuerdo con las prácticas internacionales".

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