Caggiani: «Hay algo que huele a podrido»

El senador frenteamplista Daniel Caggiani fue una de las primeras voces que se alzó para cuestionar las respuestas de los secretarios de Estado y consideró que estamos ante un escándalo de dimensión internacional por la cantidad de países que hoy investigan al creador del Primer Cártel Uruguayo.

“Hay algo que huele a podrido”, señaló el legislador del MPP y expresó su preocupación fundamental por que esto que sucedió no se trate de un hecho aislado, “sino algo “más complejo, más profundo que se haya ido consolidando en el Estado uruguayo, en la sociedad uruguaya”.

Caggiani habló con Caras y Caretas y manifestó lo extraño de que este gobierno, que dice haberle declarado la guerra al menudeo de drogas en los barrios de Montevideo, le otorga el pasaporte para que recupere la libertad a uno de los mayores narcotraficantes de la región.

¿Por qué piensa que no se trata de un hecho aislado?

Porque estamos hablando del otorgamiento por parte del gobierno uruguayo de un pasaporte a un narcotraficante muy importante de Uruguay y de la región y que además tiene nexos con el narcotráfico internacional y el crimen organizado. En realidad, si uno analiza la situación que se está dando de narcotráfico en Uruguay, es una situación de extrema gravedad. Este gobierno le ha declarado la guerra al narcotráfico, sobre todo al microtráfico y ha hecho de esa consigna una supuesta política de estado, intentando cerrar bocas de pasta base en algunos barrios de Montevideo y en el interior del país, pero en realidad lo que uno está constatando es que hay un aumento considerable de la violencia, hay una aumento considerable de los casos de descuartizamiento de personas, de la ejecución, de incineración de personas vivas por diferentes motivos y eso, aparentemente, se empieza a instalar como moneda corriente en Uruguay.

No solo está pasando en Montevideo, sino que ya en algunas localidades del interior fronterizo, lo cual genera otro tipo de consecuencias de la convivencia ciudadana. Porque ya la cultura del apretamiento, de la impunidad, se empieza a inocular en la sociedad y esa es la peor enfermedad para un Estado democrático, yo creo que tiene esa gravedad y que además genera mucha duda de que esto no sea algo más complejo, que sea una punta de iceberg enraizado. Esperemos que eso no sea así.

¿Qué opinión le dejaron las explicaciones del ministro del Interior?

Las explicaciones que dio el Ministerio del Interior nos dejaron más preocupados, porque básicamente la solución que ellos proponen para este gran problema pasa por cambiar un decreto sobre la forma de entregar los pasaportes. Y, en realidad, esto requiere soluciones de carácter global, sobre todo con talante nacional y con búsqueda de desarrollar un gran acuerdo nacional en aspectos que tiene que ver con el combate al lavado de activos, al crimen organizado, desarrollo y fortalecimiento de los organismos de contralor.

También tiene que ver con el fortalecimiento de la transparencia de los partidos políticos, y de por lo menos, una batería importante de medidas que tengan que ver con establecer en nuestro Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, es una forma también de combatir este tipo de problemáticas. Por lo tanto, no alcanza con cambiar un decreto, tiene que haber una globalidad y tiene que haber carácter nacional para eso y lamentablemente la interpelación nos dejó con gusto a poco.

¿Cómo vio la actuación del gobierno en este tema?

Yo creo que el gobierno hizo todo lo posible para no dar la cara, y no solamente no dan respuesta a las inquietudes que la sociedad hoy tiene, sino que hizo todo lo posible para ocultar esta problemática. Eso es lo más grave de todo porque el accionar del gobierno puede tener problemas de coordinación de las agencias estatales en materia de ataque a este fenómeno tan complejo como el narcotráfico, pero lo que tiene que haber es una respuesta inequívoca de las autoridades políticas de que esto no puede ser moneda corriente. Lamentablemente desde el presidente de la República para abajo no hubo esa señal política clara.

Es más, el presidente que hasta la semana pasada hablaba sobre todo y opinaba hasta de la venida de Suárez a Nacional, no ha dicho una sola palabra de este tema.

¿Le parece que no se le ha dado la importancia que el tema tiene realmente?

El gobierno no se la dio. O de lo contrario no estaría ocurriendo que un narcotraficante, una especie de Pablo Escobar uruguayo, mande videos a los medios de comunicación, dando su versión y que el gobierno haya sido quien le entregó un pasaporte para que pueda escaparse de la cárcel de Dubái. Es muy grave lo que pasó y sin dudas tiene una relevancia fundamental en la que no puede haber dos lecturas. Lamentablemente el silencio parece, por lo menos, amparar una de ellas.

Pero se resolvió cesar a un jerarca.

Yo creo que también lo otro es que aparentemente el gobierno termina haciendo lo que se hizo muchas veces en Uruguay en la década del 90, que es cortar por el lado más fino. Aquí el gobierno nos decía que no había ningún problema. El ministro del Interior decía públicamente que no entendía por qué el Parlamento lo convocaba a una interpelación, y resulta que nos enteramos en la propia interpelación que las autoridades del gobierno nacional se reunían con los abogados de narcotraficantes mientras se tramitaba el pasaporte y hasta se tomaron medidas para apurar su entrega, llegándose al extremo de que se lo entregó en mano en vez de mandarlo por valija diplomática, que iba a tardar casi un mes.

Lo insólito del caso es que, mientras las mismas autoridades del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores estaban en averiguación de la situación de esta persona, un jerarca apuraba el trámite de su pasaporte para que pueda quedar libre.

Recién la semana pasada los dos ministerios se pusieron a investigar qué fue lo que pasó, cuando el tema tenía una urgencia de un año por lo menos. Pero bueno, por lo menos es una investigación al fin, aunque el hilo se termina cortando por lo más fino y siguen sin asumirse las responsabilidades políticas.

¿Qué medidas considera que se deberían tomar?

Sobre todo, que el presidente de la República dé una señal a la sociedad con una medida aleccionadora. Lamentablemente, eso no va a pasar. El gobierno ha usado excusas diciendo que esto es un problema de un decreto del gobierno de Mujica, es un problema de una redacción de un decreto.

El problema no estuvo en el decreto, sino en su interpelación. Si las normas tienen diferentes interpretaciones, por lo menos hay varias bibliotecas para interpretarlas, en este caso, lo más indignante es que el gobierno interpretó la normativa para darle un pasaporte a un narcotraficante en favor de los intereses del narcotraficante y no a favor de los intereses de la seguridad ciudadana y de la seguridad del país. Creo que eso es lo grave porque al mismo tiempo que esta persona estaba tramitando el pasaporte, los organismos encargados de investigar el tráfico de drogas había informado meses antes a la Secretaría Antidrogas de Paraguay que esta persona era muy compleja y habían solicitado su retención. Por lo tanto, ¿cómo se entiende que, al mismo tiempo, el gobierno le entregue un pasaporte?

Yo creo que esta falta de coordinación, ya sea por negligencia impericia, ineptitud o dolo, no puede ser tolerada.

¿Cree que con la interpelación se cerró este capítulo?

Yo creo que con eso no se cerró el capítulo, pero bueno, esto es una medida típica de los 90, cortar por el lado más fino, no asumir las responsabilidades, no hacerse cargo. Todo lo contrario a lo que el presidente dijo que iba a hacer en campaña nacional, que venían a hacerse cargo. No deciden tomar el toro por las guampas. Yo creo que también es una medida equivocada desde el punto de vista de la señal que se da hacia adelante porque la Policía nacional está dando un combate frontal al narcotráfico, al microtráfico, y en cierto sentido al narcotráfico más pesado.

¿Por qué es una mala señal para la Policía?

Lamentablemente este gobierno desestabilizó la dirección general de narcotráfico ilícito y sobre todo sus autoridades, que eran un equipo que venía trabajando en una especie de política de Estado, que se venía aplicando desde el gobierno de Batalle. Este gobierno lo primero que hizo fue descabezar eso, que tenía grandes resultados. Y en vez de fortalecer ese equipo de trabajo, se generó una ruptura y ahora terminan haciendo responsable a un oficial, que seguramente tenga responsabilidad, pero no tomando la responsabilidad que corresponde.

Esto es una muy mala señal para los efectivos policiales, los oficiales y los suboficiales que todos los días están trabajando para desactivar bocas de pasta base y tratar de investigar la trama de narcotráfico en Uruguay y la violencia que se da en consecuencia.