En la madrugada de este viernes culminó la interpelación al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por el proyecto que busca sacar agua potable del Río de la Plata: el proyecto Arazatí o Neptuno. El ministro recibió el respaldo de la bancada oficialista, no así desde la oposición, que criticó lo actuado por la cartera.
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El miembro interpelante, el diputado Felipe Carballo, aseguró que el proyecto Arazatí "es ilegal e inconstitucional". También apuntó al costo que tendrá la obra para OSE, "casi 900 millones de dólares en total". En otro punto aseguró que la iniciativa privada que aceptó el gobierno para armar el pliego de licitación, en realidad se basa en un proyecto original de OSE que desarrolló durante décadas el actual gerente general de OSE Arturo Castagnino.
El ministro de Ambiente resaltó que la presa de Casupá confluye con Arazatí y refutó que ese proyecto hubiera sido una solución frente a la crisis hídrica, porque no hubiera estado en funcionamiento.
Junto al ministro y el subsecretario Gerardo Amarilla, ingresaron a sala distintos jerarcas del Ministerio de Ambiente y autoridades de OSE: su presidente Raúl Montero y el gerente general Arturo Castagnino.
Por su parte el diputado Felipe Carballo dijo al comienzo del debate que el ministro fue a la Cámara para contar "las cosas que ya sabemos, que estudiamos para venir acá".
"El señor ministro en su primera intervención nos hace una lectura de su PPT o su Power Point, que simplemente muestra el índice del contrato, pero además, no sabemos si el índice del contrato que nos mostró el señor ministro pertenece al contrato uno, al contrato dos o al último", señaló y apuntó que se leyó de manera parcial.
"No es casual que se lean que solamente se haga énfasis o se lean las supuestas virtudes, que es lo mínimo que se espera de un contrato que tenga cláusulas que respaldan al contratante, pero dejando de lado elementos alarmantes que también aparecen en el contrato", agregó.
Entre los cuestionamientos, está que "el pasado 13 de junio esta administración no llevó a cabo lo que en el pliego disponía que debía realizarse en el acto público, en garantía no solo de los oferentes que sí presentaron ofertas, sino también de otros interesados".
En esa línea, señaló que "el actuar de la Administración el pasado 13 de junio atenta contra el espíritu de los procesos competitivos" sobre la transparencia y las etapas de la licitación.
Al respecto, compartió una carta de la empresa española BTD, que después de comprar el pliego de la licitación resolvió no presentarse por "la falta de tiempo para elaborar una propuesta seria teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por la Administración pocos días antes de la apertura".
Sobre el acto de apertura de sobres el 13 de junio, la compañía considera que "el mismo padeció de irregularidades y no se ajustó a lo dispuesto por el Pliego de Condiciones que rige la licitación".
Carballo expresó que le llama la atención que la diferencia de los números presentados por los dos consorcios oferentes fueron similares, con una variación de 3% entre una y otra, cuando habitualmente la diferencia ronda el 15%. Sostuvo que hubo intercambio de números entre los competidores.
Bouvier respondió que el ministerio es "intelectualmente honesto" y que se habló de los riesgos de privados y del Estado.