En la cárcel a abril de este año la población era de 14.302 personas privadas de libertad, una cifra que tiende al aumento y genera una situación que trascenderá este gobierno, que mas allá de su apuesta a un política punitiva que no es la solución, tampoco encuentra un punto medio del sistema político que sea capaz de acordar una imprescindible política pública penitenciaria.
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La agenda de seguridad pública que lograron instalar los actores políticos que hoy conforman el gobierno jerarquizó el combate en la vía pública a la delincuencia sin advertirle a la población que lo reclamaba que ese mecanismo profundizaría otro problema de seguridad nada menor, ocasionando el actual estado de superpoblación carcelaria en ascenso.
En 2021 el sistema penitenciario uruguayo tuvo en promedio unas 13.693 personas privadas
de libertad, lo que representa 386 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, cifra que
ubica a Uruguay en torno al puesto número 12 de países del mundo que tiene mayor cantidad
de población proporcionalmente en sus cárceles.
A mediados de abril de 2022 se habían superado las 14.200 personas, llegando a una tasa de prisionización de 400 cada 100.000 habitantes.
Esta política de prisionización respaldada legislativamente en varios artículos de la Ley de Urgente Consideración se ha convertido en una suerte de “fábrica de presos”, para la que no falta como insumos la otra intensa producción que es la “fábrica de pobres”.
El informe anual 2021 del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit es lapidario: “El sistema está desbordado en su capacidad de respuesta para asegurar una correcta rehabilitación”.
Pero no son solo las fallas en el diseño y la casi inexistencia de una política pública penitenciaria el problema; la enorme mayoría de las personas privadas de libertad proviene de contextos de exclusión, al que vuelven a retornar, a veces con mayores carencias, cuando egresan de la cárcel.
Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional del Liberado y que ocupó varias responsabilidades en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dice que en materia de abordar el tema de la delincuencia con prisión, Uruguay ha sido un “alumno ejemplar”.
Y es una decisión que parece hacer vistas ciegas a los informes que arrojan luz sobre una de las causas de origen de la delincuencia. Dice el informe del comisionado parlamentario: “Lo que ya nadie duda es de la gigantesca influencia que tienen las condiciones de crianza de las personas, donde el clima de cuidado, apego, seguridad, buena alimentación, generan un desarrollo neuronal con conexiones y ‘luces’ cerebrales que se activan que permiten enfrentar las adversidades con resiliencia y generación de caminos alternativos para cubrir necesidades. A la inversa, en los primeros seis meses de vida, condiciones de crianza agitadas, cargadas de incertidumbre, estrés,
inestabilidades y falta de afectos potentes y estables, generan fisuras en la capacidad de superar los problemas y de entender a las otras de personas, de “sentir” los que los demás sienten (empatía), tener resiliencia ante los malos momentos y poder desarrollar habilidades para superar obstáculos”.
Y quizás lo mas paradójico es que el mismo informe repite una máxima que varias voces perifonean desde hace décadas: “Solo una intervención que articule una política penitenciaria rehabilitadora con redes sociales aseguradoras de derechos desplegadas en la comunidad puede disminuir la violencia que naturalmente acumula un sistema penitenciario. Hay sobre la mesa un desafío que es contar con un sistema penitenciario con capacidad de rehabilitación (tratamiento, capacitación laboral, salud, buena convivencia). Pero el mismo requiere de conexiones externas para que las personas que salen del sistema tengan continuidad en sus procesos de ciudadanía: atención médica integral, tratamiento de adicciones y salud mental, vivienda, empleo. A la vez, la prevención del delito, el ‘antes de la cárcel’ requiere de la misma riqueza de recursos comunitarios que el ‘después de la cárcel’: acceso a derechos ‘puerta por puerta’; inclusión ciudadana contra la absorción destructiva en la ilegalidad; Estado de bienestar -aggiornado su metabolismo con la sociedad civil, empresas, organizaciones sociales y sindicatos- contra el alivio transitorio que ofrecen el delito y la narco cultura. En suma: políticas sociales con nuevos 32 dispositivos, con sistemas de información para detectar urgencias y agujeros negros, asistencia y prestaciones accesibles en los territorios capaces de ‘dar sentido’ y ‘garantizar la vida’”.
Un micro universo del horror
La política del Estado es seguir encarcelando, pero, paradojalmente, lo pretende hacer sin la asignación de los recursos necesarios. El informe del comisionado sobre este punto expresa que “el sistema penitenciario sigue comprometido por tener un presupuesto inadecuado: por las extrema limitación de sus recursos y por el mal diseño institucional para su diseño y gestión. Por un lado, las previsiones presupuestales son absolutamente insuficientes para las necesidades”.
Saavedra cree que una de las mayores dificultades que encuentra el sistema penitenciario pensando en políticas de rehabilitación para cumplir con lo que establecen los objetivos mencionados en el informe de Petit (la promoción de derechos humanos como un mandato de servicio basado en una activación de mecanismos jurídicos para pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas) es el de la presencia policial a cargo de la custodia.
“Se priorizó la seguridad carcelaria sobre las rehabilitación y los funcionarios policiales no están preparados para esa tarea”, dice Saavedra.
Poniendo un ejemplo, grafica: “El policía debe aprehender en la calle en el transcurso de un delito a ‘Jaimito’, pero una vez que está en la cárcel, el encargado de convencerlo de que no debe seguir con la misma conducta ya no es un policía, sino alguien capacitado para abordar la rehabilitación”.
La política de reforzar el aspecto de seguridad en las cárceles tampoco parece suficiente; en el actual período de gobierno no solo no se han podido detener, sino que hubo un leve aumento de los homicidios y los suicidios, aspecto este último que es responsabilidad del Estado en tanto él mismo es garante de la vida de los presos por tenerlos a su custodia.
El informe del comisionado parlamentario expresa que “en el 2021 se enviaron 106 recomendaciones al Ministerio del Interior-Instituto Nacional de Rehabilitación y se enviaron 46 pedidos de informes. Además, se enviaron 83 oficios al INR y 30 a ASSE (SAI PPL de ASSE).
En 2021 se presentaron 12 denuncias penales a Fiscalía, referidas las mismas a violencia
institucional (7), muerte en custodia (1) o abusos realizados por otros internos (4) En 2020 se habían presentado 7 denuncias a Fiscalía”.
Operadores penitenciarios
La apuesta a que funcionarios que no cumplan las tareas de seguridad y se dediquen a los procesos de rehabilitación es el rol de los operadores penitenciarios, que sin embargo han sido reducidos en su cantidad y han debido asumir otras tareas inherentes a los de la guardia penitenciaria, según han denunciado. También en este período, se ha disminuido la presencia de ONG que realicen tareas de rehabilitación lo que refuerza el perfil policial del sistema de gestión carcelaria.
Ellos también sufren las consecuencias de la sobrepoblación; el informe señala que “la sobrepoblación existente genera terribles consecuencias en la cárcel y en la sociedad. Por un
lado, en la cárcel, colapsan los servicios educativos y sociales, la violencia aumenta por las malas
condiciones de convivencia y la falta de espacios personales, el personal se desgasta, descree del sentido de su tarea y ocurren omisiones y errores de procedimientos, la violencia institucional en estos contextos tiende a crecer. Por otro, en la sociedad, pues la debilidad de los mecanismos de rehabilitación, desbordados por la sobrepoblación, mantiene alta la reincidencia y la comisión de nuevos delitos”.
Mujeres y niñez
El crecimiento de la población carcelaria también fue femenina a partir de que se empezó a aplicar la LUC.
En los últimos 12 meses (setiembre 2020 a setiembre 2021), la población privada de libertad creció 9%, mientras que la población de mujeres privadas de libertad creció el 26%.
A principios de setiembre de 2021 había 45 mujeres madres con sus hijos/as en el sistema penitenciario y 5 mujeres embarazadas (sin hijos/as conviviendo con ellas).
Algo más de la mitad de las mujeres eran primarias (54%). Entre los 21 casos de reincidentes, solo en 3 de ellos se pudo observar una escalada en la gravedad del delito respecto a procesamientos anteriores, mientras que en la gran mayoría se trató de delitos similares o equivalentes, sin mediación de uso de violencia. Entre los 46 casos relevados se encontró que 36 (el 78%) referían a delitos vinculados a la negociación, transporte o suministro de estupefacientes. En 34 de ellos (el 74% del total), este era el único delito del procesamiento, mientras que en otros dos estaban combinados con otros delitos.
En 14 de los casos (30%), el delito vinculado a estupefacientes tuvo lugar en una unidad
penitenciaria, generalmente en el ingreso. Casi la mitad de las penas observadas rondaron entre los 3 y 5 años. Se observaron dos casos con penas muy largas, de 17 y 26 años de prisión; y 4 casos con penas de 8 meses o menos de prisión. El promedio general de pena fue de 3 años y 8 meses. Sin contar los dos casos con penas más altas y los dos con penas más bajas, el promedio fue de 3 años y 10 meses de prisión. Para los delitos vinculados exclusivamente a la negociación, transporte o suministro de estupefacientes, la pena promedio fue de 2 años y 11 meses.
“Natalia tiene 28 años y fue condenada a una pena de 4 años y 6 meses de prisión por intentar ingresar droga a un centro penitenciario y por agravio a la autoridad policial por la reacción que tuvo cuando la detuvieron. Fue formalizada teniendo una hija de 4 meses de edad con la cual no pudo ingresar al sistema penitenciario, lo que ocasionó un desapego abrupto y la interrupción involuntaria de la lactancia materna, aunque luego de algunas gestiones se logró que la bebé comparta la prisión con su madre”.
Las recomendaciones
El informe preliminar del comisionado parlamentario sugiere con vehemencia un conjunto de acciones para paliar la actual situación.
“Los números fríos indican que hoy se requieren unas nuevas 4.000 plazas para frenar el hacinamiento y hacer posible una rehabilitación que permita la seguridad pública. Esto implica, teniendo presente que las normas internacionales aceptadas señalan que las unidades no deben pasar de 500 presos, unas ocho cárceles. Probablemente estas necesidades impliquen decenas de millones de dólares en construcción, a lo que se deben sumar grandes costos de servicios, infraestructura y muchos cientos de funcionarios y técnicos. Un cifra inabordable que, además, seguirá creciendo en el tiempo ya que no resuelve el problema de fondo. Entendemos que la creación de nuevas unidades debe ser estratégica y eficiente, y debe ser fruto del análisis de todo el sistema, donde son sí necesarias unidades de seguridad, pero también unidades de meda seguridad y también unidades de “medio camino” que permitan fluir la imprescindible “progresividad” que requiere el desarrollo de la educación y rehabilitación. Siguiendo las buenas prácticas internacionales, y en especial la seguida por Estados Unidos y en particular el estado de Texas, que era uno de los lugares del mundo con mayor prisionización y con las normas penales más duras, creemos que el país puede, mediante un proyecto convocante y fundado técnicamente, intentar evitar un gasto gigantesco de inciertos resultados y ensayar un camino alternativo, eficiente en lo económico, en la seguridad pública y en la rehabilitación”.
El proyecto de Rendición de Cuentas incluye una partida para la construcción de una cárcel en el departamento de Artigas, lo que junto a otras medidas tomadas en el Plan Dignidad operan como una aspirina para el cáncer; si no se detiene la línea de producción de la fábrica de pobreza, la fábrica de presos está lejos de detener su funcionamiento.
Plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, basado en una perspectiva de derechos humanos y género