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ASOCIARMEEn la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que Casmu es “uno de los principales prestadores” del sistema de salud.
El presidente mandó el proyecto de ley para asistir al Casmu.
Foto Gaston Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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El presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento el proyecto de ley para otorgar una garantía de US$56 millones de dólares a la mutualista Casmu. El proyecto, que ingresó a las 21:30 horas del lunes al Senado, será tratado en los primeros días de agosto.
El jueves pasado, el Banco República aprobó un desembolso de 125 millones de pesos para el Casmu en el segundo desembolso por una cifra similar, por un total de 550 millones de pesos que la institución financiera aprobó para el prestador de salud a modo de préstamo para dotarlo de mayor liquidez. El dinero está previsto para el pago de los salarios de julio.
"Dificultades económico-financieras, motivaron que en el año 2010, la referida institución accediera en cinco oportunidades al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (...) por un total de 1.010.861.009 Unidades Indexadas, esto es U$S 121.075.785 a valores originales, habiendo sido el último desembolso financiero aprobado en mayo del año 2024. Actualmente, Casmu mantiene un saldo de 354.442.852 Unidades Indexadas", indica parte del proyecto que será tratado de manera urgente a solicitud de la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón.
El gobierno prevé intervenir la mutualista sin desplazar a las autoridades este martes. Según publica este martes El Observador, el gobierno designará al menos, un abogado, un contador y una médica.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que Casmu es “uno de los principales prestadores” del sistema de salud y que en abril de 2024 su padrón social ascendía a los 179.912 usuarios.
Se señala que el Casmu está “sometida a control” por veedores y que la situación “económica-financiera” lo expone al “incumplimiento de las obligaciones asumidas con sus proveedores”, implicando ello además, “un riesgo asistencial, en la medida que como prestador de salud se viera limitado a contar con los insumos y servicios necesarios para dar cobertura a su masa de afiliados”.
