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Política Junta Departamental |

Un platal

Caso Caram: buscan bloquear subsidios a funcionarios condenados por delitos

Este subsidio representa el 85% de su sueldo de $333.241, lo que equivale a $283.000 mensuales. En total, Caram percibirá $3.398.905, a pesar de su condena.

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Luego del escándalo por las horas extras en Artigas, la Junta Departamental aprobó la dimisión del intendente Pablo Caram este lunes con 20 votos a favor de ediles blancos. Antes de la sesión, algunos miembros de la oposición argumentaron que no se debía votar la renuncia de Caram, dado que la Corte Electoral ya lo había inhabilitado para ocupar el máximo cargo departamental.

Sin embargo, la aprobación de su renuncia le permitirá recibir un subsidio establecido por ley.

Este subsidio representa el 85% de su sueldo nominal de $333.241, lo que equivale a $283.000 mensuales. En total, Caram percibirá $3.398.905, a pesar de su renuncia y condena.

Desde la oposición se critica esta decisión ya que al momento de la votación Caram había dejado de ser el intendente, dado que horas antes la Corte Electoral lo había inhabilitado por tener suspendida la ciudadanía ante la condena de la Justicia por el caso del pago irregular de las horas extras.

A diferencia de su primo Rodolfo Caram, quien también fue condenado y multado, Pablo Caram no deberá pagar ninguna sanción económica adicional.

En un caso similar, la exdiputada Valentina dos Santos también podría acceder a este beneficio económico, pero no lo solicitó al presentar su renuncia a la banca.

Nuevo capítulo

Ahora comienza una nueva historia vinculada a la posibilidad que tienen los jerarcas políticos o de particular confianza de solicitar un subsidio por un año equivalente al 85% de sus haberes en función tras dejar el cargo.

Un proyecto de ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y que fue aprobado por unanimidad a finales de 2023 en la Cámara de Diputados busca quitar esta posibilidad cuando los jerarcas tengan una condena firme de delitos contra la administración pública.

La iniciativa es del diputado colorado Conrado Rodríguez. El legislador dijo a La Diaria que en las últimas horas dialogó con el senador colorado Pablo Lanz, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, que le manifestó que pediría que se pusiera en discusión el citado proyecto y se le diera “prioridad”.

Rodríguez aseguró que si bien no conocen la postura que tendrá Caram al respecto, “sería algo bueno para prevenir” que otras personas en el mismo escenario se aprovechen de algo que está previsto para los funcionarios que “cumplen con la ética de la función pública”.