Un juicio contra el proyecto
El abogado explicó que su organización, junto con otras como la Red de Amigos de la Tierra, han promovido acciones judiciales para intentar frenar el proyecto. Uno de los principales argumentos es que el gobierno ha intentado deslegitimar la participación de la sociedad civil en el proceso.
“Tenemos un marco normativo que en su momento fue ejemplo en el mundo. El artículo 47 de la Constitución fue tomado como referencia internacional. Pero si no lo vamos a cumplir, se convierte en letra muerta”, advirtió.
Sobre la posibilidad de una medida cautelar para frenar el avance del proyecto, explicó que se deben cumplir dos condiciones: demostrar que la demanda es verosímil y que, si se demora la decisión, podría haber daños irreparables. Sin embargo, reconoció que en Uruguay los jueces tienden a ser muy respetuosos con la separación de poderes, lo que hace que frenar una decisión gubernamental sea un desafío.
El agua como mercancía
Ceretta también denunció que el Proyecto Neptuno transforma el agua en una mercancía: “Cuando digo que vinieron por el agua, no hay nada maquiavélico detrás. Se está convirtiendo el agua en un bien que hay que comprar”, aseguró.
En su análisis financiero, el abogado calificó la financiación del proyecto como “indignante”, explicando que si bien el costo inicial es de aproximadamente 200 millones de dólares, los intereses harán que se termine pagando más de 500 millones de dólares en un plazo de 17 años. Además, denunció que gran parte de los fondos provienen de las AFAPs, lo que significa que el dinero de los trabajadores será utilizado para financiar el proyecto y luego se les cobrará intereses por su propio dinero.
“Nos van a cobrar 500 millones de dólares en intereses por usar nuestro propio dinero. Es un negocio financiero, no un proyecto de agua potable!”, concluyó.
