Además, consideró “totalmente equivocada” la posición de la mayoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) “que sostiene la antijuridicidad de las modificaciones del contrato” invocando el artículo 8 de la Carta Magna “con un sorprendente desconocimiento de su sentido y alcance”, evaluó. El TCR también “cita el artículo 74 del TOCAF [Texto ordenado de Contabilidad y Administración Financiera]”, una norma legal, de menor rango jurídico que la Constitución, “que de modo alguno contraría las modificaciones realizadas al contrato original”, sostuvo. Las modificaciones efectuadas “compatibilizan bastante el contrato con su juridicidad constitucional”, concluyó.
Caras y Caretas también consultó al Dr. Juan Ceretta acerca del análisis que realizaron sobre las modificaciones al contrato del Proyecto Neptuno y sobre si la Clínica de Litigio Estratégico continuará con el juicio de nulidad de ese documento jurídico. En cuanto al análisis de las modificaciones, el profesor Ceretta manifestó que se encuentran “en pleno proceso”. Debido a que la Clínica es un curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, los actuales alumnos “son nuevos y el tema es complejo”, agregó. Por lo tanto aún no tienen definida la postura que le trasladarán como asesores legales a las organización que patrocinan, en este caso la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV).
De cualquier forma, Carmen Sosa, una de las voceras de la Cndav e impulsora de la actual redacción del artículo 47 de la Constitución (aprobada en un plebiscito en 2004) adelantó que para la organización “el contrato es nulo si no respeta la constitución”. Para Sosa es posible que “algunas de las modificaciones mejoren la constitucionalidad del contrato, pero los hechos consumados demuestran que se saltearon las etapas de participación” en la Comisión de Cuenca del Río Santa lucía y el Consejo Regional de Recursos Hídricos.
El proyecto de construcción de la represa en Casupá “tampoco pasó por ahí”, los grandes proyectos “nunca pasan por ahí”, pese a que está establecido en la Constitución y en la Ley Nacional de Aguas “esta es la tónica de los últimos años”, reprochó. “Además queda la duda si el financiamiento a través del método de Pago por Disponibilidad mientras la obra se construye, no esconde una privatización encubierta”, lamentó.
Plataforma internacional
Del 21 al 24 de abril se está desarrollando la cuarta cumbre del Acuerdo de Escazú en Nassau, Bahamas, un tratado internacional sobre el acceso a la información pública, a la participación y a la justicia en materia ambiental que integra el sistema de las Naciones Unidas (ONU). El Estado uruguayo ratificó el Acuerdo en 2019 y preside la Mesa Directiva del tratado desde su fundación. Aunque desde 2022 es representado por el gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, en esta ocasión tomó ese rol el viceministro de Ambiente, Oscar Caputi.
En ese marco, la red regional Escazú Ahora, que nuclea a las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que participan del acuerdo multilateral, organizó un conversatorio virtual en la mañana del jueves que contó con la participación de la abogada uruguaya Mariana Blengio Valdés, integrante del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (Caac) del Acuerdo. Esa reunión fue moderada por Andrea Detjen, quien también se encuentra en el Caribe para la cumbre, en representación del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo–Uruguay (Ciedur).
Blengio recibió quejas y consultas fundamentalmente de ciudadanas uruguayas que se refirieron a megaproyectos como las plantas de pulpa de celulosa, la búsqueda de petróleo, las plantas de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, y los problemas de potabilización que el sistema público ha sufrido en los últimos años.
En ese sentido, Carmen Sosa participó en nombre de la Cndav y sostuvo que, “desde la reforma constitucional de 2004, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Aguas no se están cumpliendo”. Además “los proyectos están rodeados de confidencialidad” y los colectivos consiguen la información “como van pudiendo, mal y tarde”, criticó. En las audiencias públicas del Ministerio de Ambiente “para las habilitaciones ambientales” y en el Poder Judicial “cuando se realizan denuncias, no nos tienen en cuenta”, mencionó a Caras y Caretas previo a la reunión. Luego de la intervención Blengio, argumentó que “es importante asistir a las cumbres” para integrar los reclamos a la discusión “más allá de que es claro que se hizo muy lejos de Uruguay y es complejo asistir”.
Por su parte, Detjen remarcó que para la sociedad civil “es muy difícil llegar a estos eventos” además de que “tienen una lógica que si no se los sigue de cerca es difícil de comprender”. Sin dejar de lado que previo al viaje mantuvo reuniones con Mar Libre de Petroleras y Redes Amigos de la Tierra “para transmitir a los delegados”, señaló. En ese sentido, recomendó hacer uso de la posibilidad de presentar comunicaciones formales para que el Caac pueda analizarlas, ya que “desde Uruguay no se han utilizado hasta ahora”.
Según explicó Blengio, el Caac ha visitado Chile, Panamá y la isla de Santa Lucía como consecuencia del análisis de las comunicaciones formales y preparado informes de seguimiento a los Estados Parte. Por último, Detjen recordó que en el marco del tratado existe un foro para defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe donde animó a participar.
Por Agustín Büchner
