El empresario cuenta con buenos lobbystas en un gobierno dispuesto a ceder en todo sin reclamar nada. Cipriani quiere la chancha y los cuatro reales.
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Desde hace poco más de cuatro años Giuseppe Cipriani tiene a cuentos al departamento de Maldonado y a las autoridades nacionales con lo que sería la mayor inversión privada en Punta del Este, “algo que cambiará el perfil del balneario”, según dijo más de una vez.
Hasta el momento no se ha colocado ni un ladrillo y ha cambiado de planos, maquetas, socios y monto de la inversión por lo menos tres veces. De los 450 millones de dólares iniciales, llegamos a poco más de 200 millones. Pero sus reclamos, exigencias y hasta cierto modo “chantaje”, no han cesado.“Si no aprueban el casino on-line, no es rentable la inversión”, es lo último que han señalado sus representantes en Uruguay.
A principios de 2018 el italiano anunció que había culminado las negociaciones para comprar el viejo hotel San Rafael y todos los predios que lo circundaban, una manzana entera frente al mar en la parada 11 de Playa Brava. El monto de la operación rondó los 50 millones de dólares que comprendían la compra a la anterior propietaria Yolanda Manoukian de Merlo de las acciones de Fosara SA, el pago de tributos adeudados y la compra a la Intendencia de tierras usadas por el hotel pero de propiedad pública.
Allí se levantaría el “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este”. Incluía la reparación y restauración completa del ex hotel, la construcción de una torre de 237 metros de altura, más dos edificios horizontales de 100 metros de ancho y 26 pisos. En total unos 123.000 metros cuadrados. Tendría un teatro para 1.000 espectadores, piscinas interiores y exteriores, fuentes de gran magnitud, un estacionamiento bajo tierra para 2.000 autos, un spa de lujo, centro de convenciones y casino privado. Pero de todo ese proyecto lo único que se hizo fue demoler el viejo hotel San Rafael. Y de acuerdo a los planos presentados en la intendencia, no se construirá ni el teatro para 1.000 personas, ni el centro de convenciones, ni el centro comercial, ni las piscinas majestuosas ni el spa. Tampoco serán las torres anunciadas. Por ahora se ha informado la reconstrucción del hotel, el casino y una primera torre de 298 metros, que los ediles blancos de Maldonado quieren que sea de 315 metros, “así tendremos la torre más alta de América del Sur”. Sería el primer caso en la historia que la Junta Departamental otorga más que lo que pide el inversor. Sus razones tendrán, porque le están regalando sin contrapartidas más de 100 millones de dólares. Su último gran negocio fue comprar por 200.000 dólares un aval del Banco de Seguros del Estado equivalente a los 7.800.000 dólares que debía depositar a nombre del ministerio de Economía como garantía del contrato de concesión de un casino privado. Cipriani tiene buenos lobbystas con los diputados blancos por Maldonado, Diego Echeverría y Rodrigo Blás, y el intendente Enrique Antía.
Casino online
A mediados de agosto pasado la Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto de ley que faculta al Estado y a los casinos radicados en Uruguay a explotar el juego online. La iniciativa había sido aprobada por la comisión de Hacienda y fue sometida a modificaciones. Ahora el proyecto de ley está a consideración de Diputados. El texto establece en su primer artículo que “el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá prestar la actividad de juegos de casinos tales como póker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”. A la vez se establece que “el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable, la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro”. En el segundo artículo se señala que “la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online estará condicionada a que estos cuenten con un establecimiento operativo y habilitado para el juego presencial y que se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión”. Del texto surge claramente que este proyecto tiene nombre y apellido: “Giuseppe Cipriani”, al señalar que los permisos se otorgarán también “a quienes posean dicho título habilitante en el futuro”. Aunque todo parece indicar que el trámite en Diputados será más lento porque el diputado Sebastián Cal (CA) anunció que presentará un proyecto alternativo. Según dijo a La Diaria su propuesta “incluye la creación de una unidad reguladora de juegos de azar, un nuevo sistema de “autoexclusión” para personas con problemas de ludopatía, que se aplique tanto en la modalidad física como online, y la habilitación del “sponsoreo” –concepto distinto de la publicidad– por parte de los casinos físicos y online”. “No creo que el proyecto salga rápido de Diputados -dijo el legislador- porque cada vez se generan más dudas. Además deberían pasar por la comisión todos los actores privados que hoy tienen licencias para operar casinos, que tras la aprobación podrían extender su habilitación para dar juego online”. También han hecho conocer objeciones ante la comisión los diputados Sebastián Andújar (Herrerismo) e Iván Posada (PI). Otro actor que irrumpió en escena es la Cámara Uruguaya de Entretenimiento, que agrupa a los tragamonedas instalados en comercios barriales. Cal señaló que debe definirse si este tipo de apuestas son legales o no, y de habilitarlas deberían ser reguladas dentro del mismo proyecto que se está analizando.
“Hoy hay un vacío legal respecto a los tragamonedas y una opción podría ser habilitar a las intendencias para controlar y clausurar locales”, sostuvo el legislador. “No hay tiempo de votar este proyecto, el que habilita el juego online, y después otro. Entiendo que hay cosas para agregar que son indispensables más allá del juego online”, afirmó.
Sindicato y Banca de Quinielas coinciden en sus cuestionamientos
Curiosamente dos actores relevantes en el sistema del juego coinciden en sus cuestionamientos al proyecto y casi por las mismas razones. Por el lado de los sindicatos la Federación Nacional de Trabajadores del Juego ha sostenido que el proyecto de ley “creará condiciones de alto riesgo que redundarán en un aumento de la ludopatía, entre otros perjuicios significativos y nocivos. Y además no contempla la experiencia internacional para la prevención del lavado de activos que podría generarse con ese tipo de iniciativas”..
Por su parte la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado considera que “la regulación no va a aumentar la ludopatía, sino que va a permitir hacer visible este mal, que ya está en la sociedad uruguaya, controlarlo y combatirlo. Consideramos que es necesario la regulación de este tipo de actividad a los efectos de su control”. Aseguran que “desde la prohibición de 2017 se ha generado una explotación clandestina que ha venido creciendo año a año. Entendemos que este proyecto es una buena base, pero necesita modificaciones en las que quede claramente establecido que esta va a ser la única excepción a la habilitación del juego online y que no cambia la normativa vigente respecto a la forma de dar concesiones para el juego presencial”.
En tanto en declaraciones realizadas a El País, Roberto Palermo, presidente de la Banca montevideana de Loterías y Quinielas y propietario de Abitab, aseguró que “sería un retroceso” que se apruebe la ley de juego online como está planteada “e iría en contra de la tradición regulatoria del país respecto de los juegos de azar”. El empresario, reconocido como “una de las voces más importantes de la industria del juego de Uruguay”, dijo que “está de acuerdo con que se regule la actividad, pero es necesaria una ley que dé un marco jurídico restrictivo que significa cuidar al cliente y que no exista competencia”. Agregó: “Estamos a favor de los casinos online, con una única plataforma regulada”.
Palermo también coincidió con los riesgos de ludopatía que presenta el proyecto de ley. “Hay que tener cautela a la hora de legislar sobre estos temas sensibles, porque los problemas con el juego afectan socialmente, ocasionan problemas de salud mental, alteran el bienestar económico”, afirmó. El presidente de La Banca también recordó que su institución promovió la norma que prohíbe que usuarios se conecten a sitios de apuestas online y recordó que “tampoco se puede hacer publicidad del juego en sitios ilegales”. “La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas actuó de acuerdo a la ley al intimar a la Conmebol por partidos de la Copa Sudamericana y la Libertadores, en los que se hizo publicidad de una empresa de juego prohibida en Uruguay. Esto va a requerir una regulación global restrictiva contra estas empresas de juego online, que inclusive hasta tienen sus sedes en paraísos fiscales”, sostuvo el empresario. Por su parte en una reunión de la comisión de Hacienda del Senado, Facundo Sánchez, técnico y asesor de esa Comisión, preguntó: “¿Cuántas plataformas habrá, cada casino tendrá una plataforma, cómo haremos para controlarlas si cada casino tiene una, habrá una única plataforma y los casinos tendrán distintas salas? ¿Cómo se harían los llamados, qué tiempo van a durar esas licencias, qué características debe tener quien se presente para obtener esas licencias, y qué incompatibilidades? En realidad, de este tema no sabemos nada. ¿Cuál es la incompatibilidad que impediría recibir una licencia de juego online? ¿Existen incompatibilidades?”.
Y aunque nadie respondió, siguió preguntando: “¿Qué tratamiento se dará a la información de los jugadores, qué protección van a tener esos datos, qué medidas se van a tomar para que no jueguen los menores de edad? Sabemos que en el mundo entero esta modalidad -el juego online- ha tenido una penetración enorme en las generaciones más jóvenes; uno de los grandes problemas de los países que han regulado el juego online ha sido el crecimiento exponencial de los adolescentes que juegan”.
Las moscas se unen por el rabo
Al proyecto Cipriani siempre le falta algo. Esa fue su estrategia desde el principio, nunca puso toda la carne en el asador. Iba paso a paso. En 2020, ya con nuevo gobierno nacional, puso como condición para seguir con su proyecto de inversión que se le otorgara el juego online al casino. Ese era un reclamo también realizado por Enjoy desde hace varios años, sin resultados. En Punta del Este encontró otro “broker” en el empresario Elbio Rodríguez, exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, quien desde hace tiempo tiene contactos con empresas de “póker online”. Antes de su destitución, Cardoso, Rodríguez y Cipriani fueron a Paysandú en vuelo privado y en visita no oficial. Nunca se supo a qué.
Fuentes del gobierno departamental de Maldonado dijeron saber que “Rodríguez había acercado a Cipriani unos inversores chinos dispuestos a invertir 40 millones de dólares en el juego online”.
Un bon vivant que defraudó al fisco de los EEUU
La familia Cipriani opera restaurantes y hoteles en varias partes del mundo.Lo intentaron en Punta del Este y les fue mal. Y también en Argentina donde debieron cerrar. En el año 2007 el diario argentino Ámbito informó que “los Cipriani admitieron ante la Corte Suprema neoyorquina haber falsificado ex profeso sus declaraciones de impuestos de los años 2003 y 2004, lo que constituye apenas una contravención. A cambio de no ser procesados por evasión impositiva (un delito federal) se avinieron a pagar 10 millones de dólares en concepto de gravámenes impagos más punitorios, y además aceptaron que el fisco les nombrara un supervisor impositivo independiente, que estuvo en la empresa hasta 2011”. La misma publicación agrega que “en Nueva York tienen cuatro restoranes: el Rainbow Room en el piso 65 del Rockefeller Center; el Harry Cipriani Downtown, en Wall St.; Cipriani Dolci at Grand Central Terminal, dentro de esa estación de trenes reciclada; y Cipriani 42nd St., en las inmediaciones de Times Square”.
Un comunicado de la firma indicaba que “siempre hemos procurado cumplir con las normas fiscales de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York; basados en el consejo de nuestros asesores legales hemos cerrado esta disputa aceptando el acuerdo propuesto por el fiscal”. No tenían opción: era eso o un juicio por evasión. Por lo que se supo entonces los Cipriani no solo frecuentaban estrellas de la TV y la política. Según informó The New York Post, un tal Dennis Pappas -que era asesor financiero de la mafia y vicepresidente de Cipriani- fue sentenciado a un lapso de entre 18 meses y cuatro años y medio de prisión por estafar a la Seguridad Social y a tres compañías de seguros en más de 1 millón de dólares, presentando falsas demandas por invalidez.
Pappas admitió haber mentido al declarar que no podía trabajar a causa de problemas cardíacos, y agregó saber que “si revelaba mi trabajo en Cipriani y lo que me pagaban por él no habría tenido derecho a la pensión por invalidez”. En el juicio admitió haber cobrado un millón de dólares durante su gestión en Cipriani, que se extendió desde 2000 hasta el año 2006.
Ámbito también informó que “en Buenos Aires supieron tener dos restoranes, uno aledaño al Patio Bullrich y otro en el centro de Pilar. En el primero almorzaba y comía el “tout” Buenos Aires; allí se los veía cada día a -entre otros- a Juan Navarro y todos los entonces ejecutivos del Exxel Group, al periodista Bernardo Neustadt, al abogado Marcelo Open, cuya relación comercial y personal con los Cipriani habría tenido un fin tormentoso. Quien lo convenció a Cipriani de abrir en la Argentina fue el constructor Nicolás Maccarone, dueño por entonces del Patio Bullrich y habitué del Harry Cipriani de Quinta Avenida y 59th St. Después se lo vendió a IRSA, y un buen día de 2002 el restorán apareció con un cartel de “cerrado por reformas”; pocos sabían (el resto se enteró por Ámbito Financiero) que esas “reformas” ocultaron por poco tiempo su salida del país.
En Punta del Este la fiesta duró algo más: Cipriani logró que el entonces presidente Jorge Batlle inaugurara el hotel que llevaba su nombre, pero ni uno de sus dólares, y que Pancho Dotto le prestara sus modelos para adornar esa y otras ceremonias. Según cuentan las crónicas de la época, “Giuseppe usaba el hotel ubicado a unas cuatro cuadras de Playa Montoya, a la salida de La Barra, de manera dispendiosa para sus festejos particulares y para albergar a amigos y otras relaciones personales. Muchos de los que participaron en alguna de esas fiestas todavía las recuerdan con nostalgia y quienes no eran invitados aún lamentan esa omisión. Todo terminó cuando los verdaderos dueños del hotel decidieron que en realidad estaban allí para tratar de ganar plata, no para servir de excusa para que Giuseppe se pasara dos meses en Punta del Este. La sociedad se disolvió y los dueños -la petrolera angoleña Sonangol- le cambiaron el nombre y volvió a su denominación inicial: Mantra.
Ni un ladrillo
El martes pasado Michel Pistone, secretario departamental del Sunca, definió con exactitud el estado de situación del proyecto Cipriani. "Le votaron todo y no lograron ni un puesto de trabajo”. El dirigente sindical dijo que “ya les informamos a los ediles que el proyecto en San Rafael no cumplió ni en cantidad de empleos ni en el tiempo señalado”. “Nosotros seguimos denunciando el incumplimiento de lo que se promete, y hasta que no salga lo vamos a seguir denunciando. Acá la discusión estratégica la ganó el inversor cuando le votaron de todo un poco y no se logró ni un solo puesto de trabajo”.
Pistone sostuvo que “el inversor puede definir cuándo va a hacer las obras y cómo las va a hacer y eso tendrá consecuencias porque puede no cumplir el objetivo para el que fue votado”. A la vez recordó que se prometían mil puestos de trabajo para esta obra. No se puede votar cualquier cosa a cualquier precio”, sentenció.