Coalición niega fideicomiso y préstamo al FA, pero aprueba los de Antía

Las intendencias han recurrido a este mecanismo a los efectos de obtener financiación para sus proyectos. Según el artículo 3 de la ley antes mencionada, “cuando el fideicomiso tenga por fin la realización de una obra pública municipal, las intendencias podrán constituirlo mediante la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, dándose cuenta a la Junta Departamental”.

O sea, si el fideicomiso fuera saldado dentro del período de gobierno (5 años) no se necesitaría la autorización de la Junta Departamental. Pero de acuerdo a la Constitución, cualquier contrato que supere ese período necesita obtener 21 votos, es decir los dos tercios de ediles.

El año pasado el intendente de Canelones había enviado a consideración de la Junta un proyecto de fideicomiso por 80 millones de dólares para la realización de diferentes obras. El plazo de pago era de 15 años.

En ese departamento el Frente Amplio cuenta con 20 ediles. Le faltaba uno para tener la mayoría constitucional. Por lo menos el único edil colorado y otro blanco habían manifestado su decisión de votar a favor.

Pero entonces surgieron las presiones de importantes dirigentes de la coalición de gobierno para que desistieran. Esta circunstancia fue reconocida por los propios ediles, quienes mencionaron al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al secretario del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, como quienes más los presionaron. Finalmente el fideicomiso fue rechazado.

Pero a principios de abril pasado, Orsi insistió, esta vez por un monto de 44 millones de dólares. Y sorprendió a todos al lograr el voto del edil blanco Juan López, por lo que fue aprobado.

López pasó inmediatamente a ser denigrado por sus propios correligionarios. El senador Sebastián Da Silva aseguró que “era un pobre tipo y que Orsi había comprado su voto”. Otros dirigentes lo calificaron como “traidor” y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, lo expulsó, pero después dijo que “el edil había renunciado al partido”.

Pocos después los intendentes blancos Carmelo Vidalín y Omar Lafluf apoyaron a Orsi y la situación en la interna blanca cambió. Hoy el edil López continúa integrando la bancada nacionalista de Canelones.

La situación con la Intendencia de Montevideo no era muy diferente. Salvo que la intendenta Carolina Cosse obtuvo un préstamo del BID por 70 millones de dólares para obras de limpieza y saneamiento.

Pero como el repago trascendía su período eran necesarios 21 votos. El Frente Amplio cuenta con 18 ediles y en esta oportunidad se le sumaron dos ediles colorados del sector Ciudadanos, liderado por el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña.

El Partido Nacional, encabezado por la presidenta de la Departamental, Laura Raffo, intentó desde el principio cambiar los objetivos del préstamo. Y si bien algunas propuestas fueron atendidas, nunca se logró acuerdo y por lo tanto el préstamo no se aprobó.

Otras intendencias lideradas por blancos, como las de Rocha y Río Negro también intentaron en su momento establecer sus fideicomisos, pero como carecían de mayorías propias necesitaban los votos frentistas que fueron negados.

El kiosco de don Enrique

El caso Maldonado es muy diferente. En febrero del año pasado el intendente Enrique Antía logró que sin mucho trámite la Junta Departamental le aprobara un fideicomiso por 95 millones de dólares pagaderos en 15 años. Pero en este caso no eran para ninguna obra, sino para licuar el déficit que él mismo había generado en el período 2015-2020.

En este departamento el Partido Nacional cuenta con 21 ediles en la Junta por lo que no necesita negociar nada con ningún otro partido.

A fines del 2020 el TCR hizo público el resultado de una auditoría realizada a la intendencia de Maldonado. El resultado es escandaloso, aunque no tuvo mayor trascendencia.

El máximo organismo de contralor administrativo constató un verdadero caos administrativo en la intendencia más rica del país, que se violaron varias leyes, que se cobraron impuestos de más, y que dijeron tener superávit pero en realidad el déficit creció 201%.

la diaria publicó partes sustanciales de ese documento a fines del 2020.

“El Tribunal de Cuentas (TC) aprobó por unanimidad el 14 de abril una resolución sobre la auditoría realizada a la rendición de cuentas de la Intendencia de Maldonado (IDM) por el ejercicio de 2019. El Tribunal constató múltiples incumplimientos legales en la gestión administrativa y contable, así como debilidades en el control interno”, decían los colegas.

En el documento, el órgano de contralor señaló que la IDM no presentó la información “razonablemente en todos los aspectos importantes al ejercicio de 2019” y remarcó la responsabilidad de la intendencia sobre la rendición de cuentas y el balance presupuestal, así como sobre el “control interno necesario para permitir la preparación de los citados estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error”.

La opinión “adversa” del TCR respecto del estado de resultados y su “opinión con salvedades” sobre el estado de acumulados se fundamenta en varias irregularidades constatadas. Entre ellas, confirmó que no se contabilizaron pagos realizados por la intendencia correspondientes a gastos de la Junta Departamental de Maldonado, por 46.459.321 pesos. Como resultado, el ejercicio 2019 se vio disminuido en 182.223.523 pesos, lo que representa un 201% de diferencia con relación al superávit expuesto por la IDM. El resultado final fue un déficit por 91.343.475 pesos.

la diaria agregó que “además, en el estado de cuenta sobre resultados acumulados se incluyeron como activos 117.939.331 pesos correspondientes a cuentas bancarias de fideicomisos. En este sentido, el TCR subrayó que la intendencia no cuenta con libre disponibilidad sobre estos recursos debido a que son de propiedad de otras personas jurídicas independientes”.

Según el documento, el resultado acumulado final de la intendencia disminuye en 182.223.523 pesos, que representan 5,38% del importe expuesto en el estado de cuentas. Por lo que el déficit acumulado es de 3.569.330.332 pesos, a la fecha del informe unos 85 millones de dólares.

Además se constataron otras significativas irregularidades. La resolución del TCR puso en evidencia una clasificación incorrecta de las partidas correspondientes a ingresos nacionales y departamentales: una exposición errónea en los recursos de ambos orígenes en 132.317.308 pesos y una disminución en los recursos de 72.293.200 pesos.

La auditoría señaló que se contabilizaron gastos de 2019 en el ejercicio de 2020 y no se registraron algunos conceptos relacionados a las diferencias cambiarias perdidas, intereses devengados por deudas financieras, arrendamientos de inmuebles y otros gastos.

La intendencia respondió a esos cuestionamientos afirmando que “muchos errores se deben al sistema de contabilidad electrónica que usa, llamado SIFI (Sistema de Información Financiera).

Otra observación es que la comuna aplicó resoluciones relativas a modificaciones de recursos aprobadas por la Junta Departamental sin que el TCR se hubiera expedido previamente, lo que implica un incumplimiento de los procedimientos dispuestos por la ordenanza Nº 62 del Tribunal. A su vez, la Intendencia tampoco contó con el visto bueno previo a la realización de gastos.

La resolución llama la atención sobre la contratación de dos cooperativas sociales por un monto superior al establecido para la licitación abreviada. Las beneficiadas fueron la cooperativa social Las Ánimas (16.952.112 pesos) y la cooperativa social Trabajando por Garzón (11.828.848 pesos).

El Tribunal también observó debilidades en el control interno de la contabilidad de la intendencia, ya que no se presentaron los estados contables de acuerdo a lo establecido por el artículo 94 del Tocaf y la ordenanza 89 del TC. Al final del ejercicio de 2019 no se incluyeron las cobranzas con tarjeta de crédito en los arqueos.

Hay más.

Según el TCR en el año 2019 la intendencia utilizó porcentajes superiores a los que establece el Poder Legislativo sobre el porcentaje aplicable a multas de contribución inmobiliaria rural. Sobre este asunto la intendencia alegó que lo hizo bajo el amparo del decreto departamental 3.712 de 1997, aunque el artículo 297 de la Constitución establece que la competencia para fijar los montos depende del Poder Legislativo y el decreto citado no se aplica debido al principio de competencia del derecho. Además de la Constitución, el hecho implica una contravención al artículo 94 del Código Tributario, a los artículos 236 a 241 de la Ley 13.637 y al artículo 470 de la Ley 17.930.

Además hubo faltas al artículo 10 de la Ley de Inclusión Financiera debido al pago de remuneraciones a funcionarios municipales sin la mediación de instituciones financieras o instrumentos de dinero electrónico. También se ejecutaron asignaciones presupuestales que difieren con las disposiciones aprobadas en la modificación presupuestal. Al respecto, la IDM atribuyó el error al sistema contable SIFI.

El TCR también reparó en la carencia de declaraciones juradas por parte de proveedores de servicios contratados. La declaración jurada sirve para controlar que las personas contratadas no ocupen dos empleos públicos simultáneamente, de acuerdo al artículo 32 de la Ley 19.923.

En el documento se constata que el inventario de bienes de propiedad de la intendencia no está “debidamente valuado, ni corresponde a la totalidad de los bienes”.

Finalmente el TCR sostiene que la intendencia de Maldonado no ha cumplido con la ley de cuotas para personas discapacitadas y afrodescendientes.

Otro fideicomiso

Pese a ese estado contable, el 6 de abril pasado la Junta aprobó, en este caso por unanimidad, un nuevo fideicomiso por 35 millones de dólares a 15 años que se emplearán para realojar el asentamiento Kennedy.

De ese total, 28 millones serán aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 7 millones por el Banco República (BROU), a los que se sumarán unos 15 millones aportados por la Intendencia de Maldonado.

O sea, en poco más de un año Antía logró sin oposición dos fideicomisos, con destinos muy diferentes por un total de 130 millones de dólares pagaderos a 15 años.

Maldonado, “un mundo aparte”

El segundo gobierno de Antía (2015-2020) tuvo un presupuesto de 170 millones de dólares anuales. Aun así terminó con un déficit de 85 millones de dólares según el TCR. Debía un peso de cada dos que ingresaban

A pesar de esto fue reelecto en 2020 con una mayoría que ni siquiera logró Domingo Burgueño. El presupuesto quinquenal aprobado para este período es de 1.000 millones de dólares. Entre otros destinos tiene un artículo que establece que el 30% de los nuevos ingresos a la intendencia “podrán ser por designación directa” obviando concursos y sorteos.

También le asigna algo más de un millón de dólares al año para gastar en publicidad, lo que le asegura el blindaje mediático.

Además en el año 2015 los ediles blancos establecieron un mecanismo ilegal e inconstitucional por el cual todos los legisladores departamentales perciben un salario mensual que hoy llega a unos 71.000 pesos que cobran sin aportar BPS ni pagar IRPF. Y que obviamente, paga la intendencia.